Movimientos indígenas protestan enfrente de la Cámara de los Diputados contra la aprobación del PL 490 en la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) – Tiago Rodrigues
El Supremo Tribunal Federal (STF) volvió a posponer el juzgamiento del Recurso Extraordinario (RE) 1.017.365, un pedido de reintegración de posesión del Instituto del Medio Ambiente de Santa Catarina (IMA) contra la Fundación Nacional del Indio (Funai) e indígenas del pueblo Xokleng, de la Tierra Indígena Ibirama-Laklanõ, reconocida como perteneciente a ese pueblo, por el Ministerio de la Justicia en 2003. El juzgamiento quedó fechado para el próximo 25 de agosto. Como el Supremo reconoció la repercusión general de ese caso en 2019, la decisión del caso tendrá repercusión jurídica para todos los pueblos indígenas del país.
El pedido del IMA se basa en la idea de “marco temporal” de ocupación de tierras indígenas, inaugurada por el ex ministro del STF (Supremo Tribunal Federal), Carlos Ayres Britto, en el juzgamiento de la Corte sobre la demarcación de la Tierra Indígena Raposa-Serra do Sol (TIRSS), en Roraima (RR), en 2009. En favor de la demarcación de la TIRSS, el ministro del STF consideró la fecha de promulgación de la Constitución de 1988 (5 de octubre de ese mismo año) como “insubstituible referencial para el reconocimiento, a los indios, ‘de los derechos sobre las tierras que tradicionalmente ocupan’”.
Indígenas Laklanõ-Xoklem durante acto en Brasília contra Jair Bolsonaro el 19 de junio / Mauro Ramos
La interpretación creada en ese juzgamiento fue manipulada y aprovechada en los años siguientes por ruralistas y otros actores interesados en el avance sobre tierras indígenas, con el objetivo no solo de restringir las futuras demarcaciones de tierras indígenas, como de anular los procesos de demarcación en curso, tal como ha argumentado el ahora senador gaucho Luis Carlos Heinze (PP), conocido actualmente por ser uno de los principales defensores de remedios con ineficacia comprobada contra COVID-19 y, en la ocasión, diputado federal.
En 2017, Heinze, integrante de la Bancada Ruralista, explicitó esos objetivos, al afirmar que la bancada había combinado con el gobierno de Michel Temer la publicación del Parecer Normativo 001/2017, por la Abogacía-General de la Unión (AGU). Heinze es uno de los parlamentares que no esconde su carácter anti-indígena. En 2014, afirmó que los pueblos indígenas, quilombolas y población LGBT son “todo lo que apesta” y aún reafirmó el dicho al ser cuestionado por la prensa.
El dictamen 001/2017, bautizado de Dictamen Antidemarcación, fue uno entre varios intentos de extender la interpretación como criterio general para demarcaciones de tierras indígenas. El primero intento nació también en la AGU, con la Deliberación nº 303, de 16 de julio de 2012. El mismo exministro del STF, Carlos Ayres Britto, es contrario a la interpretación que los ruralistas hicieron de la decisión.
En 2018, al ISA (Instituto Socioambiental), él recordó que en su voto hizo una consideración “para aquellas situaciones en que los indios en la ocasión de la [promulgación de la] Constitución no estaban en sus tierras, [porque] estaban ahuyentados, víctimas de violencia física. No dejaron de permanecer en el área, alrededor de sus tierras. Y no han recuperado sus tierras porque encontraron un ambiente de hostilidad, de agresión”, argumentó el exministro del Supremo.
En mayo del año pasado, el ministro del STF, Edson Fachin, suspendió el Dictamen Antidemarcación. El próximo 25 de agosto, el plenario de la Corte debe definir si confirma o no la decisión de Fachin.
Pueblos Indígenas en la lucha
Cerca de 850 indígenas pertenecientes a más de 50 pueblos realizaron el Campamiento Sublevación por la Tierra en Brasilia, de 8 a 30 de junio, día en que el STF volvió a posponer los juzgamientos referentes al “marco temporal”. El movimiento indígena, que llegó a movilizar 1200 indígenas en Brasilia en la semana del 30 de junio y en cientos de protestas por todo el país, ha definido que las delegaciones de los diversos estados volverán en agosto, cuando el STF reinicie el juzgamiento.
Además de las agendas en el Supremo, la movilización fue contra el Proyecto de Ley (PL) 490/2007. Según una nota técnica del Consejo Indigenista Misionario (Cimi), el proyecto pretende “inviabilizar la demarcación de tierras indígenas”, y también abrir las tierras demarcadas “para los más diversos emprendimientos económicos como agronegocio, minería y construcción de hidroeléctricas, entre otras medidas”.
El PL fue aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de los Diputados, el último 23 de junio, en una sesión muy cuestionada por la oposición y por los movimientos indígenas, que además de tener su participación censurada, fueron fuertemente reprimidos por la Policía Militar del Distrito Federal durante protesta delante de la Cámara.
Como en otras ocasiones, la presidenta de CCJ, la diputada bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF), fue acusada de censurar el debate, llegando a interrumpir el habla de la única parlamentar indígena brasileña, Joênia Wapichana (Rede-RR). Aunque sea aprobado por la Cámara de los Diputados, el proyecto no tendrá validad si el STF decide por la inconstitucionalidad de la aplicación de la idea de “marco temporal” defendida por los ruralistas.
La movilización en Brasilia también es contra el (PL) 191/2020, de autoría del propio gobierno Bolsonaro, que intenta legalizar la minería y otros megaproyectos en Tierras Indígenas, y el PL 2633/2020, criticado por legalizar situaciones de acaparamiento de tierras.
La falsedad de la argumentación del gobierno Bolsonaro y su base neoliberal
Tanto los diputados que aprobaron en la CCJ el PL 490, como el propio presidente Jair Bolsonaro, han utilizado la estrategia de hablar en nombre de los pueblos indígenas al defender esos proyectos anti-indígenas. Bolsonaro incluso pasó a incentivar liderazgos indígenas a defender la minería y el agronegocio en sus tierras, dentro de esa estrategia.
La Apib (Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil) y el Observatorio de Minería han divulgado el contenido de una reunión de Bolsonaro con un empresario maderero, el presidente de Funai y liderazgos indígenas Kayapó del estado de Pará, en que esa estrategia queda evidente. “Los indios que quieren trabajar con minería tienen que presionar a sus políticos”, dijo el presidente de la República en la reunión fuera del agenda presidencial.
Durante la aprobación del PL 490 en la CCJ, uno de los líderes adjuntos del gobierno en la Cámara, el diputado Giovani Cherini (PL-RS), afirmó que los pueblos indígenas “no necesitan más tierra”, que el proyecto visa acabar con el “hambre y la miseria” entre indígenas, y también que “el indio necesita orientación para que pueda explotar sus tierras de forma racional, de forma sostenible”, un total desconocimiento y falta de respeto a sus modos de vida. En la misma sesión, el diputado Kim Kataguiri defendió que el proyecto acabaría con la restricción al “derecho al desarrollo económico” de los pueblos indígenas.
La argumentación de supuesta defensa de los pueblos indígenas es evidentemente falsa. Es público y notorio el interés del agronegocio y de la minería en avanzar sobre territorios indígenas, que es donde están comprobadamente las áreas con mayor preservación de la sociobiodiversidad de los biomas brasileños. Como reveló la Revista Piauí recientemente, los pedidos de minería en tierras indígenas, que este año ya rompieron récords, fueron todos hechos por no-indígenas.
Además de eso, ninguno de los que defienden esas agendas vienen de movimientos indígenas o siquiera poseen relación con los movimientos y articulaciones indígenas de nuestro país. Ésas no son demandas de los pueblos indígenas, y eso queda demostrado también cuando las puertas de la Cámara de los Diputados son cerradas a los cientos de pueblos representados por los indígenas del Campamiento Sublevación por la Tierra, ¡en debates que dicen respeto a esos pueblos! Eso deja muy nítido que el discurso de que la explotación por el agronegocio y la minería sea una “demanda” de los pueblos indígenas es absolutamente falso.
Registro de los ancestrales de Vetchá Teiê y de Voia Camlem, indígenas nacidos en la tierra donde hoy está la Retomada Xokleng / Alass Derivas/Amigos de la Tierra Brasil
Necesitamos continuar apoyando la lucha de los pueblos indígenas contra esos retrocesos históricos y hacer que el STF elimine de una vez la aberración jurídica que significa el “marco temporal”, así como todas las “pasadas de bueyes” que han sido promovidos contra los derechos de los pueblos tradicionales y originarios, y también contra los bienes comunes de la naturaleza.
Amigos de la Tierra Internacional, la más grande federación de base por la justicia ambiental del mundo, con grupos en 73 países, al celebrar este mes de junio 50 años de existencia, aprobó por unanimidad, el último día de su asamblea general (2 de Julio), una resolución comprometiéndose a actuar en solidaridad internacionalista en apoyo a las movilizaciones indígenas articuladas en Brasil, como el campamiento Sublevación por la Tierra y la Marcha de las Mujeres Indígenas.
!Demarcación ya!
!Marco Temporal No!
- Éste es un artículo de opinión publicado por Amigos de la Tierra Brasil (ATBr) en el sitio del periódico Brasil de Fato (www.brasildefato.com.br) el 5 de Julio de 2021. La visión del autor no necesariamente expresa la línea editorial del periódico Brasil de Fato.