En la gestión de Bolsonaro, iniciada en 2019, la Amazonia estuvo en llamas como nunca, una clara relación entre la destrucción de la floresta y la expansión del agronegocio y de la minería, así como el avance del plan liberal de destrucción socioambiental.
¡Bruno Pereira y Dom Phillips presentes!
El antropólogo Viveiros de Castro dijo que la muerte es un acontecimiento corporal que uno solo experiencia en el otro. Así, todo lo que sabemos consiste en observar la muerte del otro y darle nuestros significados. Es precisamente sobre ese cualificar del hecho de que movimientos populares recuerden la memoria de Bruno y Dom, no como aquellos que fueron víctimas de un crimen aislado por algún pescador ilegal, pero como grandes luchadores de los derechos indígenas y de la preservación de la Amazonia, cuyo legado deberá seguir resonando.
Por detrás de sus muertes se desvela el violento proceso implementado por el Gobierno Bolsonaro de genocidio de los pueblos indígenas en Brasil. A principios del gobierno, en 2019, la Amazonia se incendió como nunca y, según entidades indígenas, hay una clara relación entre la destrucción del bosque y la expansión del agronegocio y de la minería. Apuntan incluso la conexión con empresas transnacionales e inversores del Norte Global y su complicidad en la destrucción de la floresta y sus pueblos.
Es necesario recordar que, en su discurso como candidato a la presidencia, Bolsonaro siempre defendió la completa paralización del reconocimiento y titulación de los territorios indígenas y quilombolas. Decía él: “ni un solo centímetro de tierra indígena será demarcada”. Cuanto al desmantelamiento de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) – principal órgano del Estado brasileño para la protección de los derechos de los pueblos indígenas – se manifestó: “vamos a pasar la hoz”. En la dirección contraria de la ola progresista latino-americana de respeto a la pluralidad, diversidad e identidad cultural de los pueblos, el gobierno camina, en las palabras del presidente, para “proporcionar los medios para que el indio sea igual que nosotros”.
El Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC) y la Asociación de Servidores e Indigenistas de la FUNAI (INA) presentaron, en junio de 2022, un estudio detallado sobre la “Nueva FUNAI” (término utilizado por el actual presidente Marcelo Xavier), en lo cual concluyen que el órgano se volvió anti indígena. Justo al principio de la gestión de Bolsonaro, el gobierno editó la Medida Provisoria 870, transfiriendo la FUNAI del Ministerio de la Justicia (donde estuvo desde 1991) para el (ultraconservador) Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos (MMFDH). En la misma normativa, desplazó la identificación y la demarcación de Tierras Indígenas para el Ministerio de la Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA), el clásico Ministerio del agronegocio. Ésas, entre otras medidas, como la separación de la atención a la salud indígena, fragmentaron la política indigenista, creando un escenario de caos de gestión que inviabiliza la ejecución de las políticas y hacen aún más vulnerables los pueblos originarios de Brasil, en flagrante violación de sus derechos por el Estado, que tiene obligación constitucional de garantizarlos.
El cambio de competencia para la demarcación de tierras indígenas permaneció hasta la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), que determinó, en agosto de 2019, que el Ejecutivo no podría legislar sobre el tema. A pesar de la decisión, la demarcación sigue paralizada y esperando el juzgamiento del STF contra la tesis anti indígena del Marco temporal. El resultado es la explosión de conflictos, ataques y violencia brutal en Tierras Indígenas que asistimos diariamente: las invasiones al territorio Yanomami por mineros, el abuso y la violencia sexual como arma en esa guerra; el mismo caso de los pueblos aislados en el Valle del Javari (AM), amenazados por mineros, narcotráfico y pesca ilegal, desnudando la gravedad de la falta de respeto a los pueblos en aislamiento voluntario. Difícil también es la situación de los Guaraní y Kaiowá, que conviven con verdaderas milicias privadas del agronegocio en Mato Grosso do Sul, las que atacan retomadas con apoyo de los poderes públicos locales.
De acuerdo con el Consejo Indígena Misionario (CIMI), hay un aumento en las invasiones y explotación ilegal en Tierras Indígenas durante el Gobierno Bolsonaro: solo en 2020, fueron registrados 263 casos, que atingen 201 Tierras Indígenas, 145 pueblos en 19 estados, evidenciando que la política de desmonte es estructural. La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) denomina esa acción del gobierno contra los pueblos indígenas como genocidio, llegando a denunciar Jair Bolsonaro en el Tribunal Penal Internacional.
La FUNAI convive aún con un corte gigantesco en su presupuesto, alrededor de 40%, que afecta directamente la actuación de los servidores para la continuidad de los trabajos de promoción y protección de los derechos indígenas. Una de las políticas adoptadas en la actual gestión es el no atendimiento de indígenas en áreas de retomada de sus territorios ancestrales, lo que implica dejar docenas de ellos completamente al margen del Estado, no existiendo ninguna actuación ni siquiera para pacificación de conflictos. Entre las 39 Coordinaciones Regionales de FUNAI, solo dos cuentan con servidores de carrera de la institución. Han sido indicados por la gestión actual: 17 militares, 3 policiales militares, 2 servidores de la Policía Federal y 6 profesionales sin vínculo anterior. Éstos últimos han sido objeto de polémicas, ya que muchos son indicaciones religiosas hechas por el MMFDH. En el caso del Vale del Javari, la coordinación de Bruno Pereira fue substituida por un ex pastor evangélico, siendo uno de los sectores más sensibles de la FUNAI, el de pueblos aislados, que exige el máximo de experiencia para el respeto a su autodeterminación.
El freak show ocurre diariamente. Tal como Bruno, que fue exonerado del cargo de Coordinación en 2020 por su actuación, hay una persecución sistemática de funcionarios con la retirada de sus atribuciones, el desplazamiento compulsorio de localidades, la explosión de procesos administrativos contra funcionarios, una serie de denuncias criminales encaminadas por el propio presidente de la FUNAI. Algunos funcionarios son acusados de actuar por “cuestiones ideológicas”, de ser vinculados al “PT”. Otro hecho escandaloso fue cuando el urucú pintado en las paredes de algunas de las sedes del predio de la FUNAI fue censurado, siendo pintado de verde y amarillo. O también cuando el art. 231 de la Constitución Federal se vuelve “tema controvertido”. Podemos decir que hay una verdadera dictadura interna para “dejar pasar” el agronegocio y la minería. Nuevamente, los discursos asimilacionistas para con los pueblos indígenas tienen lugar, volviéndolos blancos cotidianos del discurso de “escollos al desarrollo”.
Todavía hay mucho que revelar de ese período de terror de nuestra historia. Algunas noticias recientes han apuntado para un esquema de empresas de fachada que prestan servicios a la FUNAI por medio de contratos millonarios. La gravedad de las acciones que involucran la presidencia del órgano ha llevado el Consejo Nacional de Derechos Humanos a solicitar el alejamiento del presidente. No quedan dudas de que los años de ese gobierno deberán ser objeto de pesquisa, en un camino arduo todavía por recorrer en la reconstrucción de una memoria y verdad de ese período.
¡Vidas y tierras indígenas importan!
En 2022, Brasil vive el bicentenario de la supuesta independencia, una invitación a toda la izquierda que se enraíza en las luchas emancipatorias de los pueblos contra todas las formas de opresión y se compromete con la construcción de un Proyecto Popular de país para repensar la formación del Estado Nación brasileño, marcado por la barbarie colonial y racista, especialmente contra los pueblos indígenas. En ese escenario, los indígenas han resignificado las conmemoraciones del 19 de abril, el “día del indio”, no como una fecha vaciada de luchas históricas, pero como marco de la resistencia y movilización, enunciada en la construcción del Abril Rojo Indígena.
Ya son 17 años de construcción del Campamento Tierra Libre (ATL), que en sus dos últimas ediciones emergió como un fuerte grito de los pueblos indígenas contra las atrocidades del Gobierno Bolsonaro. Las movilizaciones indígenas también han sido fuertes alrededor del juzgamiento en STF sobre el Marco Temporal que, a pesar de la presión popular, sigue sin fecha definida. Vale recordar la centralidad del Pueblo Xokleng, cazado, violentado, que resistió a la masacre en 1904 en Santa Catarina, y dio origen a la acción judicial bajo la cual se debate la infame tesis del marco temporal, enfrentando las oligarquías locales que los echaron de sus tierras y afirmando los derechos territoriales indígenas. La presión alrededor del juzgamiento es tan grande que todavía no hubo coyuntura para que el STF decida sobre el tema.
Daniel Munduruku solía decir que los pueblos indígenas son una frontera sobre la cual el capitalismo brasileño todavía no ha conseguido avanzar. De hecho, los más de 500 años de colonización no fueron capaces de borrar esa identidad colectiva, y más que nunca, avanza organizada contra el bolsonarismo, enseñando, llevando un penacho y rezando, recordando a todos los muertos y que podemos enfrentar esa política de muerte y erguir las estructuras de una sociedad centrada en la producción y reproducción de la vida.
* Columna publicada en el periódico Brasil de Fato en 5/07/2022 en este link: https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/a-amazonia-e-que-vai-derrubar-bolsonaro