Seminario Internacional alerta sobre impactos del Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur para la Amazonia y los países Sudamericanos

Organizaciones alertan sobre la ausencia de participación de la sociedad civil durante el proceso de negociaciones y esperan del gobierno Lula la reapertura del Acuerdo firmado en la gestión Bolsonaro tras 20 años de negociaciones. Con la presencia de ministros, parlamentarios de Brasil, de la Unión Europea y del Mercosur, la actividad llama la atención para las amenazas económicas y socioambientales caso el Acuerdo sea encaminado para ratificación.  

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Acceda haciendo clic AQUÍ al documento del Frente Brasileño contra el Acuerdo Mercosur-UE alertando sobre los perjuicios que el tratado puede acarrear a Brasil y a otros países del Sur.

Los días 6 y 7 de febrero ocurrirá en Brasilia (DF), el Seminario Internacional “La retomada de la democracia en Brasil: el rol de la política externa y del comercio internacional”. Ya son presencias confirmadas en el evento: el diputado del Parlamento del Mercosur (Parlasul), Ricardo Canese, los eurodiputados Ana Cavazzini, Miguel Urban y Michèle Rivasi, además de las diputadas brasileñas Fernanda Melchionna y Duda Salabert y del diputado Nilto Tatto. Representantes de la sociedad civil, movimientos sociales y de organizaciones internacionales también estarán en el evento.

El objetivo es establecer un diálogo democrático entre gobierno, parlamentarios y sociedad civil sobre las amenazas del Acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, en especial para los pueblos de la Amazonia y los sudamericanos.

El Frente Brasileño Contra los Acuerdos Mercosur-UE y Mercosur-EFTA, promotor de la actividad, considera el Acuerdo de comercio con los países europeos ultrapasado y desigual. Refuerza la necesidad de ampliación del debate con la sociedad civil. “Reconocemos la relevancia del estrechamiento de las relaciones políticas, comerciales y de cooperación con la Unión Europea, pero ellas deben ser pautadas en negociaciones legítimas, transparentes y con amplia participación de la sociedad civil, además de reconocer los desafíos socioeconómicos y climáticos de los tiempos actuales”, apunta Maureen Santos, coordinadora del Grupo Nacional de Asesoría de FASE (Solidaridad y Educación).

El Acuerdo, la forma en que está, incentiva la ampliación de la producción agrícola y ganadera para exportación en los países de Mercosur, acelerando la destrucción ambiental y limitando las posibilidades de mejorías sociales y económicas para pequeños agricultores(as), pueblos originarios y otras comunidades tradicionales. “El Acuerdo no contiene cláusula ambiental compulsoria ni establece cuál es la estructura legal o espacio para litigio en caso de que surjan conflictos, debilitando la posibilidad de acciones efectivas de reparación para violaciones de derechos humanos y territoriales”, observa Tatiana Oliveira, asesora política de Inesc (Instituto de Estudios Socioeconómicos).

La expansión de la producción de soja, maíz, carnes y minerales en la región en los últimos años es responsable de graves conflictos socioambientales, los cuales pueden intensificarse con la reducción o eliminación de tarifas comerciales. El Acuerdo debe facilitar el aumento en la importación de productos fitosanitarios de Europa que son prohibidos en sus países de origen y de coches de combustión, ya producidos en Brasil. Desde un punto de vista ambiental y climático, el Acuerdo contribuye para el aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero y para la devastación de la Amazonia, benefician de forma desproporcional las empresas transnacionales europeas y profundizan la desindustrialización en el Mercosur. “Las negociaciones de políticas internacionales deben también seguir el compromiso del actual gobierno sobre la retomada de la participación social. El Frente defiende que nuevos modelos de comercio, que respondan a las necesidades de los pueblos y al contexto histórico de hoy, deben ser pautados en los principios de solidaridad, igualdad, cooperación, sustentabilidad y democracia”, dice Lúcia Ortiz, de Amigos de la Tierra Brasil.

Antecede el Seminario una visita de campo de tres días con parlamentarios y periodistas invitados a Santarém (PA). En esa oportunidad, serán realizadas visitas a áreas deforestadas por el avance del agronegocio, puertos e infraestructuras logísticas para la exportación de mercancías, seguidas de rondas de conversaciones con comunidades tradicionales y rurales de la región.

Un frente en defensa de la democracia – El Frente Brasileño Contra los Acuerdos Mercosur-UE y Mercosur-EFTA fue creado en septiembre de 2020 para actuar en el enfrentamiento de los desmontes y desmandamientos promovidos en la gestión del expresidente Jair Bolsonaro en el área de comercio internacional. En el período de transición para el nuevo gobierno elegido, el Frente actuó, con propuestas,  en los GTs de Medio Ambiente, Participación Social y Relaciones Exteriores. Son parte de la coordinación colegiada del Frente: Fase (Educación y Solidaridad, Inesc (Instituto de Estudios Socioeconómicos), Amigos de la Tierra Brasil, Rebrip (Red Brasileña por la Integración de los Pueblos), Internacional de los Servicios Públicos (ISP), Red Jubileo Sur y Contraf Brasil (Confederación Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras en la Agricultura Familiar). El Seminario cuenta con el apoyo de Misereor y de HEKS.

SERVICIO
Seminario Internacional “La retomada de la democracia en Brasil: el rol de la política externa y del comercio internacional”
Cuando: 6 y 7 de febrero (lunes y martes)
Donde:  Centro Cultural de Brasilia – SGAN 601 Módulo D – Asa Norte, Brasilia – DF
Programación completa AQUÍ.

Conferencia de Prensa
Cuando: 7 de febrero (martes), las 14h
Donde: Plenario 12 de las Comisiones – Anexo 2 del Congreso Nacional

International seminar warns about the impacts of the European Union-Mercosur Agreement on the Amazon and South American countries

Organisations warn about the absence of participation of civil society during the negotiation process and expect the Lula administration to reopen the Agreement signed in the Bolsonaro administration after 20 years of negotiations. With the presence of ministers, MPs from Brazil, the European Union and Mercosur, the activity calls the attention to economic and socioenvironmental threats in case the Agreement is sent to be ratified.

CLICK HERE to check out the complete seminar schedule in portuguese

Access by clicking HERE the document of the Brazilian Front against the Mercosur-EU Agreement warning about the damage that the treaty can bring to Brazil and other countries of the South

On 6 and 7 February in Brasilia, an International Seminar will take place with the name “Retaking democracy in Brazil: the role of foreign policy and international trade”. Confirmed presences in the event are member of the Mercosur Parliament (Parlasur) Ricardo Canese, eurodeputies Ana Cavazzini, Miguel Urban and Michèle Rivasi, besides Brazilian MPs Fernanda Melchionna, Duda Salabert and Nilto Tatto. Representatives of civil society, social movements and international organisations will also participate in the event.

The goal is to establish a democratic dialogue between the government, MPs and civil society about the threats of the European Union-Mercosur Agreement, especially to the peoples of the Amazon and South-Americans.

The Brazilian Front Against the Mercosur-EU and Mercosur-EFTA Agreements, promoter of the activity, considers the trade agreement with European countries outdated and uneven. It reinforces the need for widening the debate with civil society. “We acknowledge the relevance of strengthening political, commercial and cooperative relationships with the European Union, but they need to be based on legitimate and transparent negotiations, with great participation of civil society, besides acknowledging the socioeconomic and climatic challenges of our times”, states Maureen Santos, coordinator of the National Assisting Group of FASE (Socio-educational Assistance Foundation).

The way it is, the Agreement incentivises the increase in agricultural production for export in the Mercosur countries, thus accelerating environmental destruction and limiting the possibilities of social and economic development for small farmers, original peoples and other traditional communities. “The Agreement does not contain any compulsory environmental clause, nor does it establish a legal frame or space for litigation in case of conflict, which undermines the possibility of effective reparation actions for violations of human and land rights”, says Tatiana Oliveira, political assessor of INESC (Institute for Socioeconomic Studies).

The expansion of the production of soy, maze, meat and minerals in this region in the last years is responsible for serious socioenvironmental conflicts, which can intensify with the reduction or elimination of trade tariffs. The Agreement must facilitate the increase in imports of pesticides from Europe which are banned in their original countries, and of combustion engine cars which already are produced in Brazil. From an environmental and climatic point of view, the Agreement contributes to the increase in emissions of greenhouse gases and to the deforestation in the Amazon. It also benefits European transnational corporations in a disproportionate way and furthers deindustrialisation in Mercosur. “Negotiations in international politics must also follow the present government’s commitment with retaking social participation. The Front defends that the new models of commerce which respond to the needs of the peoples and today’s historical context must be based on the principles of solidarity, equality, cooperation, sustainability and democracy”, says Lúcia Ortiz, from Friends of the Earth Brazil.

Before the seminar, there will be a three-day field visit with MPs and invited journalists to Santarém (PA). On that occasion, they will visit areas which have been deforested by agribusiness, ports and logistic infrastructures for export of commodities, followed by conversations with traditional and rural communities in the area.

A front in defence of democracy – The Brazilian Front Against the Mercosur-EU and Mercosur-EFTA Agreements was created in September 2020 to fight the dismantling and mismanagement which occurred in the former president Jair Bolsonaro’s administration in the area of international trade. In the period of transition to the new administration, the Front acted with proposals in the Work Groups of Environment, Social Participation and Foreign Affairs. The members of the Front’s collegiate coordination are: FASE (Education and Solidarity), INESC (Institute for Socioeconomic Studies), Friends of the Earth Brazil, REBRIP (Brazilian Network for the Integration of Peoples), Public Services International (PSI), South Jubilee Network and CONTRAF Brazil (National Confederation of Workers in Family Farming). The Seminar is supported by Misereor and HEKS.

SERVICE

International Seminar “Retaking democracy in Brazil: the role of foreign policy and international trade”

When: 6 and 7 February (Monday and Tuesday)
Where:  Centro Cultural de Brasília – SGAN 601 Módulo D – Asa Norte, Brasília – DF
CLICK HERE to check out the complete seminar schedule in portuguese


Press Conference
When: 7 February (Tuesday), at 2 p.m.
Where: Plenário 12 of Commissions – Annex 2 of the National Congress

Pulverização de agrotóxicos é debatida no Fórum Social Mundial de Porto Alegre

Famílias assentadas, organizações e movimentos sociais debatem problemáticas da pulverização de agrotóxicos no Fórum Social Mundial de Porto Alegre e constroem aliança para garantir a produção de alimentos sem veneno

Importância da solidariedade internacionalista e da articulação entre países da América Latina para combater o avanço dos agrotóxicos é enfatizada nos debates. Foto: Maiara Rauber

Nos dias 23 e 24 de janeiro, as famílias Sem Terra participaram do Fórum Social Mundial de Porto Alegre e debateram sobre as problemáticas da pulverização aérea de agrotóxicos na mesa ‘Povos contra agrotóxicos na República Sojeira’.

Também estiveram presentes representantes do Movimento Ciência Cidadã, em colaboração com Multisectorial Paren de Fumigarnos (AR), Red Nacional de Accion Ecologista (Renace – AR), Instituto de Salud Socioambiental da Universidad de Rosario (AR), Famílias do PA Santa Rita de Cássia II e Integração Gaúcha, Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares (RENAP), Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra (MST RS), Rede Irerê de Proteção à Ciência, Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais (InGá), Terra de Direitos, Amigos da Terra Brasil, Associação Brasileira de Agroecologia (ABA), Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN), Comissões de Produção Orgânica (CPORG), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Cooperativa Central dos Assentamentos do RS (COCEARGS), Instituto Preservar, Jornal Brasil de Fato RS, Rede Soberania e GT-Saúde/Abrasco.

A mesa, dividida entre dois encontros, contou com troca de relatos e experiências entre companheiros de luta do Brasil e da Argentina. A partilha foi de vivências forjadas pelas desigualdades do capitalismo, que avança com um modelo de produção de alimentos primário exportador (o agronegócio) de alto impacto negativo nos biomas, responsável por danos irreversíveis nos territórios além de inúmeras violações de direitos destes e dos povos. Modelo assinalado ainda por uma relação de dependência econômica do Sul Global em relação ao Norte, que incide no cotidiano de pequenos produtores rurais por meio da violência, destruição da sociobiodiversidade, poluição, envenenamento, falta de incentivo via políticas públicas, desestruturação de suas formas de produção e de vida e perseguição política.

Mas para além do descaso do estado e do desamparo presente nos relatos, o otimismo da vontade foi o horizonte das pautas discutidas. De forma propositiva, também foram elencadas estratégias para barrar a deriva de agrotóxicos, a pulverização aérea de veneno e as violências contra pequenos produtores rurais, propondo o direito à terra, trabalho, comida e à produção de alimentos saudáveis. Na confluência de saberes e realidades, os movimentos e coletivos presentes se fortaleceram, dando início a uma aliança latinoamericana para dar um basta às violações dos corpos, territórios e da natureza imposta por uma minoria muito rica que comanda o agronegócio.

Visita a assentamentos conta com troca de experiências entre Argentina e Brasil e proposição de reivindicações coletivas para barrar as violências dos agrotóxicos nos países

No primeiro dia da atividade ‘Povos contra agrotóxicos na República Sojeira’’, foi realizado um roteiro de reconhecimento dos espaços atingidos pela pulverização aérea nos últimos anos. Inicialmente os participantes reuniram-se no Viveiro Bourscheid, no Assentamento Santa Rita de Cássia II, em Nova Santa Rita, na região Metropolitana de Porto Alegre (RS). O viveiro é o único com certificado orgânico no Rio Grande do Sul. Espaço que resiste às derivas e as ameaças latentes advindas dos agrotóxicos pulverizados nas proximidades, apontando que outros caminhos para a produção de ervas, temperos, hortaliças e medicinas da natureza, assim como o sonho de uma alimentação saudável, são uma realidade não apenas possível, mas que já vem sendo construído na prática. Realidade que também se traduz na segunda visita do dia, realizada em outra propriedade de assentados da região, muito reconhecida pela produção de morangos orgânicos.

Nos locais os visitantes tiveram uma contextualização histórica sobre o processo de produção de alimentos orgânicos e agroecológicos, assim como das lutas cotidianas travadas pelos assentados. Houve a identificação dos problemas enfrentados, das estratégias adotadas e das implicações das pulverizações de agrotóxicos na vida das famílias afetadas. Também foram apresentadas as articulações com comunidades urbanas e laços estabelecidos com a sociedade local e regional.

O assentado e produtor de mudas Adir Bourscheid, um dos primeiros a relatar a deriva da pulverização de agrotóxicos na região de Santa Rita. Foto: Maiara Rauber

As famílias dos assentamentos de Reforma Agrária Itapuí, Santa Rita de Cássia II e Integração Gaúcha relembram os momentos que enfrentaram em 2020 e 2021, nas quais foram atingidos pela deriva de agrotóxicos pulverizados por aviões agrícolas utilizados por grandes produtores de arroz convencional do município de Nova Santa Rita. Os herbicidas afetaram a saúde de agricultores, moradores, culturas orgânicas, animais e agroecossistemas locais, como consequência de voos rasantes de aviões com agrotóxicos sobre e nas proximidades das áreas dos assentamentos, onde se concentram também algumas das áreas de maior produção de arroz agroecológico da América Latina.

Entre os diversos sentimentos presentes, esteve a tristeza pelas violações nos territórios, com impactos traduzidos em estiagens prolongadas, como a de 2020, no envenenamento das águas, e nas ameaças constantes das pulverizações. Foram evidenciados casos de câncer devido ao contato com o veneno, doenças de pele, alergias, bolhas na pele, adoecimento e enfermidades tantas.

A partilha de relatos sobre a realidade da vida no campo, com enfoque na produção agroecológica, contou com falas como a da companheira argentina Flavia Zenotigh, da organização Mujeres Rurales Campo Hardy y Zona. Ela abordou os impactos do modelo do agronegócio e dos agrotóxicos na vida das mulheres argentinas do campo, que muitas vezes passam por situações como abortos espontâneos pelo contato com o veneno, ou nascimento de crianças com doenças e deformações. Além de um cotidiano evidenciado pela perda de suas crianças, revelou ainda que o câncer alcança índices elevados em seu território, afetando drasticamente as companheiras. Contexto situado dentro da conivência do estado Argentino, que como expôs sua fala, adota políticas que dão as costas aos pequenos agricultores. “E a justiça não nos escuta”, acrescentou. Caso semelhante ao do Brasil, e até mesmo de Santa Rita, com fiscalização que em uma das denúncias feitas demorou 15 dias para ser realizada.

Flavia Zenotigh, da organização Mujeres Rurales Campo Hardy y Zona, abordou os impactos do modelo do agronegócio e dos agrotóxicos na vida das mulheres argentinas do campo na Argentina. Foto: Maiara Rauber

O assentado e produtor de mudas Adir Bourscheid, um dos primeiros a relatar a deriva da pulverização de agrotóxicos na região de Santa Rita, comentou: “Em 2015 fomos atingidos pela primeira vez e ninguém dizia que era veneno, era falado que era falta de água. Tinha veneno por cima de tudo, eu denunciei. Chegamos aqui e construímos o que construímos para persistir na terra, persistir em ir contra o veneno. É difícil fazer uma muda orgânica, mas não vamos parar, porque primeiro de tudo vem a saúde”.

Os impactos das derivas também se dão na vida econômica dos produtores, com perdas que podem comprometer a subsistência das famílias, a ida a feiras e o abastecimento com alimentos em regiões inteiras. Adir resgatou ainda a conexão política com a pauta, mencionando a importância do Movimento Sem Terra e das políticas do governo de Lula para que pudessem tocar o projeto do viveiro.

A questão, que como o próprio assentado e produtor orgânico de morangos, Olímpio Vodzik, ressaltou, vai para além da terra. Olympio, além de contar a história de sua propriedade e a importância da produção agroecológica, que garante inclusive a potabilidade das águas e o equilíbrio ecológico dos locais, destacou a importância dessa forma de produção na fertilidade do solo, na diversidade da vida. E o quanto desde que se assentou no local, numa relação afetuosa com o espaço e sem uso de venenos, foi possível perceber melhorias neste.

A questão, que como o próprio assentado e produtor orgânico de morangos, Olímpio Vodzik, ressaltou, vai para além da terra. Foto: Maiara Rauber

A violência permeia os relatos da resistência contra a pulverização de agrotóxicos no Brasil e na Argentina. Mas para além dela, a indignação, na coletividade e construção das lutas, se torna mobilização para seguir. O assentado do MST, João Vitor de Almeida,  insistiu na cooperação, articulação das lutas, e pressão dos de baixo ao poder público e à justiça para garantir o direito à terra, produção, trabalho e vida digna. “A última vez que nós ficamos muito sufocados era cinco horas da manhã e o avião estava passando. E às cinco da manhã é hora que ninguém fiscaliza. E se as famílias não reclamam, elas não se movimentam. O agronegócio vai corrompendo e vai criando mecanismos que tornam tudo possível novamente. Então a lei é importante, mas mais importante é a consciência e a mobilização das famílias, de que não é possível conviver com agroecologia e agronegócio”, relatou. Evidenciando a importância das alianças de luta, João complementou: “ Temos que juntar todas nossas forças possíveis para que a gente possa produzir alimentos saudáveis, cuidar do ambiente, da terra e do nosso trabalho. E é isso que temos feito nos últimos anos, enfrentando todas as dificuldades possíveis. E o que estamos propondo, diante de todas as dificuldades que enfrentamos é que nós precisamos ampliar essa relação para um processo de luta maior a partir das comunidades locais. Porque uma árvore não se planta de cima para baixo, e nós temos que produzir a luta de baixo para cima”.

Encontro na Assembleia Legislativa apresenta reinvindicações das lutas e proposições para frear o agronegócio

No segundo dia (24) do Fórum Social Mundial de Porto Alegre, o debate da temática, desta vez aberto ao público, teve sequência na Assembleia Legislativa do RS. Lá, trouxe reflexões a nível de América Latina, de Brasil, mas também abordou informações mais específicas dos casos ocorridos em Nova Santa Rita e Eldorado do Sul, assim como em Santa Fé (AR).

Carlos Manessi, da Multisectorial Paren de Fumigarnos (AR), explanou sobre a realidade Argentina. “As condições são as mesmas, temos agora na Argentina  o presidente Alberto Ángel Fernández ,respaldado pelo CEO da Syngenta, principal promotora desse modelo que temos agora em presidência. Falo para que tenham ampla ideia. Manessi acrescentou ainda que em Santa Fé há 20 milhões de hectares cultivados com soja: “Na nossa província, local da qual venho, temos três milhões e meio de hectares, 70% do nosso território está coberto com soja. Isso corresponde a 70% das terras cultivadas. É muitíssimo. É monocultura, monocultivo demais. Demais”, situou.

Em sua fala, abordou os casos de inundações, secas, contaminação de rios e desmontes decorrentes do modelo do agronegócio, diretamente relacionado ao uso de agrotóxicos e transgênicos. “Santa Fé perdeu 50% da colheita. Uma lagoa com 20km de peixes mortos pela seca em grande lagoa que temos. São impactos tremendos que estamos sofrendo”, contou, estabelecendo um paralelo com os impactos na saúde coletiva.  “Os impactos na saúde são muito grandes e não podemos seguir permitindo que nossos vizinhos sofram o que sofrem agora. Então a nossa ideia na Pare de Fumigarnos e esse coletivos de organizações é, para começar, garantir mil metros livres de fumigação… Não podemos permitir mais isso tudo. Vocês no Brasil, nós na Argentina, e paraguaios, uruguaios e bolivianos”.

Manessi também refletiu sobre a importância desse intercâmbio de informações entre organizações e movimentos de luta, inclusive como ação estratégica para frear a emergência climática: “Somos parte do ambiente, a cadeia do sistema agroindustrial é responsável por quase de metade dos gases de efeito estufa de efeito global. A mudança climática que presenciamos e sofremos está fortemente influenciada por esse modelo de produção agroindustrial. Esse sistema de produção agrária com toda cadeia de valor produz mais de 50% por cento dos gases de efeito estufa que nos leva à mudança climática”.

Somando nessa fala, Gabriel Adrian, do Instituto de Saúde Socioambiental da Universidade Nacional de Rosário (AR), elucidou que as articulações de luta reconhecem a necessidade de transformar o modelo do agronegócio, que gera doenças, mortes e consequências socioambientais nefastas. “Nesse século enfrentamos alguns desafios na saúde coletiva que tem a ver com aquecimento global, com surgimento de futuras pandemias. O modelo agroindustrial gera condições para que possam emergir novos microrganismos com potencial pandêmico, com a forma que são criados industrialmente os animais”, explicou, contextualizando que hoje vivemos em ambientes repletos de substâncias tóxicas como nunca ocorreu em outro momento da história. “Frente a todas essas ameaças, o que os companheiros querem reivindicar não se trata de nada mais que uma forma de produzir, um modo de vida.  Entendemos que os modos de vida agroecológicos são reivindicados porque são os modos de vida que nos permitem enfrentar todas essas ameaças e desafios”, sintetizou.

Adrian defendeu ainda que os sistemas agroecológicos são resilientes,  capazes de captar a sociobiodiversidade: “Frente a possibilidade de sofrimento de pandemias, os sistemas agroecológicos são os sistemas que defendem a imunidade coletiva, de toda sociedade. Contra a carga tóxica que há no ambiente, na água, no solo, no ar, os sistema agroecológicos são os que nos permitem recuperar os territórios para vivermos de modo saudável”, demarcou. Em sua exposição, reconheceu a importância da trajetória construída nas lutas, mas questionou quais compromissos  devem ser assumidos desde o setor da saúde para estar à altura histórica do momento em que estamos vivendo. “Por mais que tenhamos ideias e linhas de trabalho, é necessário recuperar desde as vivências que têm as comunidades e povos. É preciso transformar o sistema de saúde atual em um sistema capaz de produzir saúde”, comentou.

Adalberto Martins, da direção nacional do MST, apresentou em dados a problemática do agronegócio em nosso país, relacionando ao caso argentino. Evidenciou que o Brasil é o maior consumidor de veneno,  assinalando  que grande proporção dos agrotóxicos consumidos aqui são proibidos em seus países de origem.  “No Brasil, nas nossas lavouras temporárias que deveriam ser produção de alimentos, estão destinados em três cultivos: soja, milho e cana. Falamos de cerca de 40 milhões de hectares de soja, outros 22 milhões de milho, nove milhões de cana..  Isso implica para nós uma imensa concentração de riqueza, uma imensa concentração de terra, uma imensa concentração de insumos, e nesse caso os agrotóxicos saltam aos olhos no caso brasileiro. Nós somos o maior consumidor de veneno do mundo”, anunciou.

Adalberto Martins, da direção nacional do MST, apresentou em dados a problemática do agronegócio em nosso país, relacionando ao caso argentino. Foto: Maiara Rauber

A advogada e ouvidora da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Marina Dermmam destacou em sua fala o descaso do poder público em relação a fiscalização de crimes vinculados à agrotóxicos, mencionando a relevância do trabalho jurídico realizado para ajudar as famílias atingidas por pulverização aérea de agrotóxicos em Nova Santa Rita. “Os agrotóxicos podem violar uma série de direitos humanos, em especial os direitos que chamamos de DHESCAs (Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais). A gente tem uma série de legislações muito protetivas aqui no Brasil, especialmente que surgiram na década de 80 e 90: o nosso plano nacional de meio ambiente, a política nacional de meio ambiente, leis de crimes ambientais, de fato são muito protetivas, mesmo no que teve em desregulamentação no último momento que vivemos. Mas é um grande desafio quando vamos no sistema de justiça procurar responsabilidade”, mencionou. Marina manifestou ainda a importância dos polígonos de exclusão, locais em que a pulverização de agrotóxicos deve ser proibida.

Acordo Mercosul-União Europeia: acordo comercial sem participação dos afetados intensifica projeto neocolonial de superexploração dos povos e territórios no Sul Global

Para além das lutas cotidianas nas bases dos territórios, abordadas nos encontros do “Povos contra agrotóxicos na República Sojeira”, foi dimensionada como estas se travam dentro da geopolítica global. Na correlação de forças entre centro e periferia do sistema capitalista, países embobrecidos por esta economia hegemônica, como os da América Latina, são grifados pela violenta situação de dependência escancarada no modelo primário agroexportador do agronegócio. Modelo que privilegia o desenvolvimento dos países colonizadores, como os membros da União Europeia, a partir do subdesenvolvimento e superexploração do Sul Global.

Na prática, um acordo que intensifica o racismo ambiental, o ecocídio, a mercantilização da natureza e o genocídio dos povos indígenas, quilombolas,  ribeirinhos, tradicionais, campesinos e das periferias, que são os mais afetados pela emergência climática. Emergência essa causada pelo capitalismo e diretamente fomentada pelo agronegócio, ainda mais tendo em vista que o maior motivo de emissões de gases poluentes da atmosfera no Brasil é a alteração de uso de solos, via desmatamento para a ampliação da fronteira agrícola.

Exemplos que escancaram essa realidade são acordos como a Alca, barrado pelas lutas anos atrás. Caso que a assentada do MST e atingida pela pulverização de agrotóxicos, Graciela Almeida, trouxe a memória evidenciando a necessidade de uma rearticulação para também vetar o Acordo Mercosul- União Europeia, agora em abertura de diálogo no governo Lula.

Graciela Almeida, trouxe a memória evidenciando a necessidade de uma rearticulação para também vetar o Acordo Mercosul- União Europeia, agora em abertura de diálogo no governo Lula. Foto: Maiara Rauber

Logo, na luta contra a exploração dos corpos, territórios e da natureza na América Latina, este acordo é mais um ponto a ser considerado. Ele se relaciona diretamente com o avanço do agronegócio, que traz o uso de agrotóxicos que poluem águas, solos, afetam a saúde e integram um modelo de produção desigual. Graciela abordou essa situação de dependência econômica prolongada pelo Acordo, assim como o uso de agrotóxicos como armas químicas a qual estão submetidas as comunidades. O Acordo Mercosul-União Europeia a maioria das pessoas  desconhece. Quem conhece um pouco, e um pouco porque nem sequer foi traduzido nas línguas dos países que supostamente estão envolvidos, sabe muito bem que é uma nova exploração dos nossos territórios.  É um aprofundamento da exploração do sistema capitalista nos nossos territórios e nos nossos corpos. E isso significa que a fronteira da soja, a república unida da soja como falava a Syngenta, vai querer se expandir muito além. E isso vai acontecer com todas as monoculturas se nós não paramos, não conversamos e dizemos para esse novo governo que não queremos mais exploração nos nossos territórios”, situou Graciela quanto a necessidade de incidência das lutas neste Acordo.

Encontros fortalecem as alianças entre movimentos e organizações que assumem o compromisso no processo de conscientização da sociedade da América Latina

Leonardo Melgarejo, do Movimento Ciência Cidadã, explicou a importância dessa atividade multi-institucional que envolveu ativistas que lutam contra o agrotóxicos na América Latina, e contou com uma comitiva de quatro instituições da Argentina. “Nós discutimos um fato básico, temos doenças que são as mesmas, que afetam as famílias de todos os países da América Latina, que são causadas por agrotóxicos que são os mesmos comercializados com instituições que são as mesmas. Precisamos estabelecer uma forma de defesa conjunta para atuarmos de uma mesma maneira e não isoladamente, para atuarmos conjuntamente contra este problema que se associa aos avanços das lavouras transgênicas, das lavouras geneticamente modificadas tolerantes agrotóxicos que estão inundando os nossos territórios”, declarou.

Foi concluído no final do debate a importância de superar processos de alienação da sociedade de todos os países da América Latina, pois segundo Melgarejo a água que habita, que dá vida aos territórios da América Latina está sendo contaminada de maneira irreversível sendo que essa água faz parte dos organismos, das crianças, idosos, e também nos rios, lagos e aquíferos. “Uma maneira de tirar esse veneno dos espaços é evitando que ele chegue lá. Para isso temos que estabelecer mecanismos de comunicação que ajudem a sociedade a tomar consciência do problema que está em andamento e esses mecanismos exigem que nós pautamos ações em comum em conjunto nos vários espaços ao mesmo tempo”, reforçou o integrante do MCC.

Um dos exemplos citados por Melgarejo é o documento produzido pelas famílias assentadas de Nova Santa Rita, o qual conta a sua história e as estratégias que vem desenvolvendo para estabelecer essas alianças com as populações urbanas. Para fortalecer o documento estão captando assinaturas de adesão para levar adiante a sociedade do que acontece aqui no Rio Grande do Sul e que por extensão é o que acontece em todo o conjunto da América Latina.

Por fim, Melgarejo encarou o encontro positivamente, ao destacar a relação estabelecida com companheiros de lugares diferentes da América Latina. E novas etapas dessa luta conjunta já estão previstas. Segundo Leonardo, em junho deste ano haverá um momento na Universidade de Rosário, na Argentina, durante o Congresso de Saúde Coletiva e Saúde Ambiental. Outro encontro será realizado em novembro na cidade do Rio de Janeiro, no Congresso Brasileiro de Agroecologia (ABA).

“Nesse meio tempo nós temos um compromisso de apoiar as instituições que trabalham nessa linha e ajudar a proteger esses ativistas que estão envolvidos com essas ações de proteção, pois eles são perseguidos, discriminados e ameaçados. Devemos construir gradativamente esse processo de conscientização da sociedade da América Latina, e tomar medidas em conjunto para superar essa crise”, finalizou Leonardo Melgarejo.

Acesse o documento na integra.

Texto por Maiara Rauber e Carolina Colorio Reck

Confira alguns dos registros das atividades na nossa galeria de fotos: 

 

Créditos: Carolina C.

Não foi possível estar presente? Confira a transmissão ao vivo  da atividade na Assembleia Legislativa, que conta com apresentação da Carta dos atingidos pela deriva de agrotóxicos e debate internacionalista, da sociedade civil, movimentos e organizações sobre a pauta

Transmissão ao vivo

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Saiba mais sobre a luta contra o Acordo Mercosul- União Europeia na matéria “Delegação brasileira faz Jornada na Europa para denunciar os impactos do Acordo Mercosul-União Europeia”

E aqui você confere  o posicionamento da Frente Brasileira Contra o Acordo Mercosul-UE, que foi apresentada ano passado no Parlamento Europeu 

O modelo, a inserção internacional e o ambiente no Mercosul: o Governo Lula como uma oportunidade

Na sua campanha, o presidente brasileiro falou da revisão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE), aceito por Bolsonaro após 25 anos de negociações. A transformação proposta pela UE contra uma mudança profunda que melhoraria as perspectivas da região. Pobreza, indústria e extrativismo no centro das atenções.

Por Lucia Ortiz, Viviana Barreto e Natalia Carrau (*)

No processo eleitoral altamente polarizado do Brasil, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deixou algumas pistas que mais tarde retomou no seu discurso na noite do segundo turno das eleições, quando a sua vitória já era conhecida, em 30 de Outubro de 2022. O seu discurso foi marcado pelas prioridades do governo, tanto na política interna como internacional. O foco foi fortemente orientado, por um lado, para a luta contra a fome e a pobreza e, por outro, para o reposicionamento do Brasil como um ator importante nos debates regionais e internacionais.

Segundo o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, e conselheiro de Lula para os assuntos internacionais, um dos pontos da agenda internacional proposta refere-se à necessidade de rever o acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul, cujas negociações começaram há quase um quarto de século sem nunca terem sido ratificadas ou debatidas publicamente. Após a derrota da proposta de Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) como uma vitória regional popular que marcou a história dos governos progressistas no início dos anos 2000, o acordo UE-MERCOSUL foi negociado durante mais de duas décadas a portas fechadas, sem grandes progressos, até ser anunciado como fechado e acordado durante o governo de extrema-direita de Bolsonaro em 2019.

É especialmente importante analisar a perspectiva do acordo UE-MERCOSUL no novo contexto geopolítico e à luz dos compromissos do novo governo para garantir a participação social efetiva na formulação de políticas públicas internas e externas. E em termos regionais, é essencial considerar os riscos e oportunidades de uma forma integral, avaliando a região como um território comum onde comunidades, povos e bens comuns de grande importância coexistem.

A situação global, com as vulnerabilidades dos países e regiões – destacadas pela pandemia de COVID-19 e aprofundadas pelos impactos da guerra na Europa, localizada em territórios-chave para o fornecimento de energia e matérias-primas para a agroindústria – deve chamar a atenção para a discussão sobre as relações econômicas internacionais e o poder e controle que as empresas transnacionais têm para determinar os fluxos comerciais e de investimento e os desenhos produtivos dos países e territórios. É momento de colocar as necessidades sociais em primeiro lugar e enfrentar um modelo de comércio neoliberal obsoleto e neo-colonial, impulsionado pela oferta e exigências de mercado das empresas europeias.

A guerra comercial e tecnológica EUA-China, o desenvolvimento do projeto “Belt and Road” pelo gigante asiático, a construção do conceito de autonomia estratégica como orientação para a política internacional da UE, são exemplos claros das ações dos principais atores globais na busca de assegurar as melhores condições e os melhores recursos para a sua inserção internacional. Isso não é novidade. A evolução da UE reflete uma tendência crescente para a aplicação e exportação de regras e regulamentos protecionistas para si própria e extremamente liberalizadora e aberta a outras regiões. O conceito de autonomia estratégica pode ser interpretado como uma versão renovada e complexa do que foi outrora o lançamento da “Europa Global”. A guerra comercial e tecnológica entre os EUA e a China também não é nova, mas é agora que a UE está mais claramente a tentar sair na frente a fim de assegurar a sua quota-parte de recursos e mercados.

Na América Latina, este é um tempo de processos de mudança política num quadro de crises e tensões. Por um lado, o impacto devastador do último período do neoliberalismo, expresso em termos de aumento da desigualdade, um novo ciclo de concentração da riqueza com um recuo nas políticas públicas de bem-estar social e o avanço e reconfiguração do capital transnacional na região. Por outro lado, cenários de mudança política para a esquerda em vários países da América Latina num contexto de profunda polarização política, expansão da cultura do ódio e do conservadorismo e a deterioração das condições democráticas na vida pública.

Particularmente significativos são os movimentos e sinais dos governos do México, Argentina, Chile e Colômbia para reavivar a discussão sobre o regionalismo latino-americano e caribenho e as bases econômicas e políticas estratégicas sobre as quais a nossa relação com o mundo deve assentar. Este cenário é completado especialmente com a vitória eleitoral de Lula da Silva no Brasil, que tem sido fundamental na construção do diálogo político e no reforço institucional da integração regional e da solidariedade.

 

Desafios e riscos

Com os novos cenários políticos surge a necessidade de reposicionar velhos desafios e ponderar novos riscos. Em termos de inserção internacional e no contexto do MERCOSUL, o principal desafio para o movimento pela justiça ambiental reside em poder introduzir o debate sobre o modelo de produção à luz da insustentabilidade do modelo baseado no agronegócio e na exportação de minerais e agro-produtos. E este é um desafio partilhado com projetos políticos que promovem e lutam pela transformação social e por outros movimentos sociais, como os que lutam pela justiça social, trabalho digno e digno, soberania alimentar, justiça de gênero, igualdade racial, direitos dos povos indígenas e quilombolas, entre outros.

Responder à insustentabilidade do modelo implica pensar numa inserção internacional diferente. O principal perigo pode residir em continuar a desenvolver uma inserção internacional que aprofunde ainda mais a insustentabilidade do modelo. Avançar com o acordo entre a UE e o Mercosul sem abrir um debate com participação social sobre o seu conteúdo é, do nosso ponto de vista, um enorme risco.

Durante a campanha eleitoral, o Partido dos Trabalhadores (PT), na voz do próprio Lula, levantou em várias ocasiões a necessidade de renegociar o acordo de comércio livre assinado pelo Mercosul e pela UE. Embora no anúncio da assinatura do acordo fosse evidente que não existiam condições políticas para uma conclusão efetiva, nos últimos três anos foram levantadas objeções devido a desacordo na UE por razões centradas em políticas de proteção do setor agrícola ou preocupações sobre o impacto da política ambiental criminosa do governo de Jair Bolsonaro.

Apesar das numerosas perspectivas críticas desenvolvidas a partir de vários setores do movimento social e da esquerda latino-americana, a definição programática do PT no âmbito da campanha gerou, pela primeira vez, as condições reais para uma avaliação aprofundada dos impactos do tratado e não apenas uma leitura de alguns dos seus aspectos mais sensíveis.

A posição de Lula em relação à renegociação baseia-se no argumento central de que o tratado, tal como assinado, não respeita as necessidades de desenvolvimento do Brasil. Alguns elementos são particularmente preocupantes para o PT: restrições à implementação de políticas de reindustrialização, o impacto da abertura dos contratos públicos, maior regulamentação dos direitos de propriedade intelectual, comércio de serviços, negociações sobre tecnologia e os impactos do comércio bi-regional no ambiente.

O entusiasmo pela conclusão do acordo que vem da UE colide com a proposta de renegociação de Lula. Embora a intenção da UE tenha se concentrado na incorporação de alguns capítulos ou protocolos complementares que poderiam supostamente remediar as “fraquezas” do acordo em matéria ambiental, a nova correlação de forças estabelecida no Mercosul afirma a necessidade de mudanças profundas, mesmo em elementos que fazem parte da espinha dorsal do acordo assinado, tais como o espaço para a política industrial na região.

De uma perspectiva regional, isso deve ser visto como uma grande oportunidade para desenvolver uma discussão verdadeiramente ampla sobre alguns dos conteúdos do acordo que podem ter impactos mais prejudiciais para o nosso desenvolvimento em termos de justiça social e ambiental. Também nos oferece a oportunidade de discutir que outros modelos comerciais são hoje necessários para os povos e países da região, no contexto atual.

O texto do tratado impõe uma ampla liberalização sobre o comércio, que por parte do Mercosul é superior a 90% do total de mercadorias. Várias análises do impacto no comércio bi-regional mostram o efeito que teria no aprofundamento da matriz de intercâmbio com base na atual divisão internacional do trabalho. Segundo o estudo de impacto encomendado pela Comissão Europeia à London School of Economics, os setores econômicos que ganhariam no caso do Mercosul estariam concentrados na carne, soja e derivados, celulose, alguns produtos da indústria alimentar, tais como sucos, e outros alimentos processados, enquanto os perdedores seriam os setores industriais da produção automóvel, química e farmacêutica. A que devemos acrescentar as plantações de cana de açúcar e a indústria associada à produção de etanol, cujas quotas de exportação do MERCOSUL são consideravelmente aumentadas, principalmente a partir do Brasil. Para além de já ser uma produção altamente transnacional e agroquímica intensiva, mantém as características de enorme concentração fundiária e más condições de trabalho herdadas do período colonial, com graves impactos nos biomas da Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal e nos seus povos nativos. Do mesmo modo, e a uma escala diferente, no caso do Uruguai, há também possíveis impactos negativos na indústria leiteira e na produção de bebidas.

Este tratado ata as mãos dos países do Mercosul em relação à possibilidade de desenvolver políticas públicas para a transformação produtiva. A UE negou expressamente a possibilidade de introduzir cláusulas de proteção para o desenvolvimento de setores industriais ou disposições para a transferência de tecnologia em investimentos. Além disso, a entrada em vigor do tratado significa a abertura das compras estatais, a nível nacional e subnacional, a empresas europeias que poderiam competir em igualdade de condições com as empresas do Mercosul. E embora alguns países, como o Uruguai, tenham protegido os contratos públicos, as negociações de comércio livre avançam no sentido de uma maior liberalização, pelo que é de esperar que esta proteção seja condicionada ao longo do tempo ou que se exija a sua liberalização total. Desta forma, o Mercosul priva-se de uma importante política de promoção industrial, dando às empresas da UE altamente competitivas um mercado atrativo.

A preocupação com o impacto no ambiente não foi acompanhada de propostas eficazes para o seu tratamento, bem pelo contrário. O esquema comercial estabelecido por este acordo terá impacto na expansão da fronteira agrícola e extrativa primária – incluindo o setor da extração de energia – com um impacto profundo e bem documentado na justiça ambiental em termos de desmatamento, apropriação de terras, efeitos na biodiversidade, qualidade da água e contaminação dos alimentos por agroquímicos, violência e deslocação contra os direitos coletivos das comunidades. Segundo o relatório elaborado por Tom Kucharz para a ala esquerda do Parlamento Europeu, o comércio com a UE está diretamente relacionado com o desmatamento anual de cerca de 120.000 hectares no Mercosul.

A afirmação da Europa de que tem a intenção, os conhecimentos e os instrumentos para forçar os países do Mercosul a cumprir as suas quotas de exportação sem causar desmatamento ou contribuir para as alterações climáticas está, pelo menos historicamente, fora do contexto. Como o presidente argentino Alberto Fernández salientou durante uma cúpula do bloco sul-americano, a UE utiliza a Amazônia como desculpa para o protecionismo da sua própria economia e, podemos acrescentar, para os interesses das suas corporações transnacionais. Apesar da insustentabilidade das cadeias de produção destas empresas e do padrão de consumo crescente de recursos externos numa sociedade desenvolvida, insiste que a solução para o acordo seria um misterioso anexo ambiental elaborado pela Comissão Europeia, a ser aplicado unilateralmente ao Mercosul.

Tendo superado o desconforto de ter assinado um acordo em 2019 com o presidente fascista e antiambiental Jair Bolsonaro, a UE coloca nas mãos de Lula a expectativa de resolver os problemas que supostamente afligem o bloco europeu, sem medir as consequências das assimetrias abismais – desde as originárias da exploração colonial até ao mais recente e não menos brutal desmantelamento dos direitos humanos e da proteção ambiental e das próprias instituições democráticas do Brasil desde o golpe de Estado de 2016 contra a Presidente Dilma Rousseff.

Demorará muito mais de seis meses ou um ano para construir políticas ambientais e de participação social no Brasil. O governo de Lula já começou nos seus primeiros três dias com a revogação dos decretos anunciados pela equipe de transição durante o mês de Novembro de 2022. Entre os mais de 200 decretos presidenciais anunciados para serem revogados estão os que fazem da monitorização, controle e proteção dos biomas brasileiros e dos seus povos uma promessa impossível de cumprir, tais como a militarização, a presença de garimpo e tráfico, o armamento de milícias em grandes propriedades fundiárias, o esvaziamento total dos orçamentos/recursos e da participação social em organismos como o Conselho Nacional do Ambiente (Conama).

As fórmulas normativas apresentadas no processo de negociação são falsas soluções porque não resolvem, mas sim aprofundam o problema estrutural acima mencionado.

Uma verdadeira solução seria limitar a exportação de agrotóxicos produzidos pelas principais indústrias químicas europeias (BASF e Bayer-Monsanto), proibidos de serem comercializados na Europa, mas exportados para utilização na produção agrícola do Mercosul, que é exportada para a UE.

A incorporação de capítulos sobre objetivos de “desenvolvimento sustentável”, ou a implementação de políticas mais próximas dos interesses do protecionismo comercial do que de uma vocação de profunda justiça ambiental, não são soluções reais nem respeitáveis. Aparentemente, a UE está a trabalhar num “documento adicional” ao tratado, aplicável a ambas as partes, que detalharia ainda mais os compromissos relacionados com a “sustentabilidade ambiental e a luta contra as alterações climáticas”. Qualquer que seja o conteúdo deste documento, é difícil prever uma solução em profundidade sem um quadro completo de renegociação do tratado.

O tratado também antecipa as obrigações relativas à proteção privada da propriedade intelectual. Isso está claramente expresso na proteção dos direitos de autor, em que o prazo de proteção previsto pelas obrigações da OMC (Organização Mundial do Comércio) é ampliado. Além disso, é possível prever os progressos nas possibilidades de patentear sementes e variedades vegetais a partir da referência às duas versões da Convenção Internacional sobre a Protecção das Obtenções Vegetais (UPOV) de 1978 e 1991. A versão de 1991 é mais exigente do que a versão em vigor para os países do Mercosul.

No capítulo sobre o comércio de serviços, o tratado permite incorporar os serviços públicos no mercado bi-regional porque a exclusão é limitada aos serviços que são prestados no exercício dos poderes governamentais e em condições de não concorrência com os prestadores privados. Este é outro aspecto que deve ser reconsiderado numa eventual renegociação do acordo, tendo em conta a valorização social da educação pública e dos serviços de saúde durante a pandemia (como o Sistema Único de Saúde do Brasil), bem como a água e o saneamento básico. Estas questões, que são consideradas mercadorias na negociação, contradizem as declarações de Lula sobre o fim da privatização dos serviços no país a partir de 1 de Janeiro de 2023. Ao mesmo tempo, no processo de atualização dos respectivos tratados da UE com o México e o Chile, tem havido uma clara vocação para incorporar os padrões mais avançados nas negociações dos serviços.

Finalmente, foi revelada a intenção de algumas autoridades europeias de separar a negociação e assinatura do acordo comercial das relacionadas com o diálogo político e a cooperação, a fim de evitar a necessidade de ratificação pelos parlamentos nacionais de todos os estados membros da UE e do Mercosul. Com esta manobra, a máscara da política externa da UE caiu finalmente, e é evidente que a sua política externa é uma política neoliberal de comércio livre muito afastada das supostas preocupações sobre transparência, democracia, direitos humanos e cooperação para o desenvolvimento conjunto bi-regional e os processos pioneiros da integração regional.

Os desafios que enfrentamos na região são enormes e podem ser todos resumidos na análise das múltiplas crises baseadas na injustiça e na opressão. É num momento como o atual que temos de apostar em políticas de conteúdo renovado, de expansão num sentido democratizante e profundamente participativo.

Este compromisso deve também estar presente na reflexão sobre a inserção internacional e as formas em que os países da região – que continua a ser os mais desiguais do mundo – se integrarão e construirão um espaço político comum. Para tal, é essencial compreender que as agendas do livre comércio são contraproducentes para projetos políticos de transformação social, que a justiça deve estar no centro desses projetos e que a defesa da democracia deve ser um tema transversal comum em todas as políticas.

Num contexto em que a experiência atual continua a ser de negação da construção da democracia e do desmantelamento dos direitos dos povos por meio do uso extremo da violência, é necessário defender o valor da política e contestar as políticas públicas com princípios e orientações construídas por organizações e movimentos populares. A política de inserção internacional deve também responder aos princípios democráticos, deve ser alinhada com um projeto transformador inclusivo, baseado na justiça. Uma política de inserção internacional que responde às necessidades do povo e que está orientada para a sustentabilidade da vida e não para a reprodução do lucro.

 

*Lucia Ortiz (Amigos da Terra Brasil); Viviana Barreto (REDES – Amigos de la Tierra Uruguay); Natalia Carrau (REDES – Amigos de la Tierra Uruguay)
Foto principal: Agencia NA / Telam

Artigo publicado originalmente em espanhol no site argentino Canal Abierto em https://canalabierto.com.ar/2023/01/23/el-modelo-la-insercion-internacional-y-el-ambiente-en-el-mercosur-el-gobierno-de-lula-como-oportunidad/

Até quando as veias estarão abertas na América Latina?

Integrantes da Amigos da Terra, MST, RENAP (advogados populares) e APIB (indígenas) visitaram países europeus para denunciar os impactos do Acordo UE-Mercosul. Na foto, protesto na Alemanha. Crédito: Amigos da Terra Europa

A história da América Latina é marcada por uma espiral, na qual passado, presente e futuro se encontram e se distanciam em ciclos revisitados de exploração. Nossas independências nunca marcaram rupturas profundas com a hegemonia europeia. Desde que o capitalismo é capitalismo, temos um lugar periférico na divisão internacional do trabalho. Somos os que vivem sob as condições da superexploração do trabalho, dos territórios, para produzir uma riqueza extraordinária constante, que é diretamente transferida às potências globais. Assim, portanto, nosso subdesenvolvimento não é causa do nosso fracasso civilizatório, é estruturante para que outros se creiam desenvolvidos. 

A pilhagem colonial se reinventa nesses ciclos históricos. Antes, a barbárie da escravidão, da destruição da natureza, da violação dos corpos das mulheres, temas ainda cadentes e não resolvidos, que permitiram o acúmulo primitivo da riqueza dos países ditos desenvolvidos para constituírem seu avanço industrial e a estruturação de Estados sociais. Amargam ditaduras sangrentas quando a sombra de ideias revolucionárias perpassa o mundo, para que nos mantivessem presos na subordinação. Nos anos 90, a expansão do neoliberalismo nos prendeu nas dívidas externas, obrigando a vender todo nosso patrimônio nacional, a desregulamentar nossos setores, a sujeitar-nos aos comandos do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI) e Organização Mundial do Comércio (OMC). Eis a produção e reprodução da dependência.

Uma luz surgiu no final dos anos 90 e anos 2000 em vários países. A Venezuela, sempre na liderança revolucionária na região, Equador, Bolívia, Brasil, Argentina, Uruguai, Honduras e Paraguai tiveram a experiência da chegada de governos progressistas. Ainda que na reprodução de um modelo de desenvolvimento hegemônico, centrado na produção e exportação de commodities, os avanços de setores industriais como o petróleo, a cooperação sul-sul e a efetivação de políticas sociais avançaram e incomodaram muito. Por isso, a contrarrevolução foi brutal, os golpes arquitetados contra nossas democracias, com todo o requinte da guerra híbrida, passaram, mas deixam as forças auxiliares presentes da extrema-direita. Os donos do mundo, as empresas transnacionais, usam alguns fantoches de países desenvolvidos para recolocar as regras do jogo, a lex mercatoria no lugar, e interferem na soberania dos países para assegurar suas melhores posições no mercado internacional.

Hoje, governos progressistas retornam à Abya Yala. À exceção de Equador, Uruguai e Paraguai, vivemos um novo momento da esquerda. Certamente a eleição no Brasil, com a vitória de Lula, deu peso a esta nova onda. Se de um lado a América Latina busca forças para seguir respirando, a Europa encontra uma crise econômica com sua dependência energética com a Rússia, e os Estados Unidos (EUA) tentam uma corrida de hegemonia com a China. Nesse cenário, a pressão por novos tratados e acordos comerciais que sejam favoráveis à recolocação dos países desenvolvidos está crescente.

O desenvolvimento é sempre a chave utilizada para as políticas imperialistas. Como a desigualdade de inserção no mercado internacional nos condiciona a produtores de matérias-primas (commodities), estamos sempre buscando investimento estrangeiro direto e reduzindo nossos padrões de proteção social e ambiental. A onda de acordos que estão em negociação com a região, entre eles o Acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul e o Acordo de Associação Transpacífico, prevê a expansão da exportação de commodities, sem mensurar seus impactos sociais e ambientais e, ainda, a transferência de produtos e tecnologias defasadas para nossa região e a privatização de setores de serviços. Claramente, acordos com vantagens econômicas aos países do Norte e o aprofundamento da dependência para nós. 

O Acordo UE-MERCOSUL e o Brasil

Há mais de 20 anos, a negociação do Acordo UE-Mercosul, a portas fechadas, ficou estagnada. Em 2019, os países anunciaram a conclusão do acordo. No entanto, começaram movimentos da sociedade civil e de parlamentos de países europeus para evitar uma assinatura com o Governo Bolsonaro, com medo de serem associados ao momento crítico do desmatamento no Brasil. O presidente Lula, juntamente com o ex-chanceler Celso Amorim, ainda em campanha, anunciaram a intenção de revisitar o acordo na próxima gestão, com particular preocupação quanto a elementos como restrições à implementação de políticas de reindustrialização, impacto da abertura das compras públicas às transnacionais europeias, maior regulamentação sobre direitos de propriedade intelectual, comércio e privatização de serviços e os impactos do comércio bi-regional sobre o meio ambiente. Por outro lado, a União Europeia tem pressa e faz pressão para garantir suas cadeias de suprimento de energia, agro e minero commodities afetadas pela guerra na Ucrânia, e está propondo um protocolo adicional, com promessas sobre os impactos climáticos, para amenizar as críticas e resistências.

 O acordo tem como eixo central a exportação de matérias-primas pelo Brasil – como grãos, carnes e minérios, cujo modelo de produção gera conhecidos conflitos socioambientais no nosso país, e a importação de produtos industrializados de transnacionais europeias, muitos que já não são mais utilizados ou são até proibidos na Europa – como os agrotóxicos, que tanto afetam a saúde das pessoas e dos animais, a biodiversidade e a qualidade das águas. Em suma, não se trata de um acordo no qual duas partes saem beneficiadas; é mais uma solução neocolonial para a crise europeia. 

Nesta linha, Luana Hanauer, da Amigos da Terra Brasil, destacou que “O que está em jogo nos capítulos dos acordos comerciais com a Europa é perpetuar e aprofundar a agenda de violações e retrocessos dos direitos. O acordo acentua a reprimarização da economia brasileira e atualiza os dispositivos coloniais que mantêm a dependência do país em relação à Europa, além de incentivar a violência racista contra povos indígenas, comunidades negras, camponesas e tradicionais. Isso porque o dano ambiental, associado à expansão do desmatamento e do agronegócio, recai desproporcionalmente sobre os povos negro e indígena e, em particular, sobre as mulheres”.

Inspiradas nas lutas dos anos 2000 contra o Acordo de Livre Comércio das Américas (ALCA), 120 organizações da sociedade civil e movimentos populares construíram a Frente contra o Acordo UE-Mercosul. Desde 2020, a Frente vem realizando formações e diagnósticos dos impactos do acordo na vida da população brasileira, apresentando documentos de posicionamento, como a Carta à equipe de transição do governo. A Frente reafirma as consequências do aumento da exportação de commodities em troca da importação de carros, agrotóxicos, das privatizações e dos riscos para a economia nacional da restrição das compras governamentais, evidenciando como o texto beneficia a atuação das empresas transnacionais.

Em turnê realizada na Europa, ativistas brasileiros que compõem a Frente reiteraram oposição ao acordo e demandaram participação social com debate público, após o anúncio do governo eleito no Brasil da intenção de reabrir os diálogos com o Mercosul e, posteriormente, com a Europa, sobre o Acordo, especialmente para que sejam apresentadas as críticas e propostas populares sobre outros modelos de comércio, condizentes com as necessidades do povo brasileiro. Reabrir as negociações e frear seu avanço rumo à ratificação do Acordo pelos parlamentos nacionais, com compromisso de diálogo e participação popular, é também reconhecer a possibilidade de dizer não ao acordo, de ouvir as vozes das populações atingidas diante dos seus impactos sociais, ambientais e econômicos para um projeto popular e democrático de nação. Nas palavras de Graciela Almeida, liderança do MST (Movimento Sem Terra) no Assentamento Santa Rita, afetado pela pulverização de agrotóxicos no Rio Grande do Sul, “no acordo UE – Mercosul se pretende que, países como Brasil, continue sendo exportador de commodities e importador de agrotóxicos, entre outros. Transforma o agronegócio num grande negócio para poucos, submetendo as comunidades dos territórios de reforma agrária, territórios ancestrais, a todo tipo de violação de direitos humanos e da natureza”.

Que projetos de nação nos esperam

Muitas dúvidas pairam sobre os novos governos progressistas da América Latina; as mesmas condições de crescimento, com o boom de commodities de anos anteriores, não estão dadas. Países estão falidos, seja pelo fascismo, pela pandemia de COVID, com populações empobrecidas, especialmente o Brasil. Qual será a resposta de inserção econômica no mercado mundial que irão construir? 

Luis Lacalle, presidente do Uruguai, anunciou na recente cúpula do Mercosul a intenção de assinar o Acordo de Associação Transpacífico, sem qualquer consulta ou diálogo com o Mercosul, fragilizando o bloco. Por isso, recebeu duras críticas de Alberto Fernández, presidente da Argentina, para quem a negociação de acordos comerciais internacionais cada vez envolve menos a solidariedade entre os países. No mesmo momento, o Peru, assim como a Argentina, vivem sob forte pressão da direita para retomar o poder, com o uso da máquina do lawfare. Desse modo, está a pleno as táticas de cooptação de lideranças e do exemplo pedagógico do terror, para engrossar o caldo dos desafios dos novos governos.

Embora os povos de nossa América sejam muito aguerridos, nas lutas e organizações políticas – não à toa a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), essência do projeto imperialista americano, foi derrotada no último ciclo de governos progressistas com base na  força de um referendum popular regional, nossa governabilidade é sempre um caminho de poucas escolhas diante de nossa subordinação ao mercado mundial. Os arranjos políticos que levaram a vitórias eleitorais e as derrotas ao fascismo certamente condicionarão essas escolhas. Resta saber que tipo de semente tais governos irão semear neste novo ciclo. 

Serão os primeiros passos rumo à superação de nossa dependência? Se este for o caminho, as velhas formas de acordos comerciais e tratados de livre comércio, revisitados criticamente e à luz do atual momento histórico e dos compromissos de um novo governo no Brasil, suleado pelo combate à fome e pela qualificação (e não privatização) dos serviços públicos essenciais à garantia de direitos, deverão nele florescer as iniciativas econômicas emancipatórias populares, solidárias e feministas que, na resistência, sustentaram a vida e a política nesses duros anos de obscuridade, abrindo alas para uma reconstrução democrática no país. Se as apostas trilharem outros rumos, norteados por interesses empresariais neocoloniais, a história se repetirá, e o ciclo da espiral novamente estará longe de se quebrar.

* Coluna publicada no site do jornal Brasil de Fato em: https://www.brasildefato.com.br/2022/12/20/ate-quando-as-veias-estarao-abertas-na-america-latina 

209 organizações da sociedade civil dizem: os acordos comerciais da União Europeia (UE), entre eles o Mercosul-UE, não podem minar os direitos democráticos!

Para contornar as críticas de alguns governos e parlamentos da UE, a Comissão Europeia quer mudar o processo de votação para os próximos acordos comerciais com o México, Chile e países do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) e tornar mais fácil e rápido para a UE aprovar os acordos. As organizações da sociedade civil se opõem a este movimento porque ele mina os direitos democráticos.

Esta tentativa de “cisão” pela Comissão Europeia significaria que os pilares comerciais dos acordos de associação com países terceiros seriam adotados sem exigir o consentimento de todos os estados membros da UE no Conselho do bloco, e sem exigir qualquer ratificação nacional. Isso seria um ataque à democracia e um sério desvio das regras e práticas atuais de tomada de decisões comerciais, segundo as quais os acordos de associação são aprovados por unanimidade pelos governos da UE, bem como por uma maioria no Parlamento Europeu e por todos os parlamentos em nível nacional.

A manobra da Comissão Europeia é uma forma cínica e técnica de garantir que os acordos comerciais que ela negocia entrem em vigor rapidamente, apesar de sua controvérsia sobre questões de desmatamento, mudança climática e violações dos direitos humanos. A manobra deixaria de lado a oposição de alguns governos da UE e parlamentos nacionais e/ou regionais.

No caso do acordo UE-Mercosul, por exemplo, essa cisão evitaria a oposição dos parlamentos da Áustria, Holanda, Valônia e Bruxelas, já que sua aprovação não seria mais necessária. O mesmo vale para as posições atuais de alguns governos, como o governo francês, que afirmam que não podem ratificar o acordo UE-Mercosul em sua forma atual por causa de seus impactos negativos na sustentabilidade: eles não teriam mais poder de veto no Conselho da UE. Iria também contra as diretrizes de negociação dadas à Comissão Europeia pelo Conselho em 1999 e as Conclusões do Conselho de 2018. Todo o processo de análise do acordo UE-Mercosul foi baseado no entendimento comum de que os Estados-Membros teriam o direito de veto no Conselho ou por meio de ratificação em nível nacional. A Comissão não pode atalhar este processo. Isso criaria armadilhas processuais e violaria os tratados europeus.

As organizações da sociedade civil se opõem veementemente a esta divisão dos acordos comerciais. A divisão dos acordos acima mencionados é proposta para contornar as preocupações existentes sobre as implicações negativas na biodiversidade, nas mudanças climáticas e nos direitos humanos. Ela dá prioridade aos interesses econômicos sobre a sustentabilidade. A aprovação pelos parlamentos nacionais é um ato democrático de importância crucial que proporciona proteção aos agricultores, trabalhadores, consumidores e a todos os cidadãos.

Chamamos os ministros do comércio da UE, os governos da UE e os parlamentares nacionais a defenderem o escrutínio democrático dos acordos comerciais e a se oporem às tentativas escandalosas da Comissão Europeia de contornar a oposição!

Assinam esta carta:

Asamblea Argentina mejor sin TLC Argentina
ATTAC Argentina Argentina
Diálogo 2000 Argentina
Red de Género y Comercio Argentina
Tierra Nativa / Argentina Argentina
Anders Handeln Austria
Attac Austria Austria
DKA Austria – Dreikönigsaktion Austria
GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria Austria
ÖBV-Via Campesina Austria Austria
Österreichischer Gewerkschaftsbund (Austrian Trade Union) Austria
Parents For Future Austria Austria
Parents for Future Waldviertel Austria
transform!at Austria
Welthaus Graz Austria
ZAMMM Austria
11.11.11 – Coalition for International Solidarity Belgium
ATTAC Wallonie Bruxelles Belgium
Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11) Belgium
Centre tricontinental – CETRI Belgium
ENTRAIDE ET FRATERNITE Belgium
Eurogroup for Animals Belgium
Fern Belgium
Forum Gauche Ecoliogie Belgium
FUGEA Belgium
MOC – Mouvement ouvrier Chretien Belgium
Amigos de la Tierra Brazil
Comissão Pastoral da Terra Brazil
FASE – Solidariedade e Educação Brazil
Instituto PACS Brazil
Rede Jubileu Sul Brasil Brazil
Brazilian Front Against the Eu-Mercosur and EFTA-Mercosur Agreements Brazil
Brazilian Network for People’s Integration (Rebrip) Brazil
MST Brazil
The Institute of Socioeconomic Studies (Inesc) Brazil
CODEFF Chile
Fundación Vegetarianos Hoy Chile
Werken Rojo Chile
Réseau des Organisations de la Société Civile pour le Développement du Tonkpi (ROSCIDET) Côte d’Ivoire
Amigu di Tera (Friends of the Earth Curaçao) Curaçao
Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic Czech Republic
Re-set: platform for social-ecological transformation Czech Republic
Global Aktion Denmark
KULU – Women and Development (national NGO network) Denmark
Estonian Green Movement Estonia
European Attac Network European
European Coordination Via Campesina (ECVC) European
foodwatch International European
Friends of the Earth Europe European
WeMove Europe European
WeMove Europe. European
Attac Finland Finland
Friends of the Earth Finland Finland
Aitec France
Alofa Tuvalu France
Amis de la Terre France / Friends of the Earth France France
Attac France France
CADTM France France
Collectif Stop CETA-Mercosur France
Comité Pauvreté et Politique France
Committee in Solidarity with Indigenous Peoples of the Americas (CSIA-Nitassinan) France
Confédération paysanne France
Fédération syndicale SUD-Energie France
Fondation Copernic France
Fondation pour la Nature et l’Homme France
France Amérique Latine – FAL France
France Nature Environnement France
Générations Futures France
Les Ami.e.s de la Confédération paysanne France
Les Amis du Monde diplomatique France
Ligue des Droits de l’Homme (LDH) France
Peuples Solidaires Paris 15 France
Veblen Institute for Economic Reforms France
ZEA France
AbL Bayern Germany
Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt (ASW) Germany
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) e.V. Germany
Armut und Umwelt in Amazonien Germany
ASW Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e.V. Germany
Attac Germany
Berliner Wassertisch Germany
Bund für Umwelt und Naturschutz BUND e.V. Germany
BUND/FoE Germany, Scientific Committee Germany
Bündnis für gerechten Welthandel Germany
Bündnis für gerechten Welthandel München Germany
Christ*innen für den Sozialismus Germany
Citizen´s Initiatiive “aufRECHT:FREIdenken Mittelbaden” Germany
Coordination gegen BAYER-Gefahren Germany
Dachverband der Kritischen Aktionär:innen Germany
Deutscher Tierschutzbund Germany
dgb germany
FDCL-Center for Research and Documentation Chile-Latin America Germany
FDN Germany
FIAN Germany Germany
GAL Staufenberg Germany
Gesellschaft für soziale Transformation Germany
Heidelberger Bündnis für einen gerechten Welthandel Germany
Humanistische Union Germany
Informationsstelle Peru e.V. Germany
KoBra-Kooperation Brasilien e.V. Germany
Kölner Bündnis für gerechten Welthandel Germany
Konstanzer Byrnes für gerechten Welthandel Germany
LAG Christ*innen DIE LINKE Bayern Germany
LBV Germany
Leuphana Germany
Mehr Demokratie e.V. Germany
Misereor Germany
Muenchner Friedensbuendnis Germany
NaturFreunde Deutschlands Germany
Netzwerk gerechter Welthandel Germany
ÖDP Germany
PowerShift e.V. Germany
Slow Food Deutschland Germany
Umweltinstitu München e.V. Germany
Verdi Germany
Weltläden Gießen Germany
Wuppertaler Aktionsbündnis Gerechter Welthandel Germany
ATTAC Hungary Association Hungary
Clean Air Action Group Hungary
Hungarian Climate Alliance Hungary
Magyar Természetvédők Szövetsége / Friends of the Earth Hungary Hungary
Reflex Environmental Association Hungary
Védegylet Egyesület Hungary
Friends of the Earth International International
GRAIN International
Greenpeace International
Institute for Agriculture and Trade Policy International
Parents For Future Global International
SumOfUs International
SumOfUs International
Global Legal Action Network Ireland
Green Party Ireland
No TTIP/CETA Clare Ireland
Wicklow Greens Ireland
Ambiente&Salute Italy
Attac Italy Italy
Campagna Stop EU-Mercosur Italia Italy
Comunità La Piazzetta di Pulicciano Italy
Coordinamento nord sud del mondo Italy
Fairwatch Italy
Greenpeace Italy
MAIS ngo Italy
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) Latin American
Plataforma América Latina mejor sin TLC Latin American
Klima-Bündnis Lëtzebuerg Luxembourg
Luxembourg, FoE Luxembourg Luxembourg
DECA, EQUIPO PUEBLO Mexico
Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER) Mexico
Amigos de la Tierra México México
Centro de Promoción y Educación Profesionall “Vasco de Quiroga” México
DECA, EQUIPO PUEBLO México
Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER) Mexico / Latin America
Biodynamische Vereniniging Netherlands
Both ENDS Netherlands
Dierenbescherming Netherlands
Dutch Footprint Network Netherlands
FNV Netherlands
Handel Anders! Netherlands
Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel Netherlands
Platform Aarde Boer Consument Netherlands
Transnational Institute Netherlands
VOF van Egmond en ZN. Netherlands
WILPF NL Netherlands
Working group Food Justice Netherlands
World Animal Protection NL Netherlands
Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria Nigeria
Centro de Estudios HEÑÓI Paraguay
Iniciativa Amotocodie Paraguay
SOBREVIVENCIA Amigos de la Tierra PARAGUAY
APT Portugal
Associação Guardiões da Serra da Estrela Portugal
Associação Resistir.info Portugal
BIOPORTO Portugal
Campo Aberto – associação de defesa do ambiente Portugal
Climáximo Portugal
CNA – Confederação Nacional da Agricultura Portugal
Eco-Cartaxo Portugal
Ecomood Portugal Portugal
FERNANDA SILVA Portugal
GAIA – Grupo de Accao e Intervencao Ambiental Portugal
MARP Portugal
Movimento Cívico Ar Puro Portugal
Palombar – Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural Portugal
Plataforma Transgenicos Fora Portugal
ProTejo Portugal
TROCA – Plataforma por um Comércio Internacional Justo Portugal
Znepokojené matky Slovakia
Focus Association for Sustainable Development Slovenia
Amigos de la Tierra Spain
Argentinos en España y ATTAC Spain
Asociación Entrepueblos/Entrepobles/Heriarte/Entrepobos Spain
ATTAC Spain Spain
COAG- Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos Spain
Confederación Intersindical Spain
ECDD Spain
Ecologistas en Acción Spain
ELA Spain
Parque central sin especulación Spain
Permacultura ATTA Spain
UGT Spain
Movimiento por la Salud de los Pueblos Sub región Sur
Amazon Watch Sverige Sweden
Jordens Vänner Sweden
NOrdBruk Sweden
Environmental Justice Foundation United Kingdom
FRESH EYES United Kingdom
Global Justice Now United Kingdom
SEED: Strategies for Ethical and Environmental Development, Inc. United States
REDES – Amigos de la Tierra Uruguay Uruguay
Coalición de Tendencia Clasista (CTC-VZLA) Venezuela

* O texto da carta foi traduzido pelo DeepL e pode ser acessado originalmente em espanhol em http://s2bnetwork.org/209-organizaciones-de-la-sociedad-civil-dicen-los-acuerdos-comerciales-de-la-ue-no-pueden-socavar-los-derechos-democraticos209/

* Na foto: delegação brasileira denuncia impactos do Acordo Mercosul-UE em jornada pela Europa. Crédito: Audrey Lakshmi/ AT Europa

Saiba mais:
Integrante da Amigos da Terra Brasil (ATBr), Luana Hanauer, expôs o posicionamento compartilhado pela Frente Brasileira Contra os Acordos Mercosul-União Europeia e Mercosul-EFTA (European Free Trade Association, área de livre comércio formada pela Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein). As questões colocadas por Hanauer durante o debate público no Parlamento Europeu, que ocorreu em 8 de Novembro em Bruxelas, na Bélgica, são defendidas pela Frente, que desde 2019 articula mais de 200 organizações da sociedade civil brasileira.

Não à privatização da Redenção, em Porto Alegre (RS)! O parque é bem comum

A nível Federal, Estadual e Municipal, a elite brasileira, sob o verniz do patriotismo, decidiu confirmar a profecia de Raul Seixas e alugar o Brasil. Em Porto Alegre (RS) a realidade não é diferente. Dentro de um projeto de avanço do capital e de concentração de poder político econômico, está em jogo o caráter público de parques da capital gaúcha. A prefeitura de Porto Alegre, sob governo de Sebastião Melo, está negociando a concessão dos parques Farroupilha (Redenção), do Marinha, o Calçadão do Lami e um trecho da Orla do Guaíba. Áreas públicas que a iniciativa privada poderá explorar comercialmente por 30 anos.

A conce$$ão dos parques à iniciativa privada altera profundamente o perfil popular e democrático dos espaços. Locais em que as pessoas trabalhadoras chegavam de ônibus, transporte público, passam a contar com estacionamentos geridos por empresas que visam lucrar com o espaço, o que restringe o seu acesso.  E até mesmo muda o caráter de partilha de vivências e coletividade, fazendo com que uma série de obras e outras empresas se insiram no meio, sempre cobrando para que as pessoas estejam ali. Usualmente preços muito acima do que a população que anteriormente frequentava o local, sem custos, pode pagar. Um exemplo disso são restaurantes caros, eventos populares como bloco de carnaval e artistas de rua retirados do local para dar espaço a shows e espetáculos cobrados e inacessíveis para grande parte da população. Além da infraestrutura excludente e até mesmo dificuldade de acesso ao local, seja via cortes em investimento no transporte público (público, Porto Alegre?) ou até mesmo redução de frota de ônibus.  Na rotina corrida em que falta tempo para o lazer, é complicado gastar R$4,80 o trecho, esperar mais de hora na parada de ônibus,  para encarar um trajeto de tempo em pé no veículo e chegar no parque sem um bebedor disponível sequer, pois a água agora é só a que tem preço.  Por trás dele, alguma empresa lucrando, que em alguns casos também é dona de boa parte da cidade. 

A cidade-mercado tem de tudo a venda, mas o valor mais alto é cobrado de quem tem o acesso a ela restringido. A mercantilização das cidades faz parte de uma lógica de especulação e  normatização de um processo em que temos algumas  empresas com uma grande quantidade de terras, especulando com a construção. Esperam os imóveis valorizarem, compram mais terras no entorno, vendem num pacote com dois produtos: a moradia próxima de um empreendimento, um empreendimento próximo de uma moradia, por exemplo. E assim se altera o regime urbanístico dos terrenos, e onde não se podia avançar nos territórios agora pode. Há um mecanismo por trás, assim como um projeto político que na prática se traduz numa cidade para poucos. 

No caso do Parque da Redenção, eventos como a Parada LGBT, ensaio aberto de blocos de carnaval como o Bloco da Laje, feiras e apresentações artísticas de rua, são ameaçados pela concessão. Um nome bonito que mascara  a real intenção da parceria entre poder público e a iniciativa privada. E quando o estado passa a ser o balcão de negócios de um grupo minoritário, mas cheio de dinheiro e em busca de mais, o que sobra para a população?  O espaço restringido, assim como as suas autonomias políticas. Sem contar os impactos socioambientais. 

As privatizações (concessões) preveem passar para a iniciativa privada a administração e a manutenção dos parques, assim como a responsabilidade por reformas e investimentos. Na contrapartida, as empresas vencedoras poderão explorar comercialmente os espaços. Segundo a prefeitura, no caso da Redenção o atrativo para o concessionário será a implementação de um estacionamento com quase 600 vagas. 

O Parque da Redenção é um espaço público, popular, cheio de vida, natureza e cultura. Ali pulsam encontros de cidades que coabitam, são mais de 8.500 árvores de várias dezenas de espécies, entre nativas e exóticas, como Ipês, Louros, Cedros, Ciprestes, Jacarandas, Figueiras, Guapuruvus, Palmeiras, Pau Ferro, Sibipiruna, Corticeiras, Camboatas, várias frutíferas,  etc. Em termos de fauna já foram registradas mais de 60 espécies, entre elas o Biguá, Garças, Gaviões, Suiriri, Sabiás, Sanhaçus, que se alimentam de frutas, insetos, e pequenos animais, além de nidificarem nos diferentes ambientes da Redenção. Ainda há relatos de mamíferos, répteis, anfibios e peixes diversos É na sociobiodiversidade  que brota a vida.  A privatização da Redenção altera a possibilidade desses encontros, afetando ainda o nosso patrimônio histórico e cultural. Um risco ao espaço público é um risco a quem o vive, constrói cotidianamente e tem sua história entrelaçada com o território. Há uma engrenagem muito bem azeitada para realizar a venda dos bens comuns do país. Bens comuns, pois a biodiversidade e a natureza da qual fazemos parte é de todas, todes e todos. Discordamos do ideal neoliberal de que elas possam estar a serviço do enriquecimento de alguns que, pelo uso da manipulação ou da força, dizem-se donos para pilhar e vender, frente à miséria da imensa maioria da população.

A luta por uma Redenção Pública 

Com a proposta de assegurar uma redenção coletiva, da população que a vivencia, o Coletivo Preserva Redenção se organiza contra a Concessão do parque. “Queremos que a Redenção continue sendo um espaço público de acesso universal. Um recanto de paz, harmonia, saúde, esporte e lazer no centro da cidade, sem a circulação de automóveis, onde o direito  à flora e  à fauna seja respeitado“, defendem no abaixo-assinado contra a privatização do parque. O documento, que conta com mais de 17mil assinaturas, é uma das formas de mobilização contra a mercantilização do espaço.

Encontro em defesa da Redenção Pública, dia 22 de outubro

Além dele, a participação popular se dá em encontros para debater os impactos da privatização do parque, que silencia a memória coletiva e afeta negativamente a vida no espaço e no seu entorno. Um deles ocorreu no dia 22 de outubro, com debate público em frente ao Parquinho da Redenção. Nele, membros da sociedade civil e diversas organizações como Agapan, Amigos da Terra Brasil, Feira Agroecológica (FAE), Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Coletivo Preserva Redenção, Conselho Segurança Alimentar e Sustentável do RS, Brique da Redenção, Coletivo Nuances,  Instituto de Arquitetos do Brasil RS e artistas independentes marcaram presença e fizeram defesa do parque como bem comum.   

No dia  20 de novembro será realizado o Abraço à Redenção, atividade em que a sociedade, movimentos sociais, frequentadores do parque e artistas protestarão pelo caráter público do parque. O Abraço acontecerá às 13h, no Largo do Expedicionário – logo após apresentação do Bloco da Laje no Recanto Africano, ao som de Ziriguidum.  

A data, também Dia da Consciência Negra, remonta o espaço público com a história de Porto Alegre. No próprio dia 22 de outubro, no encontro em defesa da Redenção Pública, Jose Damico trouxe elementos da Redenção como território negro de Porto Alegre. Abordou políticas de alvejamento, tanto no sentido de tornar branco, de embranquecer, quanto de tornar alvo, relacionando estas a processos de mercantilização da vida e dos territórios.  “Espaço que era rodeado e vivenciado por uma sociabilidade negra o tempo todo. Quando esse parque, em 1935 passa a se chamar Parque Farroupilha. Em torno desse parque a colônia africana, que ficava no Rio Branco, era espaço também da população negra. E essa população foi completamente tirada da vivência central e do seu espaço de sociabilidade, e de trabalho. Essa prática aqui, eu queria contestar que não se trata só de questão econômica, mas é uma racionalidade de estado. Toda vez que o capitalismo, nesse  caso o neoliberalismo tá em crise, ele arma e modula o poder para seguir atacando alguns grupos. E nesse caso, de novo, a população negra”, expôs. Dando sequência ao Abraço, o ato seguirá se unindo à Marcha Independente Zumbi Dandara, às 16h, no Largo Zumbi dos Palmares

Na Assembleia Temática do Orçamento Participativo – Cultura e Juventude, na noite do dia 3 de novembro, Diante do prefeito Sebastião Melo, secretários, conselheiros e população, em ato de discordância em relação ao projeto de concessão da Redenção à iniciativa privada.  Crédito: Coletivo Preserva Redenção

A presença popular também está nas audiências públicas. E o Coletivo Preserva Redenção, formado por indivíduos e entidades de diversas áreas da sociedade civil da capital, está organizado para participar com força nas datas.

“O espaço que é nosso patrimônio, que constitui a nossa identidade, que faz parte da cultura portoalegrense. Não pode ser entregue aos interesses de empresários. Redenção sem concessão, é isso que nós queremos!”, defende o Coletivo. Com a  proposta de expor e dialogar sobre as alterações que ocorrerão no parque a partir do projeto de concessão apresentado pelo Prefeitura de Porto Alegre, o coletivo tem o objetivo de alertar a sociedade civil sobre os riscos ao espaço público. 

Confira a fala de Fernando Campos, coordenador do Programa de Soberania Alimentar e socio-agro-biodiversidade da Amigos da Terra Brasil, sobre a privatização da Redenção:

Existe uma relação entre o projeto de Concessão da Redenção e de outros parques, via Parcerias Público-Privadas, com processos gerais de privatização alastrados pelo Brasil. Seja via privatização de parques naturais, de unidades de conservação e de praças em âmbitos também Estadual e Federal. Na matéria Brasil à venda, a Amigos da Terra Brasil e o Grupo Carta de Belém denunciaram a relação destes processos! Leia o conteúdo na íntegra aqui: BRASIL À VENDA

Audiências Públicas sobre a concessão dos parques de Porto Alegre

O Projeto de Concessão do Parque Marinha do Brasil e do Trecho 3 da Orla do Guaíba teve audiência pública no dia 17 de novembro,  às 19h, na Câmara Municipal de Porto Alegre (RS). No dia 18, no mesmo horário e local, acontece a Audiência Pública para debater a Concessão do Parque da Redenção e do Calçadão do Lami. A audiência será presencial, na câmara de vereadores e comparecer no local é muito importante, assim como levar faixas, cartazes e  máscara. 

Confira a programação da audiências:

Quinta-feira, 17

Audiência pública concessão de parques (lote 02)

Horário: 19h – concessão do Parque Marinha do Brasil e Trecho 3 da Orla do Guaíba

Link para entrar na reunião Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/88659081197?pwd=VktxTlZWQnltK01Ib2pXM2MxOE9rQT09

ID da reunião: 886 5908 1197

Senha de acesso: 112190

Sexta-feira, 18

Audiência pública Concessão de Parques – (lote 01)

Horário: 19h – concessão do Parque Farroupilha e Calçadão do Lami

Link para entrar na reunião Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/84907962129?pwd=QzVCY21RQ1VTRThiaHJLVzBVUy9xdz09

ID da reunião: 849 0796 2129

Senha de acesso: 679228

Quarta-Feira, 23

Audiência pública extraordinária concessão Parque Farroupilha e Lami (Lote 1)

Horário: 19h às 22h

Local: Plenário Ana Terra da Câmara Municipal de Porto Alegre

Link para entrar na reunião Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/89883345933?pwd=V213eVo3Y04yNzl1TjI1RTdUOW0vQT09

ID da reunião: 898 8334 5933

Senha de acesso: 859283

Como se mobilizar por uma Redenção Pública!

✊🏼 Participe das Audiências Públicas ✊🏼

As Audiências Públicas são uma oportunidade para a população se manifestar diante do poder público. Na audiência do dia 18/11, sexta-feira, vamos mostrar que não queremos entregar a Redenção para a iniciativa privada. Leve o seu cartaz, a sua voz e a sua força para barrarmos esse projeto.

  Abaixo -assinado

Clique aqui e assine o abaixo-assinado contra a conce$$ão da Redenção à iniciativa privada

Abraço à Redenção

#ARedençãoNãoTemPreço #RedençãoSemConcessão 

#RedençãoPública #EmDefesaDaRedençãoPública

Posicionamento da Frente Brasileira Contra Acordo Mercosul-UE é apresentado no Parlamento Europeu

Nessa 3ª feira (8/11), a delegação brasileira que está em jornada na Europa para denunciar os impactos socioambientais do Acordo Comercial Mercosul-UE (União Europeia) para o país participaram de um debate público no Parlamento Europeu, em Bruxelas (Bélgica). Os representantes da Amigos da Terra Brasil (ATBr), da APIB (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), RENAP (Rede Nacional de Advogados Populares) e do MST (Movimento Sem Terra) manifestaram-se na atividade, junto com a pesquisadora Larissa Bombardi.

 

Delegação brasileira, junto com a pesquisadora Larissa Bombardi, criticam acordo a parlamentares europeus. Crédito: Julie Zalcman/ AT Europa

Mais fotos da atividade no Parlamento Europeu AQUI

 

A integrante da ATBr, Luana Hanauer, expôs o posicionamento da organização, que é membro da Frente Brasileira Contra os Acordos Mercosul-União Europeia e Mercosul-EFTA (European Free Trade Association, área de livre comércio formada pela Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein).

As questões colocadas por Hanauer durante o debate no Parlamento Europeu são defendidas pela Frente, que desde 2019 articula mais de 200 organizações da sociedade civil brasileira.

Confira, abaixo, a exposição feita por Luana Hanauer, da Amigos da Terra Brasil, na atividade dessa 3ª feira na Bélgica, durante a Jornada na Europa: 

 

  • SOMOS CONTRA A SEPARAÇÃO DO TRATADO COMERCIAL DO ACORDO!

Com base no conhecimento de outros acordos assinados com o bloco europeu ao redor do mundo, o pilar comercial tem a primazia e os elementos ditos de proteção aos direitos humanos e ambientais ficam em segundo plano. Consideramos que a abertura comercial, nos termos deste acordo, trará impactos socioeconômicos, trabalhistas, fundiários, territoriais, ambientais e climáticos significativos para o Brasil, e os demais países do Mercosul, tendo como maiores beneficiários as empresas transnacionais interessadas na importação de matérias primas baratas, na privatização de serviços e na ampliação de mercado para seus produtos industrializados.

O que está em jogo nos capítulos dos acordos comerciais com a Europa é perpetuar e aprofundar a agenda de violações e retrocessos dos direitos. O acordo acentua a reprimarização da economia brasileira e atualiza os dispositivos coloniais que mantêm a dependência do país em relação à Europa, além de incentivar a violência racista contra povos indígenas, comunidades negras, camponesas e tradicionais. Isto porque o dano ambiental associado à expansão do desmatamento e do agronegócio recai desproporcionalmente sobre os povos negro e indígena (e, em particular, sobre as mulheres).

A separação do tratado comercial do Acordo visa acelerar o processo e restringir o debate nos parlamentos e na sociedade de ambos os blocos. Somos contra a separação do tratado comercial do Acordo pois somos a favor de que este Acordo, assim como as demais políticas públicas que afetam a população do Brasil, seja com debate público, acesso à informação e respeito ao direito de consulta livre, prévia, informada e de boa fé, garantindo o controle social e a participação dos povos, os maiores impactados pelo Acordo!

 

  • PROTOCOLOS AMBIENTAIS NÃO MUDAM O CARÁTER NEOCOLONIAL DO ACORDO!

Do ponto de vista ambiental e climático, o acordo contribui para a devastação do conjunto dos biomas brasileiros. O fim das alíquotas de exportação para variadas commodities agrícolas e minerais, como o minério de ferro, e a ampliação de cotas para carne, etanol e açúcar, por exemplo, vão gerar expansão da produção e dos corredores logísticos da pecuária, do complexo soja e cana-de-açúcar. Nesse sentido, reforça os principais vetores de desmatamento e queimadas que vêm impactando os territórios, o meio ambiente e o clima.

Segundo os dados divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), de janeiro até o dia 21 de outubro de 2022 o acumulado de alertas de desmatamento na Amazônia Legal foi de 9.277 km². Essa é a pior marca da série histórica. E isso se repete nos demais biomas/ecossistemas do Brasil.

Notamos a preocupação da sociedade europeia com as questões ambientais e climáticas com relação ao Acordo. As expressões “prover desenvolvimento sustentável”, “conciliar aumento da produção e mitigação de mudanças climáticas”, “assumir compromissos ambientais” ou “responsabilidade social corporativa” têm sido frequentes. Porém, diante das experiências vividas no sul global, isso não é suficiente para alcançar justiça ambiental e climática.

O crescente desmatamento e degradação socioambiental estão relacionados à violação de direitos humanos e direitos territoriais. Desde 2015, vem aumentando exponencialmente a extensão da terra em conflito, segundo a Comissão Pastoral da Terra. A CPT é uma organização de luta que em todos os anos publica o relatório Conflitos no Campo Brasil onde constam todas as ocorrências registradas.

Em 2022, no primeiro semestre, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) registrou 759 ocorrências de conflitos no campo no Brasil, envolvendo um total de 113.654 famílias.

A violência contra a ocupação e a posse através da Contaminação por Agrotóxico, que obteve o maior percentual de aumento de famílias atingidas em relação aos primeiros semestres de 2021 e 2022, com um índice de 161,34%, totalizando 5.637 famílias contaminadas por agrotóxicos.

Destaca-se o quão grave é o aumento dos conflitos por contaminação por agrotóxicos, pois, além de atentar diretamente contra a saúde dos povos e comunidades do campo, ocasiona também a contaminação das águas e dos alimentos saudáveis que abastecem as mesas da sociedade brasileira, como é o caso do Assentamento Santa Rita de Cássia, de Nova Santa Rita, na região Metropolitana de Porto Alegre (RS), que vem sofrendo prejuízos constantes em suas produções agroecológicas.

O acordo intensificará a crise climática provocada pela agricultura de grande escala através do aumento significativo das emissões globais de gases de efeito estufa, no qual terá um aumento de 8,7 milhões de toneladas por ano nas emissões de gases de efeito estufa (GRAIN, 2019).

Quando se trata de buscar justiça ambiental e climática, os tratados de livre comércio devem ser confrontados. Não será através do tratado comercial que será possível obter garantias sólidas em questões ambientais. Compromissos em relação a acordos multilaterais, incluindo a Convenção sobre Diversidade Biológica e o Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas, não são suficientes pois essas disposições não são aplicáveis do ponto de vista vinculante.

 

  • DEFENDEMOS A REABERTURA DAS DISCUSSÕES DO ACORDO!


    No mundo em que vivemos, não é mais possível separar as discussões da política internacional dos interesses domésticos e do seu impacto na vida cotidiana da população, povos indígenas, comunidades tradicionais e camponesas nos seus distintos territórios e territorialidades. Por isso, é necessário democratizar a política externa e mobilizar o maior número possível de atores e organizações da sociedade civil para debatê-la. É necessário rediscutir as pautas de comércio necessárias ao nosso povo e nosso tempo histórico, com mais igualdade e menos assimetria.

 

  • POR UM ACORDO COM PARTICIPAÇÃO DOS POVOS! 

Defendemos a participação dos povos para denunciar o desenho de inserção internacional neocolonial proposta para os países do Mercosul e apresentar propostas alternativas de integração entre os povos, onde as relações comerciais respeitem os direitos humanos e o meio ambiente e sejam construídas para atender às necessidades dos povos e não do capital transnacional.

Será com participação social e controle das políticas públicas, inclusive a política externa e comercial, que poderemos possibilitar um Acordo menos injusto e garantia dos direitos dos povos e socioambientais.

Para que haja justiça social, econômica, ambiental, racial e de gênero é importante e necessário lutar contra o poder corporativo das empresas transnacionais. Será através da convergência dos movimentos sociais que vamos resistir ao poder corporativo e continuar na luta anticapitalista, antipatriarcal, antirracista, anticolonialista, antifascista e internacionalista pela garantia do direito e soberania do povo.

 

A jornada foi organizada pela Amigos da Terra Europa e a Rede S2B (Seattle to Brussels) e conta com o apoio da Frente Brasileira Contra os Acordos Mercosul UE/EFTA. A delegação visitará a Holanda, Bélgica, Alemanha, França e Áustria de 7 a 18 de Novembro. Mais informações no site da Amigos da Terra Brasil em https://bit.ly/3UibXAX

 

Delegação brasileira faz Jornada na Europa para denunciar os impactos do Acordo Mercosul-União Europeia

Agrotóxicos, mineração e desrespeito aos direitos dos Povos Indígenas

O altamente criticado acordo que pretende expandir o livre comércio entre UE (União Europeia) e Mercosul está prestes a sofrer nova pressão da Comissão Europeia para que seja ratificado pelos parlamentos dos países de ambos os blocos após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial no Brasil no último dia 30 de outubro.

Entre os dias 7 e 18 de Novembro, em uma jornada na Europa organizada por Amigos da Terra Europa e a rede S2B – Seattle to Brussels, representantes de organizações e movimentos sociais brasileiros irão debater com parlamentares, jornalistas, acadêmicos e organizações da sociedade civil de cinco países (Holanda, Bélgica, Alemanha, França e Áustria) sobre os impactos do Acordo Mercosul-União Europeia sobre os Povos Indígenas, comunidades camponesas e produtoras agroecológicas, ecossistemas e populações atingidas pela mineração no Brasil. A ação tem como ponto alto o debate público com o Parlamento e com a Comissão Europeia na terça-feira (dia 8/11) a partir das 14h de Bruxelas/10 horas da manhã de Brasília, que poderá ser acompanhado online por este link: https://ep.interactio.eu/4jk9-e2nm-p7a1.

Enquanto Lula já anunciou em sua campanha e reiterou em seu discurso como presidente eleito que quer reabrir as negociações sobre o Acordo, a União Europeia, que evitou ter a assinatura do atual presidente de ultra direita, Jair Bolsonaro, no pacto devido aos recordes de desmatamento do seu governo, considera que agora tem luz verde para finalizar o tratado em 2023. Na pressa em garantir suas cadeias de suprimento de energia, agro e minero commodities impactadas pela guerra na Ucrânia, propõe um protocolo adicional com promessas climáticas, que está em elaboração pela Comissão Europeia e cujo  conteúdo é desconhecido  no Mercosul. Defasado historicamente, o acordo tem como eixo central a exportação de matérias-primas pelo Brasil – como grãos, carnes e minérios, cujo modelo de produção gera conhecidos conflitos socioambientais no nosso país – , e a importação de produtos industrializados de transnacionais europeias, muitos que já não são mais utilizados ou são até proibidos na Europa, como os agrotóxicos que tanto afetam a saúde das pessoas e dos animais, a biodiversidade e a qualidade das águas.

Para debater com autoridades e com a sociedade europeia, a delegação brasileira é composta por :

  • Graciela Almeida, agricultora agroecológica atingida pela deriva de agrotóxicos e representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
  • Emiliano Maldonado, da Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares (RENAP) e assessor jurídico da Via Campesina Brasil,que presta suporte a comunidades atingidas por derivas ilegais de agrotóxicos.
  • Kretã Kaingang, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), a maior associação de povos indígenas do país.
  • Luana Hanauer, economista e integrante da Amigos da Terra Brasil. Atualmente trabalha na assessoria técnica em casos de violações de direitos humanos relacionados à extração mineral, acompanhando comunidades afetadas pelo desastre-crime da barragem de Brumadinho (MG).
  • Larissa Bombardi, Professora Associada do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo (USP) e especialista em agrotóxicos.

A delegação em Jornada na Europa conta com o apoio da Frente Brasileira contra os Acordos Mercosul UE/EFTA, integrada por mais de 200 coletivos da sociedade civil brasileira que, desde 2020, vêm denunciando o desenho de inserção internacional neocolonial proposta para os países do Mercosul e apresentando propostas alternativas de integração entre os povos, em que  as relações comerciais respeitem os direitos humanos e o meio ambiente e sejam construídas para atender às necessidades dos povos e não do capital transnacional.

A Frente sustenta que protocolos adicionais com promessas climáticas não mudam o caráter neocolonial do acordo e rechaça a tentativa de separá-lo em um simples tratado comercial para acelerar a aprovação e restringir o debate nos parlamentos nacionais em ambos os blocos. No caso brasileiro, o processo de ratificação de acordos internacionais deve passar por discussão no Congresso Nacional para ratificação e, como uma política pública, devem também estar submetidos ao debate com a população e a regras de transparência. A retomada da democracia com a vitória de Lula nas eleições de 2022 demanda a formulação de novas estratégias de desenvolvimento, combativas em relação às múltiplas crises (econômica, política, social,  alimentar, sanitária, dos cuidados, ambiental e climática) e com participação e controle social, em diálogo internacional solidário.

MAIS INFORMAÇÕES >>

Lucrando com Veneno – o lobby das empresas de agrotóxico da União Europeia no Brasil, do informe COMÉRCIO TÓXICO (Larissa Bombardi & Audrey Changoe, 2022):

O Brasil é o maior comprador mundial de agrotóxicos altamente perigosos – aqueles contendo ingredientes com toxicidade extremamente aguda e que acarretam impactos severos à saúde humana e à natureza. Desde 2019, aproximadamente 500 novos agrotóxicos foram aprovados anualmente pelo governo Bolsonaro. Especialistas da Organização das Nações Unidas (ONU) alertam que o nível de uso de agrotóxicos no Brasil contraria os direitos humanos, principalmente os de povos indígenas e comunidades campesinas que estão sendo violados pela expansão agrícola e pela pulverização deliberada de pesticidas tóxicos sobre seus territórios e casas, mas também do povo da cidade, que tem seu alimento envenenado. O Brasil é um dos principais destinos para a exportação de agrotóxicos proibidos na UE, uma prática que já foi chamada de abuso contra os direitos humanos por relatores e funcionários da ONU em 2020.

O acordo União Europeia (UE)-Mercosul, caso ratificado, aumentará a exportação de agrotóxicos perigosos da UE para países do Mercosul, incluindo agrotóxicos proibidos na UE em decorrência do risco que apresentam à saúde humana e ao meio ambiente. O acordo também impulsionará a exportação de produtos agrícolas, incluindo soja, cana-de-açúcar e etanol derivado da cana, todos fortemente dependentes de agrotóxicos, além de carnes, como aves, que dependem de ração à base de soja, aumentando ainda mais o uso de agrotóxicos. Esses produtos agrícolas  estão intrinsecamente  ligados ao desmatamento e à destruição da biodiversidade, assim como à violação de direitos indígenas.

Muitas das corporações europeias são grandes exportadoras de agrotóxicos proibidos, altamente perigosos, incluindo as gigantes alemãs Bayer e BASF. Essas empresas lucram com legislações mais frágeis e isenções fiscais generosas no Brasil. O comércio de produtos químicos entre a UE e o Mercosul está atualmente avaliado em €6,3bi anualmente. A indústria química europeia apoia veementemente a ratificação do acordo EU-Mercosul, com o argumento de que promoverá o crescimento constante do comércio entre as duas regiões.

A diretriz “Do Campo à Mesa” da União Europeia visa reduzir significativamente o uso de agrotóxicos na UE. Apesar disso, a exportação pesada desses produtos perigosos para países do Sul global continua a ser promovida pelo tratado UE-Mercosul, destruindo florestas, deslocando camponeses, comunidades e povos indígenas, além de envenenar as populações locais. O comércio promovido pelo Acordo UE-Mercosul contraria os objetivos ambientais da UE. Em 2020, a Comissão Europeia comprometeu-se a “liderar pelo exemplo e, alinhada aos compromissos internacionais, assegurar que produtos químicos proibidos na União Europeia não sejam produzidos para exportação”. Dois anos depois, a planejada proibição à exportação não consta no programa de trabalho da Comissão Europeia para 2023, claramente, não sendo prioridade.

Os movimentos brasileiros por soberania alimentar e agroecologia defendem práticas agrícolas mais sustentáveis. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) demonstra que é possível um modelo alternativo de vida no campo, que proporciona o sustento próspero para agricultores, a restauração do solo e a produção de alimentos de alta qualidade e baixo custo para a região. Ainda assim, essas práticas estão ameaçadas pelo acordo comercial, que colocará em risco os meios de subsistência e a saúde das pessoas e do meio ambiente na região do Mercosul.

* Comunicado da Frente Brasileira Contra o Acordo UE – Mercosul

Delegação brasileira vai à Europa denunciar impactos socioambientais do acordo Mercosul-UE

Riscos da mineração em territórios tradicionais serão debatidos em reunião com a Comissão Europeia e o Parlamento

Entre os dias 7 e 18 de novembro, representantes de organizações e movimentos sociais brasileiros estarão em uma jornada pela Europa para debater a política ambiental do acordo Mercosul-União Europeia (UE) e denunciar os impactos da mineração em terras indígenas e em áreas ocupadas pela agricultura familiar. Ao todo, cinco países serão visitados: Holanda, Bélgica, Alemanha, França e Áustria.

A delegação é composta por cinco integrantes de diferentes regiões do país. Entre eles, a gaúcha Graciela Almeida, agricultora agroecológica do assentamento Nova Santa Rita de Cássia II, localizado no município de Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Em 2020, ela foi vítima de intoxicação por agrotóxicos. Na época, o assentamento em que mora foi atingido por um avião pulverizador que despejou pesticidas em lavouras vizinhas.


Em novembro de 2020, cerca de 20 famílias do assentamento Nova Santa Rita de Cássia II tiveram perdas em suas lavouras devido à deriva de agrotóxicos pelo ar / Foto: Abrasco

No dia 8 de novembro, a delegação fará uma reunião pública com membros da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, que poderá ser acompanhada por meio deste link partir das 14h, horário de Bruxelas (Bélgica), e às 9h no fuso horário de Brasília.

:: Fiocruz registra luta dos assentamentos contra os agrotóxicos e a pulverização aérea no RS ::

A iniciativa faz parte das ações da Amigos da Terra Europa e da rede Seattle to Brussels Network (S2B), entidades dedicadas à proteção do meio ambiente e à promoção do desenvolvimento com sustentabilidade e justiça social. Conta com o apoio da Frente Brasileira Contra os Acordos Mercosul-União Europeia e Mercosul-EFTA, integrada por mais de 200 coletivos da sociedade civil brasileira, que desde 2020 vêm denunciando os impactos da conjuntura de inserção internacional proposta pelo acordo para os países do Mercosul.

Integram a delegação:

– Graciela Almeida, agricultora agroecológica atingida pela deriva de agrotóxicos e representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST);

– Emiliano Maldonado, da Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares (RENAP) e assessor jurídico da Via Campesina Brasil,que presta suporte a comunidades atingidas por derivas ilegais de agrotóxicos;

– Kretã Kaingang, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), a maior associação de povos indígenas do país;

– Luana Hanauer, economista e integrante da Amigos da Terra Brasil. Atualmente trabalha na assessoria técnica em casos de violações de direitos humanos relacionados à extração mineral, acompanhando comunidades afetadas pelo desastre-crime da barragem de Brumadinho (MG);

– Larissa Bombardi, Professora Associada do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo (USP) e especialista em agrotóxicos.

Sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia

Assinado em junho de 2019, o acordo entre os países membros do Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) e a União Europeia (UE) prevê o livre comércio entre os dois blocos. No entanto, ainda não está em vigor devido à postura do Brasil em relação ao meio ambiente. Alguns dos principais entraves para o fim das negociações são os projetos de leis propostos pelo governo Bolsonaro que tramitam no legislativo, como a flexibilização do uso de agrotóxicos e a regulamentação da mineração em terras indígenas, ambos mal vistos por líderes europeus.

*Artigo divulgado originalmente em 04/11/2022 no jornal Brasil de Fato neste link: www.brasildefators.com.br/2022/11/04/delegacao-brasileira-vai-a-europa-denunciar-impactos-socioambientais-do-acordo-mercosul-ue 

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