Las quemadas en la Amazonía tuvieron una nueva subida en 2020 en comparación con el año anterior. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), detectó durante el año 103.161 focos activos de incendio. En 2019, habían sido 89.176. Al mismo tiempo, el área bajo alerta de deforestación en la región de la Amazonía Legal (compuesta por los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins) viene registrando récords ese año. Según el registro de Deter-B (Sistema de Detección de Deforestación en Tiempo Real), el mes pasado fue el peor mayo de la serie histórica hecha por el sistema. En la comparación entre los meses de mayo en 2020 y en 2021, la subida en el área con alertas de deforestación fue de 41%. Fueron 1.180 km² bajo alerta de deforestación. Por la primera vez, el área bajo alerta ultrapasa los 1.000 km².
Con el reciente involucramiento del mismo ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, en una denuncia por entorpecer las investigaciones de la Policía Federal (PF) en la más grande aprehensión de madera de Brasil, hecha en la Operación Handroanthus de la PF, se vuelve aún más explícita la función que cumple el gobierno Bolsonaro en relación al medio ambiente: la de facilitar el camino para las empresas que visan devastarlo. Como hemos denunciado, Salles ha defendido “debatir” sobre la minería en territorios indígenas. Posicionamientos y acciones como las del ministro del Medio Ambiente cumplen la función de estimular y dar aval a la violencia de mineros de oro contra indígenas, como pasó recientemente con el pueblo Munduruku, en Jacareacanga, estado de Pará.
No solo la Amazonía está bajo fuerte ataque, pero todos los biomas brasileños. Y con ellos, las vidas de las comunidades que los defienden, tanto por la devastación en sí, que da lugar a emprendimientos que amenazan la tierra, aire y suelos, como por la amenaza por medio de la violencia llevada a cabo por pistoleros a servicio de proyectos de minería y del agronegocio.
Al constatar el carácter que poseen los crímenes socioambientales que vienen avanzando en Brasil, financiados y promovidos en gran parte por capitales transnacionales, queda evidente que las luchas deben unir los territorios bajo ataque y el ámbito internacional de las luchas. El gobierno Bolsonaro es solo un instrumento utilizado por las grandes empresas.
Por estos motivos, creemos que es cada vez más necesaria la articulación entre la campaña de responsabilización de las transnacionales y el fortalecimiento de los movimientos populares y organizaciones de base, que son las que realmente defienden las áreas.
La articulación con los sectores populares es fundamental, ya que todo el desmonte que está siendo realizado del Estado brasileño favorecerá la acción de las transnacionales y representará un riesgo aún mayor en escenarios en que avanzan los acuerdos de libre comercio.
Hablamos más sobre este asunto en el texto Amazonía: solidaridad internacionalista contra el cerco transnacional, en la publicación Del campo a la ciudad: historias de lucha por el derecho de los pueblos a la tierra y a la vida. Accese aquí el trabajo.
Lea la actualización capítulo a capítulo :
“Han borrado una ciudad del mapa” – La destrucción de un barrio en Porto Alegre con más de 5 mil personas y más de 50 años de historia
El avance de la megaminería y la concentración de riqueza contra la vida y los bienes comunes
Solidaridad popular contra el maquillaje ético de las empresas
