Cómo el agronegocio y el mercado financiero generan ganancias con la devastación del mayor bosque tropical del mundo
Texto y fotos: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
Con los pies sobre las cenizas de lo que antes era bosques, el chamán Isaka Huni Kuin manifiesta su tristeza: “Ellos desconocen la medicina que existe dentro del bosque. Creen que no sirve de nada, que se trata de bosque nomás, pero tiene mucho valor. De ella sacamos la madera con la que construímos nuestras casas. Cuando alguno de nuestros hijos se enferma, ya sé cómo lo voy a cuidar, sé cuál medicina tengo que buscar. Es nuestra farmacia viva. Si se termina el bosque, la riqueza que conozco se termina. Por eso para mí, todo este fuego es muy triste”.
El chamán Isaka perdió toda su farmacia viva. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
El día 22 de agosto, las llamas ardieron y consumieron, en pocas horas, cinco hectáreas de bosque, lo que corresponde a 50% del área total del 50% del área total del Centro Cultural Huwã Karu Yuxibu. A partir de octubre de 2018, la familia del cacique Mapu, hijo de Isaka, comenzó a convertir este territorio, que queda a 50 km del centro de Rio Branco, capital del estado de Acre, en un espacio para recibir a los parientes que vienen a estudiar a la ciudad, y difundir las medicinas del pueblo indígena Huni Kuin.
El chamán Isaka, de 80 años, almorzaba junto a su familia, cuando su compañera escuchó el crujir de las hojas quemándose. Salieron corriendo con los machetes para intentar detener el avance del fuego sobre el bosque, pero no tuvieron éxito. Con ayuda de los bomberos, lograron evitar que se quemaran las casas. Los cultivos de papaya, banana, asaí, entre otros fueron consumidos por el fuego. Tatúes, tortugas y monos fueron afectados.
Quemaron la floresta que es la farmacia de los huni kuin. Ellos sospechan que el fuego tuvo origen criminal. Una acción que comprometió la vida del chamán Isaka y su família. Para Isaka fue un hecho de maldad.
A 250 kilómetros de allí, en el estado de Amazonas, en el municipio de Boca do Acre, el bosque del pueblo apurinã también se incendió. El día 13 de agosto, conocido como Día del Fuego, 600 hectáreas de la Tierra Indígena1 Val Paraíso fueron incendiadas. En los territorios de los apurinãs, el fuego, además de maldad, representa una de las etapas de un proceso muy bien articulado de titulación ilegal de tierras del Estado brasileño. El cacique Antônio José denuncia este esquema, que no ocurre exclusivamente en su tierra dentro de la llamada Amazonia Legal, un área que reúne los nueve estados de Brasil que se encuentran en la cuenca del Amazonas. Afecta a diferentes pueblos indígenas y tierras del Estado . Con un guión de destrucción y lucro, los invasores deforestan, venden las maderas duras, queman el bosque restante, alambran, implementan la ganadería en el área, venden la carne y luego, además, plantan soja, maíz o arroz. Por si fuera poco, después de los incendios, este mismo sector del agronegocio que lucra con el mercado internacional, todavía tiene la posibilidad de seguir ganando dinero con las campañas ambientales que buscan “salvar” la Amazonia.
Es común ver camiones transportando troncos gigantes por las carreteras del estado de Acre. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
La lucha de los caciques apurinã contra la titulación ilegal de tierras y por la demarcación de sus tierras
El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués), detectó 45.256 focos de incendio en la Amazonia, de enero a agosto de 2019. Un 20% de los incendios ocurrió en bosques situados en tierras públicas que todavía no les fue asignada ninguna función: es decir, como parque, reserva o território indígena. Entre ellos, se encuentra la Tierra Indígena Val Paraíso. El 13 de agosto, Día del Fuego, según denuncia el cacique Antônio José, un grupo de usurpadores de tierras quemó 600 hectáreas de bosques del área que es reivindicada por los apurinãs.
El cacique Antônio José abriendo el portón de los lotes que dan acceso a la Tierra Indígena Val Paraíso. Foto: Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
Al cruzar el quinto portón, nos acercamos finalmente a la entrada del bosque de la Tierra Indígena Val Paraíso, a orillas del igarapé (arroyo) Retiro. El cacique Kaxuqui, primo y compañero de lucha de Antônio José, se baja de la moto. Antônio nos invita a bajarnos del auto para charlar. De un lado del alambrado estamos nosotros, al otro lado, inúmeras cabezas de ganado esparcidas por los cinco lotes que acabamos de cruzar. Los caciques nos explican lo que vemos allí: “Destruyeron nuestras tierras, cosas que veníamos preservando desde hace 100 años, en donde nacieron mi abuelo, mi bisabuelo, todos mis tíos”, se lamenta Kaxuqui, de 58 años. Antônio José sigue: “Yo tengo 54 años, nunca salí de acá. Esta gente, estos que se dicen dueños de este lugar que estamos pisando ahora, no son de acá, son descendientes de portugueses. Y nosotros, que somos indígenas, que vivimos acá desde siempre, que lo podemos comprobar, nos quedamos de esta manera, sin derecho a la tierra”.
Los apurinãs reivindican la demarcación de la Tierra Indígena Val Paraíso desde 1991. El proceso está en manos de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI, un órgano público). Los indígenas esperan desde hace años la finalización de los estudios de identificación y delimitación del área en la que viven 46 personas que integran 7 familias. Al comienzo del proceso, los apurinãs demandaban que se demarcaran 57 mil hectáreas. Aunque el caso ya se encontraba en la Justicia, sus tierras sufrieron invasiones, con tala de bosques, transformados en campos y, posteriormente, en áreas de ganadería. Hace un tiempo, en un intento por facilitar la demarcación, redujeron la demanda a 26 mil hectáreas. “Hicimos un acuerdo con los hacendados. Lo que ya es campo es de ellos, lo que es bosque es nuestro. Pero aún así siguieron invadiendo y tirando el bosque”, dice Antônio José. “Esto no pasa por falta de información. Tenemos todo documentado. El IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables), el Ministerio Público, el Terra Legal (programa del gobierno de regularización fundiaria), saben que esto fue reivindicado cuando era bosque, cuando estaba intacto. El bosque que ustedes están viendo ahí a orillas del arroyo solo existe porque venimos intentando preservarlo desde el ‘91 hasta ahora”.
Lindomar Dias, del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), afirma que estas articulaciones para la toma de territorios ocurren desde hace mucho tiempo. Para el caso de los indígenas, ocurre desde siempre. “Efectivamente, Brasil como país nace expoliando territorios de los pueblos originarios; y trata a estos pueblos como si no fueran originarios. Tratan a esta gente como si fueran extranjeros, cuando en verdad son los dueños. Adquirieron esos derechos, no comprando los territorios, pero simplemente viviendo, confundiéndose con el territorio, fundiéndose con él”. Dercy Teles, recolectora tradicional de caucho en el municipio de Xapuri, a quién escuchamos en nuestro pasaje por Acre, los ataques son movimientos de extinción de las poblaciones que dependen del bosque. “A quiénes no contribuyen al desarrollo del capitalismo, no les interesa la existencia sobre un territorio”, dice.
Los caciques señalan, indignados, hacia la dirección de cada área deforestada o tierra adquirida ilegalmente. Antônio José señala cada responsable: “Joaquim deforestó 500 hectáreas por 2 mil reales, otras 500 por más 2 mil, y se lo vendieron a Brana. Todo eso quedaba atrás del Igarapé (arroyo) Preto, que queda dentro del área que reivindicamos. Eso, sabiendo que se trata de una Tierra Indígena.Y hoy el dueño es Brana, un tipo allá de Rio Branco. Bezinho tumbó 392 hectáreas de la hacienda Riachão en el límite con la hacienda Cruzeiro, a orillas del Preto, que también se encuentra dentro del área que reivindicamos. Júnior do Betão ya lo compró. Tenemos todo eso en un mapa”.
Ganadería ostensiva en tierras del Estado
Fósiles de árboles quemados delatan antiguos incendios en campos de la ganadería. Foto: Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
Son muchos los nombres referentes a funciones vinculadas entre sí. Unos son responsables por entrar y cortar árboles. Otros se encargar de la titulación ilegal, el alambrado y otros papeles. Cuando pasa el banzeiro (que es como le llama Antônio José a la preocupación pública por la invasión de la tierra), viene otro, compra la tierra, y pone el ganado, el negocio más común en la región. Según el IBGE, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Boca do Acre tiene el segundo mayor rebaño de ganado del estado de Amazonas. Se queda atrás solamente de su vecino, Lábrea. Ambos municipios suman 510 mil cabezas de ganado, un 38% del rebaño de Amazonas. Significa que, para cada habitante existen 6,4 vacunos.
El principal destino de este ganado es el frigorífico Frizam/Agropam, en Boca do Acre. Según datos de 2013 del Instituto de Conservación y Desarrollo Sustentable de la Amazonia (IDESAM), el matadero respondía por 31,3% del total de la faena del estado de Amazonas.
Boca do Acre es parte el Arco de la Deforestación, una región en la que la frontera agrícola avanza sobre el bosque nativo de la Amazonia. El municipio tiene 372 áreas embargadas por el IBAMA. Esto ocurre cuando el inspector de este órgano constata que un ganadero deforestó sin autorización o que no está respetando el área de Reserva Legal2 de la propiedad. Al quedar embargada la propiedad, queda prohibida la cría de ganado. La ganadería ocupa 80% del área deforestada de la Amazonia Legal, según el informe de 2015 de la Fiscalía del Medio Ambiente del Ministério Público Federal. Casi un 40% de las 215 millones de cabezas de ganado del país se encuentran en la región amazónica.
En Boca do Acre, aún con un número importante de propiedades embargadas, el movimiento en Frizam/Agropam no se redujo en los últimos años. Esto porque el ganado de las propiedades notificadas llegaba al establecimiento con documentos falsos. Los animales son registrados como pertenecientes a propiedades que no tienen prohibida la comercialización. Según el gerente del frigorífico, no puede hacer nada para controlar este tipo de fraudes.
Sin embargo, ocurre que Frizam/Agropam tiene como accionista principal al ganadero José Lopes, que tiene nueve propiedades embargadas en Boca do Acre. Según el periodista Leonildo Rosas, del Blog do Rosas, José Lopes es el ganadero más grande del Amazonas, dueño de más de cien mil cabezas de ganado. El “rey del ganado”, como ya se lo conoce, ya fue tesorero de campañas electorales, y el dinero público tiene fuerte influencia en el crecimiento de su imperio de la carne. Lopes trabajó en las campañas del senador Eduardo Braga (del partido Movimiento Democrático Brasileño) y del gobernador de Amazonas, Omar Aziz (del Partido Social Democrático). También participó de la campaña del gobernador Amazonino Mendes (Partido de la Frente Liberal), que administró el estado de 1999 al 2002. Durante ese período, en el año 2000, la Compañía de Desarrollo del Estado de Amazonas (CIAMA), empresa pública que tiene entre sus objetivos el promover el desarrollo ambiental en ámbito del estado, invirtió más de 14 millones de reales en la sociedad con el frigorífico Frisam/Agropam. De esta manera, Ciama se volvió una de las cuatro socias del frigorífico.
Y no termina ahí: en el acta de la asamblea general ordinaria de Frisam/Agropam del 3 de junio del 2013, a la cual el sitio web Amazônia Real tuvo acceso, consta que el frigorífico tiene cuatro socios: además de José Lopes y Ciama, completan la lista, José Lopes Júnior y Alessandra Lopes. Estos últimos, hijos de José Lopes, tienen en sus nombres las tierras con ganado, alambres y portones, sin bosque, por los que tuvimos que pasar para entrar a la Tierra Indígena Val Paraíso, del pueblo apurinã. “José Lopes registró una tierra aquí, en la que veníamos con mi abuelo desde Bom Lugar hasta acá para pescar en el Poção do Arroz”, recuerda Antônio José. “Ahí había bastantes peces. En 2010, Lopes registra esta área como Porão do Arroz, y queda como dueño. El abuelo de Kaxuqui vivia ahí en las orillas. Nosotros viviendo acá hace tantos años y nadie nos lo reconoce”. Kaxuqui agrega: “Nunca vendimos un pedazo de tierra. Al contrario. Queremos vivir, darle ese derecho a nuestros hijos, nuestros nietos. Queremos lo que nos pertenece. Lo que queremos es que se nos respete la cultura, nuestros derechos y nuestra manera de vivir. No queremos haciendas, no queremos ganado, para que nos reconozcan no necesitamos ser hacendados”.
Cacique Antônio José exige la demarcación de la tierra de su pueblo. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
Según datos del 2013 de IBAMA, las multas por crímenes ambientales a nombre de José Lopes suman más de 3 millones de reales, por haber destruído 955,14 hectáreas de bosque nativo de la Amazonia Legal. El ganadero fue arrestado recientemente en tres operaciones de la Policía Federal brasileña. En mayo, fue acusado por el Ministerio Público Federal de ser una de las 22 personas involucradas en crímenes ambientales, en el marco de la operación Ojuara. Los acusados invadían tierras públicas, ordenaban deforestaciones y contrataban policiales militares para proteger las máquinas y las áreas deforestadas. Una de las ilegalidades fue un comunicado falso del IBAMA de Acre emitido en setiembre de 2017, que sirvió de alerta a los hacendados sobre una operación nacional del IBAMA que se desarrollaría el mes siguiente. En esa época, el superintendente del órgano era Carlos Gadelha, quien también fue denunciado por el Ministerio Público por crear una empresa para ofrecerles defensas administrativas y judiciales a los deforestadores del sur del Amazonas contra acciones del propio IBAMA. El 25 de junio, José Lopes fue liberado por decisión de la jueza Mônica Sifuentes, del Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF-1), que ordenó sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar. En otra operación, llamada “Maus Caminhos”, Lopes vuelve a ser preso bajo la acusación de recibir 1 millón de reales en coimas del médico Mouhamad Moustafá, sospechoso de liderar la organización delictiva que desviaba fondos de la salud del estado de Amazonas, mediante el Instituto Novos Caminhos (INC). Además, el ganadero todavía responde por crímenes ambientales en el comercio ilegal de madera detectados por la operación Arquímedes. “El hombre es arrestado y todavía tiene todo el derecho de criar ganado y vender, en tierras públicas. Y sigue tumbando y mandando tumbar. Y nosotros que estamos acá preservando, no tenemos derecho a nuestra tierra”, lamenta Antônio José.
Para completar este panorama, gran parte de la carne que pasa por Frizam/Agropam ni siquiera es destinada al consumo de la población de la región. Funcionários del frigorífico afirman que cargas equivalentes a casi 20 camiones por mes salen de la región con destino a otros países. China, Japón y Estados Unidos, son algunos de los países nombrados. “Acá en Amazonas no comemos carne de res vacuna macho, solamente de vaca. Los novillos buenos, la carne buena se va toda para fuera. Todo este ganado que causa esos problemas acá en el Amazonas no es para consumo de los amazonenses, y sí para los extranjeros, que terminan, así, financiando la deforestación”, argumenta el cacique Antônio José.
La mayor parte de la carne de la industria ganadera de Boca do Acre es exportada. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
Los apurinãs resisten contra José Lopes y su familia. Pero hay otros. La disputa es desleal, además de los ganaderos, los indígenas deben enfrentar la omisión del Estado, ya sea por la negación de derechos básicos, como salud, energía o educación; una de las razones que hace que parientes se tengan que alejar de la vida en el bosque; por la ineficiencia de las instituciones públicas en impedir y punir a los invasores de las tierras; por aquellos que usan de manera indebida al Estado para difundir su discurso, o que usan su discurso para llegar al Estado. Este es el caso del presidente Bolsonaro, y también el caso de Francisco Sales de França, conocido como Mapará. Es concejal de Boca do Acre, y uno de los acaparadores de tierra y deforestadores de la Tierra Indígena Val Paraíso. Ordenó talar árboles en 2017 y 2018. Según Antônio José, Mapará deforestó unas 200 hectáreas. El político asume el hecho. “Él se siente fortalecido por ser concejal”.
Cacique Kaxuqui frente a casas de la Tierra Indígena Val Paraíso. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
El 19 de agosto, el cacique apurinã grabó vídeos sobre las márgenes del arroyo Preto. Al otro lado del arroyo, ruidos de motosierra y de troncos cayendo. Antônio José relata: “Puedes escuchar el sonido del motor. Solamente me gustaría mostrarles esto al Ministerio Público, a la FUNAI, [para que vean] como viene siendo destruído el bosque de la Tierra Indígena Val Paraíso”.
Según el cacique, la deforestación más grande del año en la Tierra Indígena (600 hectáreas), contó con el incentivo del concejal de Boca do Acre. Mapará se eligió prometiendo que legalizaría tierras invadidas, como las de Val Paraíso. “Todos saben que concejales no tienen la capacidad de incidir sobre la reglamentación de tierras federales”, dice Antônio José. Pero también sabemos que los discursos engendran legalidades.
Al visitar los apurinãs, nuestra intención, además de escuchar a los caciques y solidarizarnos con su causa, era la de registrar esa deforestación de 600 hectáreas. Al día siguiente, saldríamos al amanecer. Antes de acostarnos en las hamacas recién colgadas, Antônio José agarra la carpeta que llevaba consigo. En ella, hojas con imágenes de satélite de los últimos años del área reivindicada por los apurinãs. Se aproxima del farol a querosene con los mapas en la mano. El cacique Antônio José va describiendo la localidad y la cantidad de hectáreas deforestadas el último año, repitiendo el gesto que se hacía, algunas horas antes, al lado del alambrado. Esta vez, señala la tala de árboles en el mapa. También señala, indignado, al responsable por cada tala. Ya son miles de hectáreas deforestadas dentro de las 26 mil que reivindican los apurinãs.
El mapa más reciente de la explotación de la tierra de los indígenas apurinã. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
La fuente de informaciones de los mapas es del INPE, elaboradas con la colaboración de la FUNAI. En una pared de la sede de la Organización de los Pueblos Indígenas Apurinã y Jamamadi de Boca do Acre (OPIAJBAM), local en el que nos encontramos con Antônio José, carteles muestran el legado de un curso reciente. Los indígenas están estudiando un software de cartografía, con el objetivo de generar mapas de manera autónoma.
La cartografía es una herramienta de lucha por el derecho fundiario y contra la deforestación. Cuando los incendios en la región amazónica se empezaron a discutir públicamente, el presidente Bolsonaro mostró cómo su gobierno maneja la ciencia. Cuando el INPE divulgó un estudio en el que registró que la deforestación en la Amazonia en julio de 2019 fue 68% mayor que en julio de 2018, Bolsonaro declaró que el instituto estaba al servicio de alguna ONG y que los datos serían incorrectos. Cuando el director del INPE, Ricardo Galvão, contestó las críticas, fue destituido. El hecho fue alarmante para el medio científico y para los que trabajaban en los incendios en la Amazonia. Algunos días después, al ser cuestionado sobre la destitución y la relación con Ricardo Galvão, Bolsonaro respondió: “Yo no pido, yo mando”.
El comercio de madera ilegal
Al día siguiente, hicimos una caminata de casi 3 horas. Nuestro destino: las 600 hectáreas quemadas en el Día del Fuego, 13 de agosto.
En tres lugares del bosque, encontramos envases de combustible y aceite quemado que se utilizan en motosierras. Foto: Amigos de la Tierra Brasil
Cruzamos varias veces el arroyo, pasamos por lugares que ya son campo, y también por adentro del bosque. En el medio del camino, una pausa. Parado arriba de los restos de un tronco de cedro recién cortado, Antônio José cuenta: “el 19 de agosto pasamos por acá para ver la deforestación de 600 hectáreas que estamos yendo a ver, y esto estaba intacto”. Según el cacique, los madereros ilegales entran en el bosque, talan y se llevan la madera dura, como el cedro o la itaúba. Después talan el bosque y cubren los troncos: “para que no podamos ver el tipo de madera que se llevaron”. Al año siguiente, van a quemar con la intención de limpiar y aprovechar la madera restante. A partir de ese momento, comienzan a cultivar el pasto para la ganadería. “Este es el modelo que utilizan para invadir y acaparar las tierras indígenas que protegemos. Esto es desde hace 5 días, tiraron todo, y el IBAMA está ahí en Boca do Acre, pero ellos siguen talando”, denuncia el cacique.
Las maderas robadas de esta área se cortan con motosierra en el verano, según Antônio José. En el invierno, los madereros ilegales entran por el arroyo, en balsa, cargan la embarcación y llevan las maderas hasta el puerto de Boca do Acre al atardecer. Allí, como cuenta el cacique, los criminales tienen un esquema para poner las maderas en un camión de carga, que sale por la noche para Rio Branco. La carga pasa por la carretera como si fuera un transporte cualquiera. En la capital de Acre, se “calienta” la madera. El término se refiere al acto de marcar la madera como si proviniera del sistema de manejo forestal acreano. “Es así como sacan madera indígena para exportación desde dentro de tierras indígenas, de tierras que pertenecen al Estado. Toda la madera que se saca del Amazonas es ilegal”.
Lo que resta de la madera talada en medio al bosque de la Tierra Indígena Val Paraíso. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
La maderera Transacreana es uno de los principales destinos de los troncos de manejo forestal en la carretera AC-90. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
Después del relato de Antônio José, seguimos por el bosque, escuchando de fondo el ruido del motor de la motosierra. Caminamos un buen tramo más, y con dificultad (el bosque tumbado se volvía una barrera difícil de cruzar), llegamos al área quemada: al igual que en el territorio Huni Kuin, en donde había verde, hay cenizas. Troncos negros caídos. Tocones, también carbonizados.
Algunos pequeños arbustos en áreas que resistieron al fuego y partes del bosque tumbado dificultan la visión en el horizonte. Sin embargo, parándonos arriba de algún tronco, mirando alrededor, no se ve una copa de árbol en pie. Una franja de destrucción. Antônio José denuncia: “Ellos pagan por el incendio, después asumen el control, dan seguimiento a la extracción de la madera, cultivan las pasturas y crían el ganado. Esta es la forma en que se apropian de tierras públicas en la Amazonia. Aquí en Boca do Acre funciona así. Nadie tiene documentos de asentamientos del INCRA. Pero todos se apropian de las tierras, todos dicen que tienen [documentos]. Financian, hacen el Registro Ambiental Rural y quedan como propietarios”. Los caciques hablan indignados, concentrados en la oportunidad de la denuncia.
Tanto en la carretera hacia el territorio de los huni kuin (Ac-90, conocida como carretera Transacreana), como en la BR-317, que lleva hacia el territorio de los apurinã y también al de los xapuri, impresiona la cantidad y extensión de los latifundios ganaderos. En donde antes había bosque, solo queda campo. Una inmensidad de pasturas. Solamente sobreviven en pie algunos árboles de castaña, que son protegidos por ley. Algunos esplendorosos, vivos, pero muchos ya muertos, aniquilados de a poco por los distintos incendios a que fueron sometidos. Se mantienen en pie porque, aun muertos, resisten durante años.
El cacique Kaxuqui sentado en un árbol de castaña, que antes era su sustento. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
En las últimas 600 hectáreas deforestadas en la Tierra Indígena Val Paraíso, ni los árboles de castaña se salvaron. Según Antônio José y Kaxuqui, se talaron 150 ejemplares de la especie. Sentando en lo que sobró de un tronco de uno de los árboles que todavía se lo llevaron, Kaxuqui cuenta que los apurinãs recolectaban aproximadamente 500 latas de castañas en ese lugar. “Este es un árbol del cual sacábamos el sustento de nuestro família. Hoy está acá, quemado. Este no vuelve más para esta tierra. La tierra que preservábamos, la tierra que necesitábamos está así, destruída por los ganaderos”, se lamenta Kaxuqui.
En la carretera vimos cadáveres de animales siendo consumidos por buitres. Troncos de varios diámetros arriba de camiones. Escuchamos sobre las amenazas que sufren los caciques. Sin embargo, los árboles de castaña fosilizados por el fuego fueron el símbolo, los monumentos más melancólicos de la destrucción que asola a estos territorios.
En la AC-90, la carretera Transacreana, se ven muchos camiones cargando madera. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
Los apurinãs resisten, rodeados por la mirada gananciosa de sicarios, hacendados y mercado internacional. Kaxuqui ya tuvo propuestas para dejar el área. Después de rechazarlas, un dron empezó a sobrevolar su casa en el bosque durante varios días. Antônio José ya tuvo casa quemada y ya no transita por cualquier lugar. “Estoy bajo amenaza, soy mal visto por defender mi tierra. No vivo más como vivía antes. En la ciudad me miran como si fuera algo malo para el pueblo, malo para el mundo. No lo puedo entender”. Hace 54 años vive en ese mismo lugar, pero el respeto no es regla: “Nasci acá en Bananal, sigo viviendo, defendiendo las mismas tierras. Los que me valoran son mis viejos amigos, los que conozco desde hace 50 años. Los más jóvenes, de 20, 35 años, creen que estoy estorbando el desarrollo. Porque ellos quieren talar, ganar dinero. No es lo que queremos nosotros, nosotros queremos que todos puedan crecer, pero respetando el derecho de cada cual”. El cacique ya pidió en la 6ª Cámara Federal de Brasília, escolta policial. Le fue concedida, pero la policía local no contaba con efectivos suficientes para responder a la demanda. Se le sugirió que abandonara el lugar. “Yo no tengo como salir de acá, todo mi conocimiento está acá”.
Antônio José y Kaxuqui muestran los mapas que utilizan para analizar el aumento de los incendios y del acaparamiento de sus tierras. Foto: Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
Lo que ocurre con los apurinãs no es un caso aislado. Todo lo contrario. Se trata de un ataque sistemático contra los pueblos indígenas y sus territorios en toda la Amazonia y Brasil. En esta ofensiva, hay diversos actores involucrados. Están los que se encuentran en la punta, en la explotación directa, mediante la invasión de las tierras, de la extracción de la madera, de la ganadería o, incluso, de la minería ilegal en pequeña escala. Como muestra la historia más arriba. Y están los que se encuentran en la otra punta, los que financian estas ilegalidades. Por ejemplo, a raíz de los incendios, países europeos se manifestaron en defensa de la Amazonia. Pero es un continente que compra carne y madera de áreas deforestadas desde hace años. JBS y Marfrig, que son empresas destacadas a nivel mundial en la producción de proteína animal, y las principales exportadoras de carne de Brasil a Europa, le compran ganado a haciendas irregulares. En el 2018, el medio Repórter Brasil publicó una investigación periodística sobre la venta de madera ilegal para Dinamarca. Siete de las principales tiendas al por menor de materiales de construcción no supieron determinar la procedencia de la madera brasileña que vendían.
En la carretera AC-90, conocida como Transacreana, el ganado pasta al costado de las cenizas. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
Los actores de estos ataques están, y tienen sus representantes, en la política. Empezando por el presidente del país. Bolsonaro dijo, durante la campaña electoral, que no iba a hacer la demarcación de ni siquiera 1 centímetro de tierra indígena. El hermano del presidente tiene articulaciones con el agronegocio para impedir, con la ayuda de representantes del gobierno, que se hagan demarcaciones de tierras. El proceso de demarcación, ya durante el gobierno Bolsonaro, está bajo amenaza de transferencia para el Ministerio de Agricultura, en donde reinan los representantes del agronegocio. Una iniciativa similar a la Propuesta de Enmienda a la Constitución 215, que estipulaba que la última palabra sobre la determinación de las tierras indígenas debería quedar en manos del parlamento nacional, en el que, hoy, la bancada más grande y poderosa es la del agronegocio. Este bancada se llama Frente Parlamentaria Agropecuaria, un grupo de cabildeo bancado por asociaciones y empresas del agronegocio, que cuenta ahora con 257 parlamentarios, entre diputados federales y senadores. En un encuentro con estos políticos, el 4 de julio, Bolsonaro les dijo: “Este gobierno es de ustedes”. Un ejemplo más de ataque a los pueblos indígenas, lo dio el parlamento, al hacer la Propuesta de Enmienda a la Constitución 343, que le otorga a la FUNAI el poder de decidir entregarle, hasta 50% de los territorios indígenas, al agronegocio, minería y otros sectores, sin necesidad de consulta a las comunidades tradicionales.
En esta lista de actores, no podemos olvidarnos de la Rede Globo, el mayor canal de televisión del país, que desde hace dos años tiene como principal publicidad en las horas de máxima audiencia la campaña “El agro es tech, el agro es pop, el agro lo es todo”. Se trata de una serie de campañas publicitarias que glorifican y muestran mentiras sobre el agronegocio brasileño, como por ejemplo, que es la fuente de los alimentos del país. Mentira. La mayor parte de la alimentación del pueblo brasileño viene de la agricultura familiar. Además de estas publicidades, la Globo decide qué es y qué no es noticia en un sistema de promiscuidad con grandes sectores del agronegocio, del empresariado, de los sectores que históricamente atacan al pueblo del país.
Estos son algunos de los ejemplos de lo que los indígenas y otras comunidades tradicionales tienen que enfrentar en Brasil. Son algunos hechos de violencia directa que ocurrieron solo en los últimos días de septiembre:
• Guaraníes Mbya de Ponta do Arado, en Porto Alegre, sufren ataque a tiros; el segundo en lo que va del año
• Indigenista colaborador de la FUNAI fue asesinado en la Amazonia
• Hombres que se hacen pasar por policías atacan indígenas guaraníes de Terra de Areia en Rio Grande do Sul
• Mbya Guarani reciben amenazas de hombres armados en la Tierra Indígena Guadjayvi, en la ciudad de Charqueadas, territorio directamente impactado por el proyecto de la Mina Guaíba, de la mineradora Copelmi.
Los ataques son históricos y permanentes. Y más complejos de lo que parecen – descubra en la segunda parte de la historia “La lógica del ganar-ganar por detrás de los incendios en la Amazonia: ¿cuánto valen la preservación y las falsas soluciones del capitalismo verde, y quién compensa la compensación?”
Ver más fotos de la ronda solidaria de ACRE:
