Categoria: Defensoras e defensores dos territórios

As queimadas na Amazônia tiveram um novo aumento em 2020 em comparação com o ano anterior. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), detectou durante o ano 103.161 focos ativos de incêndio. Em 2019, haviam sido 89.176. Ao mesmo tempo, a área sob alerta de desmatamento na região da Amazônia Legal (composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) vem registrando recordes esse ano. Segundo o registro do Deter-B (Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real), o mês passado foi o pior maio da série histórica feita pelo sistema. Na comparação entre os meses de maio em 2020 e em 2021, o aumento na área com alertas de desmatamento foi de 41%. Foram 1.180 km² sob alerta de desmatamento. Pela primeira vez, a área sob alerta ultrapassa os 1.000 km².

Com o recente envolvimento do próprio ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, em uma denúncia de entorpecer as investigações da Polícia Federal (PF) na maior apreensão de madeira do Brasil, feita na Operação Handroanthus da PF, se torna ainda mais explícita a função que cumpre o governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente: a de facilitar o caminho para as empresas que visam devastá-lo. Como viemos denunciando, Salles tem defendido “debater” sobre a mineração em territórios indígenas. Posicionamentos e ações como as do ministro do Meio Ambiente cumprem a função de estimular e dar aval à violência de garimpeiros contra indígenas, como aconteceu recentemente com o povo Munduruku, em Jacareacanga no Pará.

Não só a Amazônia está sob forte ataque, mas todos os biomas brasileiros. E com eles, as vidas das comunidades que os defendem, tanto pela devastação em si, que dá lugar a empreendimentos que ameaçam terra, ar e solos, como pela ameaça por meio da violência levada a cabo por pistoleiros a serviço de projetos mineradores e do agronegócio.

Ao constatar o caráter que possuem os crimes socioambientais que vêm avançando no Brasil, financiados e promovidos em grande parte por capitais transnacionais, fica evidente que as lutas devem unir os territórios sob ataque e o âmbito internacional das lutas. O governo Bolsonaro é apenas um instrumento utilizado pelas grandes empresas. 

Por estes motivos, acreditamos que é cada vez mais necessária a articulação entre a campanha de responsabilização das transnacionais e o fortalecimento dos movimentos populares e organizações de base, que são as que realmente defendem as áreas.

A articulação com os setores populares é fundamental, já que todo o desmonte que vem sendo realizado do Estado brasileiro favorecerá a ação das transnacionais e representará um risco ainda maior em cenários em que avançam os acordos de livre comércio. 

Falamos mais sobre este assunto no texto Amazônia: solidariedade internacionalista contra o cerco transnacional, na publicação Do campo à cidade: histórias de luta pelo direito dos povos à terra e à vida. Acesse aqui o trabalho.

Leia mais nas atualizações capítulo a capítulo:

“Tiraram uma cidade do mapa” – A destruição de um bairro em Porto Alegre com mais de 5 mil pessoas e mais de 50 anos de história

O avanço da megamineração e a concentração de riqueza contra a vida e os bens comuns

La publicación “Del campo a la ciudad: historias de lucha por el derecho de los pueblos a la tierra y a la vida” explica como Rio Grande do Sul se está volviendo el nuevo territorio en la mira de la minería en el país. Existen docenas de proyectos que, caso fueran aprobados, volverían el estado el tercero de Brasil con más grande actividad minera. 

Al mismo tiempo que avanzan megaproyectos con potenciales impactos para comunidades y bienes comunes, docenas de organizaciones y movimientos populares se están articulando para combatir de frente la instalación de los proyectos de extracción. 

Para Charles Trocate, miembro de la coordinación nacional de MAM (Movimiento por la Soberanía Popular en la Minería), la cuantidad crecente de pedidos de investigación, de orden minera y de inversiones en minería se explica de modo general por tres fenómenos en la minería en el mundo actualmente: “el primero es que los capitalistas han ganado mucho dinero con el reaseguro [el seguro de las seguradoras] de las inversiones; segundo, es que en el modo clásico el capitalista solo obtenía la plusvalía de su inversión cuando la mena se había transformado en producto, y ese producto había sido vendido. Con la financiarización de la economía, los minerales arrancados de la tierra cumplen la plusvalía para el capitalista en la forma de arrancarlo de la tierra y en la forma de transporte, o sea, hay algunos minerales que nunca se volverán productos, quedarán almacenados en algún lugar del globo, también cumpliendo plusvalía”, explica Trocate. 

El tercer elemento, según el integrante de la coordinación de MAM, se refiere a los agentes intermediarios: “la precificación de la naturaleza en el caso de las commodities minerales tiene sus agentes intermediarios, que son aquellos que hacen préstamos para las grandes empresas de minería, los que ayudan a determinar el valor de la commodity, como grandes bancos que hacen parte de esa cadena global de producción minera”.

Sumase aún a las presiones del mercado para la expansión de la megaminería en Brasil, el hecho de que un acuerdo comercial negociado entre la Unión Europea y el Mercosur, todavía no ratificado, contenga previsión de reducción tarifaria para aumentar aún más las exportaciones de mena bruta para el continente europeo.

Megaproyectos en Rio Grande do Sul (RS)

Los grandes proyectos de minería que vienen siendo combatidos por la población gaucha siguen uno de los elementos básicos del guion de los mega emprendimientos de extracción en el Sur Global: sin participación, diálogo ni al menos consulta a las poblaciones atingidas.

En la ciudad de Caçapava do Sul, Nexa (del Grupo Votorantim) pretende extraer metales pesados como plomo, zinc y cobre a la orilla del Río Camaquã. Caso sea instalada, la mina de Nexa consumiría 150 metros cúbicos de agua del Camaquã a cada hora de actividad. Actualmente, gracias a la resistencia de los moradores de la región, el proyecto no ha obtenido licenciamiento, pero la amenaza continua ya que la empresa posee diversos procesos protocolados en ANM (Agencia Nacional de Minería). Según la ANM, solo en el estado de Rio Grande do Sul, la empresa minera posee cerca de 280 procesos en andamiento, muchos ya en fase de autorización de investigación.

En la ciudad de Lavras do Sul, el proyecto Três Estradas, de la empresa Águia Fertilizantes S.A., pretende extraer yacida de fosfato en área próxima a la ciudad de Dom Pedrito. La mena es de interés de las gigantes del agronegocio como Bunge, que ya tuvo minas y fosfateras vetadas por la Justicia Federal, como en el caso de Anitápolis, en Santa Catarina. La región de las “Três Estradas” es una de las más preservadas del bioma Pampa. La ganadería familiar es la principal fuente de renta de las pequeñas granjas que ocupan el lugar hace cientos de años. Con proyectos controvertidos – la empresa ha enviado diferentes versiones para ser licenciadas, Águia prevé instalar una presa de relaves dos veces más grande que la de la empresa Vale en Brumadinho, en el estado de Minas Gerais (esta presa rompió en 2019, matando a más de 270 personas soterradas, además de destruir parte de la ciudad y del medio ambiente).

En caso de rompimiento, los relaves podrían llegar al Uruguay, creando un embrollo internacional, pasando por el municipio de Rosário do Sul y por la famosa Playa de las Arenas Blancas. Sin embargo, los estudios de la empresa no preveían los impactos de una posible filtración en la presa. El CEDH-RS (Consejo Estadual de Derechos Humanos de Rio Grande do Sul) ha recomendado a la FEPAM (Fundación Estadual de Protección al Medio Ambiente, un órgano técnico del gobierno del estado de Rio Grande do Sul) anular la licencia previa concedida al proyecto, llevando en consideración la recomendación del Comité de los Pueblos y Comunidades Tradicionales de la Pampa que ha documentado daños irreparables para el territorio y para la comunidad tradicional de ganaderos familiares de la región. Un laudo pericial antropológico, solicitado por el MPF (Ministerio Público Federal), reconoce que ganaderos familiares que viven en el área de influencia configuran una comunidad tradicional, con un modo de vida único.

El Proyecto Retiro de extracción de titanio, de la empresa Rio Grande Mineração S.A., una remodelación de proyectos similares como el Bujuru presentado en 2000 en el municipio de São José do Norte, había sufrido una derrota impuesta por la movilización de agricultores y pescadores de la región, quienes lograron alterar el Plan Director para prohibir grandes proyectos de minería en el área. Sin embargo, el plan no tiene efecto retroactivo, por tanto, la Licencia Previa (LP) emitida por el Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente, vinculado al gobierno federal) en 2017, sigue con vigencia, y la empresa puede iniciar un pedido de Licencia de Instalación a cualquier momento. La LP expira este mes de junio.

El proyecto Mina Guaíba, de la empresa Copelmi, que pretende instalar la más grande mina de carbón a cielo abierto en Brasil, y una de las más grandes de América Latina, entre los municipios de Eldorado do Sul y Charqueadas, a 16 km del centro de la capital Porto Alegre, no avanzó en el último período, también gracias a la movilización del CCM-RS (Comité de Combate a la Megaminería en el estado de Rio Grande do Sul). El estudio realizado por un panel de especialistas del CCM-RS y enviado a la FEPAM, responsable por el licenciamiento, hizo que el órgano solicitara más de 100 nuevas informaciones a la empresa. También existen diversas acciones en la justicia para impedir el avance del proyecto. Entre ellas, hay una acción que exige la realización de consulta libre, previa e informada a dos aldeas Mbya Guaraní que serían impactadas por el proyecto.

Los pueblos indígenas, así como quilombolas y comunidades tradicionales de la Pampa tienen, (garantizada por la Convención 169 de la OIT [Organización Internacional del Trabajo], ratificada por Brasil y ya internalizada en el ordenamiento jurídico nacional), el derecho a la autodeterminación, a la realización de sus proprios protocolos de consulta y al consentimiento o no para la implementación de emprendimientos que afecten sus territorios. En el mes de abril, el diputado federal gaucho anti indigenista Alceu Moreira (MDB) presentó Proyecto de Decreto Legislativo (PDL 177/2021) que “autoriza el presidente de la República a denunciar la Convención 169”. La red de Consejos Estaduales de Derechos Humanos y cientos de organizaciones y movimientos sociales brasileños se están articulando en repudio a la propuesta.

El CCM-RS también viene denunciando un otro proyecto de Copelmi que está en proceso de licenciamiento ambiental en Ibama: el proyecto de la Usina Termoeléctrica – UTE Nova Seival, entre los municipios de Candiota y Hulha Negra. El proyecto está hecho en negociación con las empresas Eneva y Zhejiang Energy Group, y tendría 726 MW de potencia instalada, utilizando como combustible el carbón mineral proveniente de la Mina del Seival, actualmente la más grande mina de carbón a cielo abierto en el país, y también controlada por Copelmi. 

“Nuestra principal tarea para los días que vendrán es controlar la minería; no puede ser como no extraerse nada más en ningún lugar, pero también no puede ser el opuesto – extraer todo en todos los lugares al mismo tiempo”, afirma Charles Trocate.

Sepa más sobre estos casos en la publicación Del campo a la ciudad: historias de lucha por el derecho de los pueblos a la tierra y a la vida. Accese el trabajo aquí.

Lea la actualización capítulo a capítulo :
“Han borrado una ciudad del mapa” – La destrucción de un barrio en Porto Alegre con más de 5 mil personas y más de 50 años de historia

El gobierno Bolsonaro como instrumento de avance del poder corporativo sobre los bienes comunes de los pueblos

Solidaridad popular contra el maquillaje ético de las empresas

The publication of “From the countryside to the city: stories of struggle for the right of people to land and life” explains how Rio Grande do Sul is becoming the new mining territory in the country. There are dozens of projects which, if approved, would make the state the third in Brazil with the highest mining activity. 

While mega projects with potential impacts in the community and the common goods advance, dozens of organizations and popular movements prepare themselves to fight against the implementation of extractive projects. 

For Charles Trocate, member of the national coordination of MAM (Movement for Popular Sovereignty in Mining), the rising number of requests for research, registrations and investments in mining can be explained in general by three phenomena of mining in the world nowadays: “the first one is that the capitalists have been making a lot of money with reinsurance [the insurance of the insurance companies] of the investments; secondly in the classical mode, the capitalists only obtained surplus value from their investment when the ore had become a product, and that product had been sold. With the financialization of the economy, the ores taken from the land generate surplus value to the capitalists when they are taken from the land and during the transportation, i.e., some ores will never become a product, instead staying stored somewhere in the globe also generating surplus value”, explains Trocate.  

The third element, according to the member of the coordination of MAM, refers to the intermediate agents: “The pricefication of nature in the case of mineral commodities has its intermediate agents, those who make loans to the big mining companies, the ones who help to determine the value of the commodity, like the big banks which are part of that global mineral production chain”. 

Besides the pressures of the market for expansion of mega mining companies in Brazil, there is the fact that a commercial agreement between the European Union and Mercosur, which has not been ratified yet, contains a prediction of tax reduction to increase the exportations of ore to the European continent even more.  

Mega projects in Rio Grande do Sul (RS)

The big mining projects which have been fought against by the local population follow one of the basic elements of the script adopted by the extracting mega entrepreneurs in the global South: no participation, no dialogue, much less any consultation to the damaged population. 

In the city of Caçapava do Sul, Nexa (from the Votorantim group) intends to extract heavy metals like led, zinc and copper from the riverside of Camaquã River. If implemented, the mine from Nexa will consume 150 cubic meters of water from the Camaquã river each working hour. Presently, thanks to the resistance of the local inhabitants, the project has not obtained a license, but the threat continues since the company has various lawsuits filed at ANM (National Mining Agency). According to ANM, only in the state of Rio Grande do Sul the mining company has around 280 ongoing suits, many of which in the phase of authorisation of research. 

In the city of Lavras do Sul, the project Três Estradas (Three Roads) from the company Aguia Fertilizer S.A. intends to mine a phosphate field in an area close to the city of Dom Pedrito. The ore is of interest to giants of agribusiness like Bunge, which has already had some mines and phosphate fields vetoed by the Federal Justice as in the case of Anitápolis in Santa Catarina. The region of the Three Roads is one of the best preserved in the Pampa biome. Family ranching is the main income source of the small properties which have been occupying the place for hundreds of years. With controversial projects – the company has sent different versions to be licenced, Aguia aims to install a tailings dam which will be twice as big as the company Vale’s dam in Brumadinho in the state of Minas Gerais (which burst in 2019, killing more than 270 people buried, besides destroying part of the city and the environment).

In case of bursting, the tailings could get to Uruguay, creating an international imbroglio, passing through the city of Rosario do Sul and the famous beach of Areias Brancas. Yet, the studies of the company did not foretell the impacts of a possible leakage in the dam. CEDH-RS (State Council of Human rights from Rio Grande do Sul) recommended FEPAM (State Foundation of Protection to the Environment, a technical organ of the government of the state of Rio Grande do Sul) should nullify the previous licence conceded to the project, taking into consideration the recommendation of the Committee of Traditional Peoples and Communities from the Pampa, which documented irreparable damages to the territories and the traditional community of family ranchers in the region. An anthropological technical repot requested by MPF (Federal Public Ministry) recognizes that family ranchers who live in the area of influence configurate a traditional community with a unique lifestyle. 

The Retiro Project of extraction of titanium from Rio Grande Mining Company S.A., a remake of similar projects like Bujuru, presented in 2000 in the city of São José do Norte, had suffered a loss imposed by the mobilization of ranchers and fishermen from the region, who managed to alter the City Statute to prohibit big mining projects in the area. However, it does not have retroactive effect, therefore the Initial Licence issued by Ibama (Brazilian Environment Institute, associated with the federal government) in 2017 is still valid, and the company can request an implementation licence at any moment. The Initial Licence expires this month of June. 

The project Mina Guaíba from the company Copelmi, which intends to implement the biggest open-air coal mine in Brazil, and one of the biggest in Latin America, between the cities of Eldorado do Sul and Charqueadas, 16 km from the centre of the capital Porto Alegre, has not advanced in the last period, also thanks to the mobilisation of CCM-RS (Committee for Combating Mega Mining Companies in the State of Rio Grande do Sul). The study developed by a panel of specialists of CCM-RS and sent to FEPAM, which is responsible for the licence, made the organ request more than 100 pieces of information to the company. There are also many lawsuits trying to stop the project from advancing. One of them demands that there is a free, previous and informed consultation to two Mbya Guarani tribes which would suffer the impacts of the project.  

The indigenous peoples, as well as the quilombolas and traditional communities of the Pampa, have (guaranteed by the Convention 169 from the ILO [International Labour Organisation], ratified by Brazil and internalised in the national juridical order) the right to self-determination, to making their own protocols of consultation and to the consent or not to the implementation of enterprises which affect their territories. In the month of April, local anti-indigenist congressman Alceu Moreira (MDB) presented the Project of Legislative Decree (PDL 177/2021) which “allows the president of the republic to denounce Convention 169”. The network of State Councils of Human Rights and hundreds of organisations and social movements from Brazil are articulating to repel the proposal.

CCM-RS has also been denouncing another project of Copelmi which is in process of obtaining environmental licence at Ibama: the project of the thermal power station – UTE Nova Seival, among the cities of Candiota and Hulha Negra. The project is developed in negotiation with the companies Eneva and Zhejiang Energy Group, and it would have 726 MW of power installed, using as fuel the coal from Seival mine, presently the biggest open-air coal mine in the country, and also controlled by Copelmi. 

Get to know more about those cases in the publication “From the countryside to the city: stories of struggle for the right of people to land and life“. See the work here. 

Read the update chapter by chapter:

“A city has been removed from the map” – The destruction of a neighbourhood in Porto Alegre with more than 5 thousand people and over 50 years of history

Bolsonaro administration as an instrument for advancing the corporative power over the common goods of the peoples

Popular solidarity against the ethical makeup of companies

A publicação “Do campo à cidade: histórias de luta pelo direito dos povos à terra e à vida” explica como o Rio Grande do Sul vem se tornando o novo território na mira da mineração no país. Existem dezenas de projetos que, caso aprovados, tornariam o estado o terceiro do Brasil com maior atividade minerária.

Ao tempo que avançam megaprojetos com potenciais impactos para comunidades e bens comuns, dezenas de organizações e movimentos populares se articulam para combater de frente a instalação dos projetos extrativos.

Para Charles Trocate, membro da coordenação nacional do MAM (Movimento pela Soberania Popular na Mineração), a quantidade crescente de pedidos de pesquisa, de lavra e de investimentos em mineração se explica de modo geral por três fenômenos na mineração no mundo atualmente: “o primeiro é que os capitalistas têm ganho muito dinheiro com o resseguro [o seguro das seguradoras] dos investimentos; segundo, é que no modo clássico o capitalista só obtinha a mais-valia do seu investimento quando o minério tinha se transformado em produto, e esse produto tinha sido vendido. Com a financeirização da economia, os minerais arrancados da terra cumprem a mais-valia para o capitalista na forma de arrancá-lo da terra e na forma de transporte, ou seja, tem alguns minerais que nunca virarão produtos, ficarão armazenados em algum lugar do globo, também cumprindo mais-valia”, explica Trocate.

O terceiro elemento, segundo o integrante da coordenação do MAM, refere-se aos agentes intermediários: “a precificação da natureza no caso das commodities minerais tem seus agentes intermediários, que são aqueles que fazem empréstimos para as grandes empresas de mineração, os que ajudam a determinar o valor da commodity, como grandes bancos que fazem parte dessa cadeia global de produção mineral”.

Somam-se ainda às pressões do mercado para a expansão da megamineração no Brasil, o fato de um acordo comercial negociado entre a União Europeia e o Mercosul, ainda não ratificado, conter previsão de redução tarifária para aumentar ainda mais as exportações de minério bruto para o continente europeu.

Megaprojetos no Rio Grande do Sul (RS)

Os grandes projetos de mineração que vêm sendo combatidos pela população gaúcha seguem um dos elementos básicos do roteiro dos megaempreendimentos extrativos no Sul Global: sem participação, diálogo nem, muito menos, consulta às populações atingidas.

Na cidade de Caçapava do Sul, a Nexa (do Grupo Votorantim) pretende extrair metais pesados como chumbo, zinco e cobre às margens do Rio Camaquã. Caso seja instalada, a mina da Nexa consumiria 150 metros cúbicos de água do Camaquã a cada hora de atividade. Atualmente, graças à resistência dos moradores da região o projeto não obteve licenciamento, mas a ameaça continua já que a empresa possui diversos processos protocolados na ANM (Agência Nacional de Mineração). Segundo a ANM, só no estado do Rio Grande do Sul, a mineradora possui cerca de 280 processos em andamento, vários já em fase de autorização de pesquisa.

Em Lavras do Sul, o projeto Três Estradas, da empresa Águia Fertilizantes S.A., pretende minerar jazida de fosfato em área próxima à cidade de Dom Pedrito. O minério é de interesse das gigantes do agronegócio como a Bunge, que já teve minas e fosfateiras vetadas pela Justiça Federal, como no caso de Anitápolis, em Santa Catarina. A região das “Três Estradas” é uma das mais preservadas do bioma Pampa. A pecuária familiar é a principal fonte de renda das pequenas fazendas que ocupam o local há centenas de anos. Com projetos controversos – a empresa enviou diferentes versões para serem licenciadas, a Águia prevê instalar uma barragem de rejeitos duas vezes maior que a da empresa Vale em Brumadinho, no estado de Minas Gerais (esta barragem rompeu em 2019 matando mais de 270 pessoas soterradas, além de destruir parte da cidade e do meio ambiente).

Em caso de rompimento, os rejeitos poderiam chegar ao Uruguai, criando um imbróglio internacional, passando pelo município de Rosário do Sul e pela famosa Praia das Areias Brancas. Ainda assim, os estudos da empresa não previam os impactos de um possível vazamento da barragem. O CEDH-RS (Conselho Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul) recomendou à FEPAM (Fundação Estadual de Proteção ao Meio Ambiente, um órgão técnico do governo do estado do Rio Grande do Sul) anular a licença prévia concedida ao projeto, levando em consideração a recomendação do Comitê dos Povos e Comunidades Tradicionais do Pampa que documentou danos irreparáveis para o território e para a comunidade tradicional de pecuaristas familiares da região. Um laudo pericial antropológico, solicitado pelo MPF (Ministério Público Federal), reconhece que pecuaristas familiares que vivem na área de influência configuram uma comunidade tradicional, com um modo de vida único.

O Projeto Retiro de mineração de titânio, da empresa Rio Grande Mineração S.A., uma repaginação de projetos similares como o Bujuru apresentado em 2000 no município de São José do Norte, havia sofrido uma derrota imposta pela mobilização de agricultores e pescadores da região, que conseguiram alterar o Plano Diretor para proibir grandes projetos de mineração na área. No entanto, o plano não tem efeito retroativo, portanto a Licença Prévia (LP) emitida pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, ligado ao governo federal) em 2017, continua em vigência, e a empresa pode entrar com pedido de Licença de Instalação a qualquer momento. A LP vence nesse mês de junho.

Já o projeto Mina Guaíba, da empresa Copelmi, que pretende instalar a maior mina de carvão a céu aberto do Brasil, e uma das maiores da América Latina, entre os municípios de Eldorado do Sul e Charqueadas, a 16 km do centro da capital Porto Alegre, não avançou no último período, também graças à mobilização do CCM-RS (Comitê de Combate à Megamineração no estado Rio Grande do Sul). O estudo realizado por um painel de especialistas do CCM-RS e enviado à FEPAM, responsável pelo licenciamento, fez com que o órgão solicitasse mais de 100 novas informações à empresa.
Também existem diversas ações na Justiça para impedir o avanço do projeto. Entre elas, há uma ação que exige a realização de consulta livre, prévia e informada a duas aldeias Mbya Guarani que seriam impactadas pelo projeto.

Os povos indígenas, assim como quilombolas e comunidades tradicionais do Pampa têm, (garantida pela Convenção 169 da OIT [Organização Internacional do Trabalho], ratificada pelo Brasil e já internalizada no ordenamento jurídico nacional), o direito à autodeterminação, à realização de seus próprios protocolos de consulta e ao consentimento, ou não, para a implementação de empreendimentos que afetem seus territórios. No mês de abril, o deputado federal gaúcho anti- indigenista Alceu Moreira (MDB) apresentou Projeto de Decreto Legislativo (PDL 177/2021) que “autoriza ao Presidente da República para denunciar a Convenção 169”. A rede de Conselhos Estaduais de Direitos Humanos e centenas de organizações e movimentos sociais brasileiros estão se articulando em repúdio à proposta.

O CCM-RS também vem denunciando um outro projeto da Copelmi que está em processo de licenciamento ambiental no Ibama: o projeto da Usina Termelétrica – UTE Nova Seival, entre os municípios de Candiota e Hulha Negra. O projeto é feito em negociação com as empresas Eneva e Zhejiang Energy Group e teria 726 MW de potência instalada, utilizando como combustível o carvão mineral proveniente da Mina do Seival, atualmente a maior mina de carvão a céu aberto no país, e também controlada pela Copelmi.

“Nossa principal tarefa para os dias que virão é controlar a mineração, não pode ser 8, não se minerar mais em lugar nenhum, mas também não pode ser oitenta – minerar tudo em todos os lugares ao mesmo tempo ”, afirma Charles Trocate.

Saiba mais sobre estes casos na publicação “Do campo à cidade: histórias de luta pelo direito dos povos à terra e à vida”. Acesse o trabalho aqui.

Leia mais nas atualizações capítulo a capítulo:

“Tiraram uma cidade do mapa” – A destruição de um bairro em Porto Alegre com mais de 5 mil pessoas e mais de 50 anos de história

O avanço da megamineração e a concentração de riqueza contra a vida e os bens comuns

Governo Bolsonaro como instrumento de avanço do poder corporativo sobre os bens comuns dos povos

Miembros de pueblos indígenas, comunidades de trabajadores extractivistas, pequeños agricultores, comunidades ribereñas y quilombolas, junto con activistas de movimientos y organizaciones sociales de Brasil y otros países lanzan una carta en un llamamiento a la sociedad brasileña y a los pueblos del mundo para defender los territorios del capitalismo y su nuevo ataque “verde”.

‘Nosotros, participantes del encuentro “Amazonia sitiada: entre violencia bruta y golpe ‘verde’ – Pueblos de la selva en defensa de la Madre Tierra y en contra de las invasiones del capital”, resolvemos continuar rompiendo el silencio que la pandemia nos impone.

Denunciamos que estamos sitiados/as entre la violencia directa, ejercida por madereros, hacendados y megaproyectos, y agravada por la política fascista y genocida del gobierno brasilero; y la violencia indirecta, pero no menos severa, del “capitalismo verde” con sus proyectos y programas REDD+, REM, PSA y sus “Soluciones basadas en la naturaleza”. Desde 1999, el “Gobierno de la Selva” transformó a Acre en una vitrina mundial de la “economía verde”. Sin embargo, su intervención en los territorios causó división y provocó un retroceso en nuestra lucha colectiva por la tierra y los derechos. A pesar de la gran cantidad de dinero, ningún territorio indígena fue demarcado. Por el contrario, la convivencia de la comunidad con el bosque fue restringida, poniendo en riesgo nuestra supervivencia física, cultural y espiritual. Mientras tanto, la extracción de madera, la ganadería y la deforestación avanzaron.

Frente a esta situación, vamos a fortalecer el proceso de reflexión y de resistencia contra las invasiones del capital con sus golpes “verdes” sobre la Amazonia. Nuestra esperanza está puesta en mantener nuestra presencia en los territorios. En lugar de aceptar “beneficios” y “oportunidades” inmediatos, que nos hacen rehenes de los intereses ocultos de los proyectos del “capitalismo verde”, tomaremos nuestras decisiones a largo plazo, pensando en las vidas de las generaciones venideras. Queremos fortalecer las alianzas con las comunidades urbanas, que también viven situaciones de expulsión y violencia y que, así como nosotros, quieren luchar por sus espacios y sus modos de vida. Apelamos a la sociedad civil de Brasil y del mundo entero, para que se solidaricen con nuestra lucha por la supervivencia, por el bosque amazónico y por la vida en la Tierra, y para que rechacen las falsas soluciones “verdes”.

Vamos a articularnos y a luchar juntos. La comunicación, la denuncia y la movilización son nuestras armas, ¡y la unión es nuestra fuerza!

Lea la carta completa aquí.

Membros de povos indígenas, comunidades de trabalhadores/as extrativistas, pequenas e pequenos agricultores/as, ribeirinhas e quilombolas, junto a militantes de movimentos e organizações sociais do Brasil e de outros países lançam carta em um apelo à sociedade brasileira e aos povos do mundo para que defendam os territórios do capitalismo e seu novo ataque “verde”.

‘Nós, participantes do encontro “Amazônia Sitiada: Entre Violência Bruta e Golpe “verde” – Povos da Floresta em Defesa da Mãe Terra e Contra as Invasões do Capital”, resolvemos continuar rompendo o silêncio que a pandemia nos impôs.

Denunciamos que estamos sitiados/as entre a violência direta, exercida por madeireiros, fazendeiros e megaprojetos, e agravada pela política fascista e genocida do governo brasileiro; e a violência indireta, mas não menos severa, do “capitalismo verde” com seus projetos e programas REDD+, REM, PSA e “Soluções Baseadas na Natureza”. Desde 1999, o “Governo da Floresta” transformou o Acre numa vitrine mundial da “economia verde”. No entanto, sua intervenção nos territórios causou divisão e nossa luta coletiva por terra e direitos retrocedeu. Apesar do grande volume de dinheiro, nenhuma terra indígena foi demarcada. Em vez disso, a convivência da comunidade com a floresta foi restringida, colocando em risco nossa sobrevivência física, cultural e espiritual. Enquanto isso, a extração de madeira, a pecuária e o desmatamento avançaram.

Diante disto, vamos fortalecer o processo de reflexão e de resistência contra as invasões do capital com seus golpes “verdes” na Amazônia. Nossa esperança consiste em manter nossa presença nos territórios. Ao invés de aceitar “benefícios” e “oportunidades” imediatas, que nos tornam reféns dos interesses por trás dos projetos do “capitalismo verde”, tomaremos nossas decisões a longo prazo, pensando nas vidas das gerações vindouras. Queremos fortalecer as alianças com comunidades urbanas, que também vivem situações de expulsão e violência e que, assim como nós, querem lutar por seus espaços e modos de vida. Apelamos para a sociedade civil do Brasil e do mundo, que se solidarizem com nossa luta pela sobrevivência, pela floresta amazônica e pela vida na Terra, e que refutem as falsas soluções “verdes”.

Vamos nos articular e lutar juntos. Comunicação, denúncia, e mobilização são nossas armas e a união é nossa força!’

Leia a Carta na íntegra em português, espanhol, inglês.

A Amigos da Terra Brasil (ATBr) expressa solidariedade e apoio ao povo Munduruku. Cobramos justiça pelos violentos ataques que vêm sofrendo e nos somamos ao Ministério Público Federal (MPF) do Pará e às mulheres Munduruku na campanha de arrecadação de recursos após o prédio da associação em Jacareacanga, no sudoeste do Pará, ter sido atacado,  a aldeia invadida e suas casas incendiadas. O uso da violência é uma tentativa de silenciar as mulheres Munduruku, contrárias à mineração ilegal em terras indígenas. 

A situação de conflito ocorre devido à invasão do garimpo ilegal em terras indígenas para a extração do ouro. Em especial sob o atual governo federal, que vem incentivando essas ações ilegais, os conflitos têm aumentado exponencialmente. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, já defendeu “ampliar o debate” para permitir a mineração em terras indígenas. Ainda em agosto de 2020, Salles sobrevoou área de garimpos e pousou em Jacareacanga, onde se encontrou com garimpeiros e indígenas Mundurukus, que pediram o fim das operações na região.

Repudiamos qualquer ato de violação dos direitos dos povos indígenas, exigimos que as autoridades competentes adotem medidas de segurança para os seus territórios, em respeito à Constituição.

Agora, as mulheres Munduruku e o MPF têm o objetivo de conseguir fundos para a reforma do prédio, reposição dos itens destruídos, para reconstrução das casas e para a ampliação da mobilização e da luta contra o avanço da mineração ilegal.

As doações são recebidas em conta bancária da Associação das Mulheres Munduruku Wakoborũn:

• Banco: Bradesco

• Agência: 0759-5

• Conta Poupança: 38295-7

• CNPJ: 30.024387/0001-87

Entenda o caso:

No dia 26 de maio, um grupo armado invadiu a Aldeia Fazenda Tapajós, em Jacareacanga, e incendiou diversas casas, entre elas a casa de Maria Leusa Kaba. Liderança Munduruku e coordenadora da Associação das Mulheres Munduruku Wakoborun, Maria Leusa é umas das principais vozes na denúncia do garimpo ilegal nas terras indígenas da região. No mês anterior, em 25 de março, a sede da Associação das Mulheres Munduruku Wakoborũn, Associação Da’uk, Associação Arikico, Movimento Munduruku Ipereg Ayu e CIMAT, em Jacareacanga (PA), foi atacada e depredada e documentos e equipamentos coletivos foram queimados. 

A ação criminosa ocorrida em 26 de maio vem em represália a uma operação de combate aos garimpos ilegais na região, realizada por forças federais em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). Uma manifestação a favor do garimpo foi realizada em Jacareacanga, no mesmo dia dos ataques, com apoio de empresários e da Prefeitura do município. O ato teve como principal alvo o contingente da Polícia Federal e Força Nacional que está na região atuando nas operações de fiscalização. Depois de tentarem queimar viaturas, cerca de cem manifestantes foram dispersados com gás lacrimogêneo.

A série de ataques que estão aumentando rapidamente na região sudoeste do Pará é motivada diretamente pela atuação irresponsável do governo federal. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, manifesta apoio ao garimpo ilegal, além de inúmeras falas contrárias aos direitos dos povos originários por parte do presidente Bolsonaro e das políticas de desmonte dos órgãos de fiscalização ambiental como IBAMA e ICMBio.

O Ministério Público Federal vem notificando as ameaças e ajuizou ação em 2020 contra o Governo Federal pelo combate ao garimpo ilegal nas Terras Indígenas do povo Munduruku. Dois meses após o protocolo da Ação, o ministro Ricardo Salles chegou a visitar o local de conflito. Após sua visita, as ameaças às lideranças indígenas Munduruku só aumentaram.

Ainda em dezembro de 2020, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) concedeu medidas cautelares em favor do povo Munduruku. O documento requer ao Estado Brasileiro “a adoção das medidas necessárias para proteger os seus direitos  à vida e à integridade pessoal” em relação à petição interposta pela Associação das Mulheres Munduruku Wakoborũn.

Em abril último, a organização dos caciques do povo Munduruku reuniu 72 caciques e mais de 500 Munduruku para discutir os projetos de morte que já estão afetando seu território. As ameaças presentes como doenças, falta de água, escassez de peixes e caças, além da urgência por demarcação dos Territórios Indígenas (TI) Sawre Muybu e TI Sawre Bapin. Articulados, os caciques manifestam a importância de respeito à Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que determina a necessidade de consulta prévia, livre e informada em ações que possam afetar seus territórios e modos de vida. “Nenhuma associação tem o direito de representar o povo Munduruku isoladamente (…) Somos autônomos, quem está na luta somos nós mesmos, as nossas organizações, principalmente o Movimento Ypereg Ayu e as organizações que colaboram com ele. Trabalhamos independente, sem depender do governo”, defendem em nota.

Leia a carta dos Caciques do povo Munduruku na íntegra em português e inglês, além da Carta Aberta da sociedade civil em apoio ao Povo Munduruku em Jacareacanga.

Cinco mil personas, que componen 1300 familias forzadas a dejar sus casas en un barrio con más de cinco décadas de existencia. Ése es el resultado de una obra propagandeada como de importancia económica para todo el estado de Rio Grande do Sul.

Las obras de ampliación de la pista del aeropuerto Salgado Filho en Porto Alegre, comandadas por la empresa alemana Fraport, han cambiado completamente la vida de esos miles de personas, no solo por el penoso proceso de desalojo y remoción, como por las condiciones de los lugares para donde han sido removidas las familias: muy abajo de lo que la comunidad deseaba, e incluso de lo que había sido prometido por la intendencia.

Precariedad en la infraestructura de las viviendas, falta de servicios básicos en salud y educación, ausencia de espacios adecuados de trabajo y seguridad están entre los nuevos problemas que las familias removidas han enfrentado. Mientras tanto, las cerca de 70 familias que han decidido quedarse en Vila Nazaré hasta obtener condiciones de salida con un mínimo de dignidad, también han sufrido las consecuencias del avance de proyectos que ponen el lucro por encima de la vida: en medio de toda una villa destruida y vaciada de vecinos, las familias que resisten enfrentan problemas de acceso a energía eléctrica y agua, además de la presión de la empresa alemana para acelerar e imponer condiciones en el proceso de remoción.

Todo eso en medio de la peor crisis sanitaria mundial de la historia reciente, en la que Porto Alegre ha sido considerada el corazón del colapso en el sistema de salud delante de la expansión del coronavirus; sin duda por la misma priorización de la intendencia del lucro por encima de la vida. El mismo intendente Sebastião Melo (MDB) dejó las prioridades del gobierno de la ciudad explícitas en un acto fallido días antes de que la ciudad atingiera su peor momento en la pandemia: “Contribuya con su familia, su ciudad, su vida para que nosotros podamos salvar la economía del municipio de Porto Alegre”, dijo Melo en una transmisión en directo por internet en 26 de febrero. Dos semanas después, la ciudad atingió su pico en la pandemia.

Con relación a las familias que siguen en Vila Nazaré, Fraport ha decidido entrar con acción de reintegración de posesión, un tipo de medida que ha sido prohibida de ser ejecutada por el Supremo Tribunal Federal (STF) en algunos estados, como Rio de Janeiro y Paraíba, mientras dure la pandemia. Durante todo el período de pandemia, según pedido presentado por PSOL al STF para prohibir desalojos y remociones hasta el fin de 2021, 9.156 familias han sido desalojadas, y otras 64.546 están bajo amenaza. El último 19 de mayo, también fue aprobado en la Cámara el Proyecto de Ley (PL) 827/20 que prohíbe la ejecución de desalojos en la pandemia. El proyecto espera por la aprobación en el Senado.   

El Ministerio Público Federal (MPF) también ha denunciado recientemente la estrategia de la empresa de pulverizar la negociación, e incluso ha iniciado una acción civil pública exigiendo que ella sea realizada con “mediación y conciliación en el plan colectivo, de criterios uniformes e isonómicos de alternativa habitacional para las familias”.

El MPF también se manifestó contra los containeres que Fraport ha fornecido para la realización de las audiencias: “El lugar ofrecido a la parte acusada consiste en local mantenido por la parte demandante de la acción reintegradora, el que se muestra un local absolutamente inadecuado para garantizar a la parte acusada tranquilidad y condiciones incluso de eventual contacto y conversa con su abogado”.

Frente a eso, y en respuesta a la denuncia presentada por Amigos de la Tierra Brasil, el Consejo Nacional de Derechos Humanos ha recomendado “la suspensión provisoria de la realización de las audiencias conciliatorias en centro de apoyo hasta el término de la crisis sanitaria de COVID-19”, en documento enviado a la jueza Thais Helena Gonçalves Della Giustina, de la 3ª Vara Federal de Porto Alegre.

En las últimas semanas la jueza suspendió las audiencias y pasó a expedir liminares de reintegración de posesión para inmediata demolición de las casas. Para la familia que la jueza entiende justificada la recusa, ella vuelve a presentar la opción de aceptar el apartamento o determina el depósito por Fraport del valor de R$78.889,65, que equivale al bonus vivienda de Porto Alegre. Ese valor es recibido después que la casa da familia es demolida. La opción de recurrir existe, pero el proceso de reintegración de posesión no será detenido. Eso quiere decir que ¡las personas tendrán las casas demolidas y el juzgamiento vendrá después!

“Han borrado una ciudad del mapa”, dice una moradora que prefirió no identificarse. “La gente que solo tiene comercio [sin casa] está siendo obligada a irse sin derecho a nada, y los que tienen casa reciben unos 78 mil reales, y son obligados a irse, no importa el tamaño de la casa, ni cuantos años hace que la familia vive aquí, nada. Nos están forzando a eso sin darnos opciones”, dice la moradora sobre la situación actual.      

“Esa plata que ellos están ‘dando’ no sirve para comprar una casa aquí en la región; creo que no sirve para comprar una casa en ningún lugar”, lamenta. Los moradores también se están quejando de que no logran ser atendidos por la Defensoría Pública de la Unión. El abandono es total. Conozca mejor este caso en la publicación Del campo a la ciudad: historias de lucha por el derecho de los pueblos a tierra y a la vida. Accese aquí.

Lea la actualización capítulo a capítulo :
El avance de la megaminería y la concentración de riqueza contra la vida y los bienes comunes

El gobierno Bolsonaro como instrumento de avance del poder corporativo sobre los bienes comunes de los pueblos

Solidaridad popular contra el maquillaje ético de las empresas

Cinco mil pessoas que compõem 1300 famílias forçadas a deixarem suas casas em um bairro com mais de cinco décadas de existência. Esse é o resultado de uma obra propagandeada como de importância econômica para todo o estado do Rio Grande do Sul.

As obras da ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, comandadas pela empresa alemã Fraport, mudaram completamente a vida dessas milhares de pessoas não só pelo penoso processo de despejo e remoção, como pelas condições dos lugares para onde foram removidas as famílias: muito abaixo do que a comunidade desejava, e inclusive do que foi prometido pela prefeitura.

Precariedade na infraestrutura das moradias, falta de serviços básicos em saúde e educação, ausência de espaços adequados de trabalho, e segurança estão entre os novos problemas que as famílias removidas vêm enfrentando. Enquanto isso, as cerca de 70 famílias que decidiram ficar na Vila Nazaré até obter condições minimamente dignas de saída, também vêm sofrendo as consequências do avanço de projetos que colocam o lucro acima da vida: em meio a toda uma vila destruída e esvaziada dos vizinhos, as famílias que resistem enfrentam problemas de acesso à energia elétrica e água, além da pressão da empresa alemã para acelerar e impor condições no processo de remoção.

Tudo isso em meio à pior crise sanitária mundial da história recente, na qual Porto Alegre chegou a ser considerada o coração do colapso no sistema de saúde diante da expansão do coronavírus; sem dúvidas pela mesma priorização da prefeitura do lucro ante a vida. O próprio prefeito Sebastião Melo (MDB), deixou as prioridades do governo da cidade explícitas em um ato falho dias antes de a cidade atingir seu pior momento na pandemia: “Contribua com sua família, sua cidade, sua vida para que a gente salve a economia do município de Porto Alegre”, disse Melo em uma transmissão ao vivo pela internet em 26 de fevereiro. Duas semanas depois, a cidade atingiu seu pico na pandemia.

Já em relação às famílias que continuam na Vila Nazaré, a Fraport resolveu entrar com ação de reintegração de posse, um tipo de medida que foi proibida de ser executada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em alguns estados como Rio de Janeiro e Paraíba, enquanto durar a pandemia. Durante todo o período da pandemia, segundo pedido apresentado pelo Psol ao STF para proibir despejos e remoções até o fim de 2021, 9.156 famílias sofreram despejos e mais 64.546 estão sob ameaça. No último 19 de maio, também foi aprovado na Câmara o Projeto de Lei (PL) 827/20 que proíbe a execução de despejos na pandemia. O projeto espera pela aprovação no Senado.   

O Ministério Público Federal (MPF) também tem denunciado recentemente a estratégia da empresa de pulverizar a negociação, e inclusive entrou com uma ação civil pública exigindo que ela seja realizada com “mediação e conciliação no plano coletivo, de critérios uniformes e isonômicos de alternativa habitacional às famílias”.

O MPF ainda se manifestou contra os containers que a Fraport dispôs para a realização das audiências: “o local disponibilizado à parte ré consiste em local mantido pela parte autora da ação reintegratória, com o que se mostra em local absolutamente inadequado para garantir à parte ré tranquilidade e condições inclusive de eventual contato e conversa com seu advogado”.

Frente a isso, e em resposta à denúncia apresentada pela Amigos da Terra Brasil, o Conselho Nacional de Direitos Humanos recomendou “a suspensão provisória da realização das audiências conciliatórias em centro de apoio até o término da crise sanitária de covid-19”,  em ofício enviado à juíza Thais Helena Gonçalves Della Giustina, da 3ª Vara Federal de Porto Alegre.

Nas últimas semanas a juíza suspendeu as audiências e passou a expedir liminares de reintegração de posse para imediata demolição das casas. Para a família que a juíza entende justificada a recusa, ela volta a apresentar a opção de aceitar o apartamento ou determina o depósito pela Fraport do valor de R$78.889,65, valor que equivale ao bônus moradia de Porto Alegre. Esse valor é recebido após a casa da família ser demolida. E a opção de recorrer existe, mas o processo de reintegração de posse não será detido. O que quer dizer que as pessoas terão as casas demolidas e o julgamento virá depois!

“Tiraram uma cidade do mapa”, diz uma moradora que preferiu não se identificar. “O pessoal que só tem comércio [sem casa] tá sendo obrigado a ir embora sem direito a nada, e os que têm casa recebem uns 78 mil reais, e são obrigados a ir embora, não interessa o tamanho da casa, nem há quantos anos a família mora aqui, nada. Tá indo goela abaixo”, diz a moradora sobre a situação atual.     

“Esse dinheiro que eles estão ‘dando’ não dá pra comprar uma casa aqui na região; acho que não dá pra comprar uma casa em lugar nenhum”, lamenta. Os moradores também estão reclamando que não conseguem ser atendidos pela Defensoria Pública da União. O abandono é total. 

Conheça melhor este caso na publicação Do campo à cidade: histórias de luta pelo direito dos povos à terra e à vida. Acesse aqui.

Leia mais nas atualizações capítulo a capítulo:

“Tiraram uma cidade do mapa” – A destruição de um bairro em Porto Alegre com mais de 5 mil pessoas e mais de 50 anos de história

O avanço da megamineração e a concentração de riqueza contra a vida e os bens comuns

Governo Bolsonaro como instrumento de avanço do poder corporativo sobre os bens comuns dos povos

Today (5th), World Environment Day, we launched the publication “From the countryside to the city: stories of struggle for the right of people to land and life“. The material, edited in Portuguese, Spanish, and English, tells the stories of the struggles of communities from different parts of Brazil that have as a connection the resistance to the advance of capital over their territories and the threat to their ways of life, building an exchange of struggles in the popular defense of territories. Documenting and retelling the stories brought in this publication is a way to eternalize this resistance and strengthen the communities and peoples who fight for collective rights and, through the sharing of experiences, inspire for the resistance.

The report follows the last 3 years of struggle against transnational companies and the resistance of Vila Nazaré residents to the false promises of the company Fraport, such as the removals caused by the expansion of Salgado Filho international airport in Porto Alegre (southernmost state capital of Brazil), which violated basic rights of the community. We understand, in a little more detail, the advance of mega-mining in the state of Rio Grande do Sul and the consequences of extending this frontier that has already killed part of Brazil.

We recount the history of the siege of the Amazon and the articulation of the transnationals to exploit more and more the common goods and the people of the region. We also talk about how companies used the marketing of false solidarity during the pandemic of COVID-19 to exploit the most vulnerable territories, while solidarity connections were created and strengthened in the heart of social movements.

We tell the stories so as not to forget the struggle, we share experiences to remember unity. From violations of rights to land and life, to the conquests that are made. Each movement to build a popular solidarity network is a step on the path of just recovery post COVID.

The launching of the publication “From the countryside to the city: stories of struggle for peoples’ right to land and life” also marks the 50th anniversary of Friends of the Earth International. Five decades of struggle and resistance in defense of the Environment, of peoples and territories for Environmental Justice.

Check out the publication in english.

Read the update chapter by chapter:

“A city has been removed from the map” – The destruction of a neighbourhood in Porto Alegre with more than 5 thousand people and over 50 years of history

The advance of mega mining companies and the concentration of wealth against life and the common goods

Bolsonaro administration as an instrument for advancing the corporative power over the common goods of the peoples

Popular solidarity against the ethical makeup of companies