Cinco mil personas, que componen 1300 familias forzadas a dejar sus casas en un barrio con más de cinco décadas de existencia. Ése es el resultado de una obra propagandeada como de importancia económica para todo el estado de Rio Grande do Sul.
Las obras de ampliación de la pista del aeropuerto Salgado Filho en Porto Alegre, comandadas por la empresa alemana Fraport, han cambiado completamente la vida de esos miles de personas, no solo por el penoso proceso de desalojo y remoción, como por las condiciones de los lugares para donde han sido removidas las familias: muy abajo de lo que la comunidad deseaba, e incluso de lo que había sido prometido por la intendencia.
Precariedad en la infraestructura de las viviendas, falta de servicios básicos en salud y educación, ausencia de espacios adecuados de trabajo y seguridad están entre los nuevos problemas que las familias removidas han enfrentado. Mientras tanto, las cerca de 70 familias que han decidido quedarse en Vila Nazaré hasta obtener condiciones de salida con un mínimo de dignidad, también han sufrido las consecuencias del avance de proyectos que ponen el lucro por encima de la vida: en medio de toda una villa destruida y vaciada de vecinos, las familias que resisten enfrentan problemas de acceso a energía eléctrica y agua, además de la presión de la empresa alemana para acelerar e imponer condiciones en el proceso de remoción.
Todo eso en medio de la peor crisis sanitaria mundial de la historia reciente, en la que Porto Alegre ha sido considerada el corazón del colapso en el sistema de salud delante de la expansión del coronavirus; sin duda por la misma priorización de la intendencia del lucro por encima de la vida. El mismo intendente Sebastião Melo (MDB) dejó las prioridades del gobierno de la ciudad explícitas en un acto fallido días antes de que la ciudad atingiera su peor momento en la pandemia: “Contribuya con su familia, su ciudad, su vida para que nosotros podamos salvar la economía del municipio de Porto Alegre”, dijo Melo en una transmisión en directo por internet en 26 de febrero. Dos semanas después, la ciudad atingió su pico en la pandemia.
Con relación a las familias que siguen en Vila Nazaré, Fraport ha decidido entrar con acción de reintegración de posesión, un tipo de medida que ha sido prohibida de ser ejecutada por el Supremo Tribunal Federal (STF) en algunos estados, como Rio de Janeiro y Paraíba, mientras dure la pandemia. Durante todo el período de pandemia, según pedido presentado por PSOL al STF para prohibir desalojos y remociones hasta el fin de 2021, 9.156 familias han sido desalojadas, y otras 64.546 están bajo amenaza. El último 19 de mayo, también fue aprobado en la Cámara el Proyecto de Ley (PL) 827/20 que prohíbe la ejecución de desalojos en la pandemia. El proyecto espera por la aprobación en el Senado.
El Ministerio Público Federal (MPF) también ha denunciado recientemente la estrategia de la empresa de pulverizar la negociación, e incluso ha iniciado una acción civil pública exigiendo que ella sea realizada con “mediación y conciliación en el plan colectivo, de criterios uniformes e isonómicos de alternativa habitacional para las familias”.
El MPF también se manifestó contra los containeres que Fraport ha fornecido para la realización de las audiencias: “El lugar ofrecido a la parte acusada consiste en local mantenido por la parte demandante de la acción reintegradora, el que se muestra un local absolutamente inadecuado para garantizar a la parte acusada tranquilidad y condiciones incluso de eventual contacto y conversa con su abogado”.
Frente a eso, y en respuesta a la denuncia presentada por Amigos de la Tierra Brasil, el Consejo Nacional de Derechos Humanos ha recomendado “la suspensión provisoria de la realización de las audiencias conciliatorias en centro de apoyo hasta el término de la crisis sanitaria de COVID-19”, en documento enviado a la jueza Thais Helena Gonçalves Della Giustina, de la 3ª Vara Federal de Porto Alegre.
En las últimas semanas la jueza suspendió las audiencias y pasó a expedir liminares de reintegración de posesión para inmediata demolición de las casas. Para la familia que la jueza entiende justificada la recusa, ella vuelve a presentar la opción de aceptar el apartamento o determina el depósito por Fraport del valor de R$78.889,65, que equivale al bonus vivienda de Porto Alegre. Ese valor es recibido después que la casa da familia es demolida. La opción de recurrir existe, pero el proceso de reintegración de posesión no será detenido. Eso quiere decir que ¡las personas tendrán las casas demolidas y el juzgamiento vendrá después!
“Han borrado una ciudad del mapa”, dice una moradora que prefirió no identificarse. “La gente que solo tiene comercio [sin casa] está siendo obligada a irse sin derecho a nada, y los que tienen casa reciben unos 78 mil reales, y son obligados a irse, no importa el tamaño de la casa, ni cuantos años hace que la familia vive aquí, nada. Nos están forzando a eso sin darnos opciones”, dice la moradora sobre la situación actual.
“Esa plata que ellos están ‘dando’ no sirve para comprar una casa aquí en la región; creo que no sirve para comprar una casa en ningún lugar”, lamenta. Los moradores también se están quejando de que no logran ser atendidos por la Defensoría Pública de la Unión. El abandono es total. Conozca mejor este caso en la publicación Del campo a la ciudad: historias de lucha por el derecho de los pueblos a tierra y a la vida. Accese aquí.
Lea la actualización capítulo a capítulo :
El avance de la megaminería y la concentración de riqueza contra la vida y los bienes comunes
Solidaridad popular contra el maquillaje ético de las empresas
