En televisión, o de un vecino que escuchó de alguien que escuchó en la radio. Así, las familias de Vila Nazaré, una comunidad en la Zona Norte de Porto Alegre, en el sur de Brasil, descubrieron que perderían sus hogares y serían arrojados a otros rincones de la ciudad, lejos de donde se establecieron sus raíces. Todo porque Fraport, una corporación alemana que opera docenas de aeropuertos en todo el mundo, quiere extender la pista de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Salgado Filho, que desde principios de 2018 ha sido asignado a la compañía. El contrato es válido por 25 años. Mientras tanto, entre los aviones y las personas, la prioridad parece clara: los aviones.
El primer video es de marzo de 2018 (con subtítulos en inglés); el segundo, septiembre de 2019 (solamente en português). Mientras tanto, Fraport y el Ayuntamiento de Porto Alegre crearon un escenario de guerra en Vila Nazaré, con mucha información errónea y falsas promesas a los residentes.
Vila Nazaré alberga hoy a unas 2 mil familias. Son trabajadores que no reciben asistencia del Estado y que, incapaces de pagar el alquiler y los precios de las propiedades en otros lugares, ocuparon áreas ociosas de la ciudad y establecieron su hogar allí. Vinieron principalmente de ciudades en el interior del estado de Rio Grande do Sul, dejando el campo por falta de oportunidades y persiguiendo el sueño de una vida mejor en la capital. Durante más de cinco décadas han construido casas, desarrollado negocios locales y construido lazos familiares, de amistad y de vecindad.
Sin embargo, los planes de extensión de la pista del aeropuerto están destinados a barrer a la comunidad del mapa. Lo peor de todo es que la eliminación se planificó de manera arbitraria, autorizada y sin garantías de los derechos de las familias afectadas. No hay un plan de expulsión y las familias se están dividiendo: parte de la gente irá a la asignación “Nosso Senhor do Bom FiM” y parte a la asignación “Irmãos Marista – Timbaúva”, lejos de los servicios básicos de salud, educación y transporte. Los niños que van a la escuela cerca de Nazaré perderán el año escolar; quienes trabajan cerca de la comunidad pueden perder sus empleos, ya que la mayoría son trabajos informales en los que los empleadores no están obligados a pagar el transporte del trabajador; los que van al médico en la clínica de salud al lado de Nazaré pueden perder su atención.
La falta de información y transparencia en el proceso es preocupante: en ningún momento se ha escuchado a los líderes locales saber qué piensan los que se verán directamente afectados por las obras. En una audiencia pública convocada por el entonces diputado de estado Pedro Ruas (PSOL), la única vez que todas las partes involucradas en el proceso se reunían con la comunidad, los representantes de Fraport, aunque presentes, se negaron a sentarse a la mesa y responder cualquier pregunta de residentes, que se han posicionado con bastante claridad: no quieren ir a Timbaúva, el lugar más alejado de Nazaré, en la frontera entre los municipios de Porto Alegre y Alvorada.
Lo que la mayoría quiere es su derecho a permanecer en la región donde construyeron sus hogares y sus vidas (y son criminalizados por ello). Básicamente, no existe información clara y disponible para las familias que ven amenazado su derecho a la vivienda para saber qué está sucediendo, a dónde van, o adónde van sus familiares, amigos y vecinos: Nosso Senhor do Bom Fim o Timbaúva, y no cuándo, ni de qué manera. Se supone que hay un empate, pero nadie puede decir cómo sucede. Una de las responsabilidades de Fraport era ayudar a trasladar a las familias: de los pocos que ya habían sido retirados (todo para la asignación Nosso Senhor do Bom Fim), los camiones tomaron solo una parte de sus pertenencias y las dejaron frente a los edificios sin ninguna otra ayuda; el dinero que se pagaría por la compra de muebles nuevos se pagó solo una parte.
La responsabilidad de Fraport, sin embargo, es mucho más amplia: la Fiscalía Federal y Estatal y los Defensores Públicos Federales y Estatales han llevado a la empresa ante los tribunales, reconociendo la responsabilidad total de la empresa de reubicar a las familias, incluida la construcción de un tercero. alternativa para aquellos que no están satisfechos con las dos opciones ofrecidas hasta ahora, que, considerando que el 85% de las familias serían desalojadas a Timbaúva, representa a la mayoría de las personas. El caso está en el tribunal y, en su primera declaración, el juez reconoció el derecho de las familias a la tercera opción. Sin embargo, dijo que esto debería tratarse más tarde, individualmente, con aquellos que se quedan atrás en los escombros. El juez ni siquiera exigió a Porto Alegre y Fraport un plan de remoción, que muestre claramente quién se va, dónde, cuándo y cómo. Con los límites del sistema judicial local, nos parece clara la importancia de un tratado internacional que regule las operaciones de las empresas transnacionales, como el Tratado Vinculante que se construirá dentro de la ONU. A menudo más ricas y poderosas que los propios estados, las compañías de Norte Global violan los derechos de los pueblos del sur y atacan sus territorios.
El gobierno local y Fraport fingen no escuchar a las propuestas de urbanización de Vila Nazaré, mejorando la calidad de vida en la región, lo que garantizaría que las familias permanezcan en su territorio de origen. Durante años, la ciudad de Porto Alegre abandonó el lugar, haciendo la vida imposible allí, para crear un deseo de salida a las familias: la clínica de salud fue cerrada, la escuela de niños también; las calles fangosas están llenas de baches y al principio llueve las casas se inundan de aguas residuales.
En su sitio web, Fraport garantiza respetar la diversidad cultural, ética, social, política y legal de todas las naciones y comunidades. Lo que ves es lo contrario. No hay diálogo ni transparencia, mientras permanecen las amenazas de remoción, autoritarismo y desinformación. Con cada familia retirada de Vila Nazaré, los tractores pronto vienen a derribar las casas; Los escombros están detrás: un triste escenario de guerra. Todo en nombre de los aviones. En nombre de los beneficios de una corporación transnacional alemana.
Avión aterrizando en el aeropuerto Salgado Filho, visto desde Vila Nazaré. Foto: Guilherme Santos / Sul21Protesta frente al edificio donde se estaba juzgando el caso Nazaré vs. Fraport. Dice “Los derechos de las familias de Nazaret deben ser respetados”. Foto: Amigos de la Tierra BrasilMuro que separa a Vila Nazaré de la zona del aeropuerto. Foto: Amigos de la Tierra BrasilEscombros de las casas destruidas. Foto: Amigos de la Tierra Brasil
Pela televisão, ou de um vizinho que ouviu de alguém que ouviu no rádio. Assim as famílias da Vila Nazaré, comunidade na Zona Norte de Porto Alegre, sul do Brasil, descobriram que perderiam suas casas e seriam despejadas para outros cantos da cidade, distantes e longe de onde firmaram suas raízes. Tudo porque a Fraport, corporação alemã que opera dezenas de aeroportos pelo mundo, deseja ampliar a pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho, cujo funcionamento desde o início de 2018 foi cedido à empresa. O contrato vale por 25 anos. Nesse meio tempo, entre aviões e pessoas, a prioridade parece clara: os aviões.
O primeiro vídeo é de março de 2018; o segundo, de setembro de 2019. Nesse meio-tempo, Fraport e prefeitura de Porto Alegre criaram um cenário de guerra na Vila Nazaré, com muita desinformação e falsas promessas para moradoras e moradores.
A Vila Nazaré abriga hoje cerca de 2 mil famílias. São trabalhadoras e trabalhadores desassistidos pelo Estado e que, sem condições financeiras de arcar com os preços dos aluguéis e imóveis em outras partes, ocuparam áreas ociosas da cidade e ali fizeram a sua morada. Vieram, na maioria, de cidades do interior do Estado do Rio Grande do Sul, abandonando o campo devido à falta de oportunidades e perseguindo o sonho de uma vida melhor na capital. Durante mais de cinco décadas construíram casas, desenvolveram comércio local e consolidaram vínculos familiares, de amizade e de vizinhança.
Os planos de extensão da pista do aeroporto, porém, pretendem varrer do mapa a comunidade. E o pior: a remoção vem sendo planejada de forma arbitrária, autoritária e sem garantias de direitos às famílias afetadas. Não há nenhum plano de remoção e as famílias estão sendo divididas: parte das pessoas estão indo para o Loteamento Nosso Senhor do Bom Fim e outra parte para o Loteamento Irmãos Marista, no Timbaúva, longe de serviços básicos de saúde, educação e transporte. Crianças que vão à escola perto da Nazaré perderão o ano escolar; quem trabalha perto da vila poderá perder o trabalho, já que, na maioria, são empregos informais nos quais os empregadores não são obrigados a bancar pelo transporte da trabalhadora ou trabalhador; quem vai ao médico no posto de saúde ao lado da Nazaré poderá perder seu atendimento.
A falta de informação e transparência no processo é preocupante: em nenhum momento as lideranças locais foram ouvidas para que se saiba o que pensam aqueles que serão diretamente atingidos pelas obras. Em audiência pública convocada pelo então deputado estadual Pedro Ruas (PSOL), único momento em que todas as partes envolvidas no processo estiveram reunidas junto à comunidade, representantes da Fraport, ainda que presentes, recusaram-se a sentar na mesa e responder qualquer questionamento dos moradores – que se posicionaram de forma bastante clara: não querem ir para o Timbaúva, local mais distante da Nazaré, nos limites entre os municípios de Porto Alegre e Alvorada.
O que a maioria deseja é o seu direito de permanecer na região onde construíram suas moradias e vidas (e são criminalizados por isso). Não há, basicamente, informações disponíveis e claras para que as famílias que veem ameaçado o seu direito à moradia saibam o que se passa, ou para onde vão, ou para onde seus familiares, amigos e vizinhos vão: não se sabe quem vai para o Nosso Senhor do Bom Fim ou para o Timbaúva, e nem quando, e nem de que jeito. Há, supostamente, um sorteio – mas ninguém sabe dizer como ele ocorre. Uma das responsabilidades da Fraport era ajudar na mudança das famílias: das poucas que já foram removidas (todas para o Loteamento Nosso Senhor do Bom Fim), caminhões levaram apenas parte dos pertences, e os largaram em frente aos prédios sem nenhum auxílio extra; o dinheiro que seria pago para a compra de novos móveis foi pago apenas uma parte, como crédito de R$2 mil em uma loja específica.
A responsabilidade da Fraport, porém, é muito mais ampla: os Ministérios Públicos Federal e Estadual e as Defensorias Públicas da União e do Estado acionaram a empresa na Justiça, reconhecendo a responsabilidade total da empresa no realojamento das famílias, inclusive na construção de uma terceira alternativa para quem não estiver satisfeito com as duas opções dadas até agora – o que, considerando que 85% das famílias seriam despejadas para o Timbaúva, representa a maior parte das pessoas. O caso está na Justiça e, em sua primeira manifestação, a juíza reconheceu o direito das famílias à terceira opção. Contudo, disse que isso deve ser tratado mais tarde, individualmente com quem ficar para trás em meio aos escombros. A juíza sequer exigiu da prefeitura de Porto Alegre e da Fraport um plano de remoção, onde se mostre, com clareza, quem sai e para onde e quando e de que jeito. Com os limites do sistema judiciário local, parece-nos clara a importância de um tratado internacional que regule a atuação das empresas transnacionais, como o Tratado Vinculante a ser construído no âmbito da ONU. Muitas vezes mais ricas e poderosas que os próprios estados, empresas do Norte Global violam direitos dos povos do Sul e atacam seus territórios.
Governantes locais e a empresa Fraport tapam os ouvidos às propostas de urbanização da Vila Nazaré, de melhoria na qualidade de vida na região, o que garantiria que as famílias permaneçam no seu território de origem. Por anos a prefeitura de Porto Alegre abandonou o local, impossibilitando a vida ali, com o intuito de criar o desejo de saída nas famílias: o posto de saúde foi fechado, a escola infantil também; as ruas de barro são esburacados e à primeira chuva as casas inundam com esgoto.
Em seu website, a Fraport garante respeitar a diversidade cultural, ética, social, política e legal de todas as nações e comunidades. O que se vê é o contrário. Não há diálogo nem transparência, ao passo que sobram ameaças de remoções, autoritarismo e desinformação. A cada família removida da Vila Nazaré, tratores vêm logo derrubar as casas; ficam para trás os escombros. Um triste cenário de guerra. Tudo em nome dos aviões. Em nome dos lucros de uma empresa transnacional alemã.
Apesar do reconhecimento do direito a uma nova alternativa a quem não aceitar a remoção para o Timbaúva ou para o loteamento Nosso Senhor do Bom Fim, decisão judicial retrocede em pontos importantes, dando aparência de legitimidade às violações de direitos promovidas por Fraport e prefeitura de Porto Alegre. Desejo das cerca de 2 mil famílias é de permanecer na região onde construíram suas raízes há mais de 60 anos.
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Ao andar pelas ruas da Vila Nazaré, zona norte de Porto Alegre, percebe-se logo o abandono: não há saneamento, as poças se multiplicam e invadem as casas em dias de chuva, o lixo não recolhido se acumula pelos cantos. O posto de saúde foi fechado; a escola infantil também. Serviços básicos de infraestrutura, como iluminação pública e pavimentação de ruas e calçadas, são inexistentes. Completam a cena as paredes reduzidas a escombros que surgem ora à direita ora à esquerda, em sequência: são os restos das casas de quem já aceitou sair da comunidade e se mudou para o loteamento Nosso Senhor do Bom Fim (cerca de 120 famílias, o que representa aproximadamente 5% do total de habitantes da Vila Nazaré). O abandono do poder público é tamanho que faz da vida no local quase insuportável: e eventualmente as pessoas cedem, cansadas de ver o esgoto invadindo seus terrenos, aceitando sair de suas casas mesmo que para longe e para apartamentos menores. “Pelo menos lá tem calçada, tem saneamento”, muitos pensam, sem perceber a tática usada por poderes públicos e privados para criar, nas moradoras e nos moradores, o desejo pela saída.
Mais preocupante, porém, é a Justiça não identificar essa velha tática: as decisões publicadas na noite da última quarta-feira (13/8) a respeito do processo de remoção das famílias da Vila Nazaré ignoram diversas violações de direitos cometidas por prefeitura de Porto Alegre e Fraport (empresa alemã concessionário do aeroporto), que não são poucas e vêm sendo denunciadas há tempos. Em qualquer conversa com moradoras e moradores da comunidade, as denúncias não demoram a surgir:
– Existem ainda famílias não cadastradas, o que impossibilita o argumento utilizado por Fraport e prefeitura (e aceito pela justiça sem nenhuma verificação) de que há apartamentos para todos. Afinal, como isso poderia ser afirmado sem que se saiba exatamente quantas pessoas vivem na comunidade?
– O cadastro foi feito de maneira intimidatória, com a presença de soldados da Brigada Militar;
– A Itazi, contratada pela Fraport para realizar o cadastramento, não foi transparente em seu questionário e seus métodos. Eram feitas perguntas descabidas e sem nenhuma relação com o processo de remoção – por exemplo, sobre antecedentes criminais. A Itazi, aliás, orgulha-se em seu site da “agilidade que consegue impor ao processo expropriatório”; ou seja, da rapidez com que consegue expulsar as famílias que estão no caminho de grandes empreendimentos;
– Há denúncias de ameaças veladas por parte do Demhab (Departamento Municipal de Habitação), cujos funcionários informam àqueles que não aceitam a remoção para o Timbaúva que ficarão sem casa;
– Terrenos habitados por mais de um núcleo familiar estão sendo considerados como uma única casa – assim, famílias de sete ou oito pessoas que viviam em casas separadas, mas em um mesmo terreno, serão forçadas a dividir um único apartamento;
– Famílias estão sendo divididas, indo parte para um loteamento, parte para outro. O critério, segundo o próprio Demhab, é sorteio;
– Forçadas a tomar uma decisão, as famílias não são informadas sobre a terceira opção, a ser ainda oferecida pela Fraport e pela prefeitura de Porto Alegre a quem se negar a ir para o Timbaúva ou para o Nosso Senhor do Bom Fim – quer seja uma indenização financeira, quer seja um novo loteamento a ser construído na região onde hoje está a Nazaré.
Esses são só alguns exemplos: as denúncias são várias, muitas delas documentadas. Mas para ouvi-las, é claro, é preciso ir até lá, escutar as pessoas e tentar entender a realidade local. A voz das pessoas atingidas, porém, não tem sido ouvida pelas autoridades ao longo do processo.
Ainda assim, apesar de diversos entendimentos equivocados, a decisão judicial é clara em um ponto crucial: ninguém deverá sair para onde não quer ir. Ou seja, não deverão ocorrer remoções forçadas: as famílias que não aceitarem o que está sendo agora ofertado deverão ser contempladas com outra opção de moradia, a ser oferecida por Fraport e prefeitura de Porto Alegre. Segundo os planos iniciais da empresa alemã e do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr. (PSDB/MBL), cerca de 85% das famílias da Nazaré seriam removidas para o Loteamento Irmãos Marista, no Timbaúva, bairro Rubem Berta. As famílias da Nazaré, porém, já deixaram bastante claro que não querem ir para este local: em audiência pública promovida pelo então deputado estadual Pedro Ruas (PSOL) – quando a Fraport recusou sentar-se à mesa e responder aos questionamentos da comunidade -, a principal exigência das famílias foi gritada por todas e todos os presentes: Timbaúva não! Hoje o lema estampa bandeiras e faixas usadas em protestos realizados na região e é uma das demandas mais marcantes na luta da comunidade pelos seus direitos. O desejo das famílias é permanecer na região onde há 60 anos nutre suas raízes sociais e familiares.
Quem possui comércio na vila também demonstra grande preocupação: como manter a sua forma de sustento em outro lugar, perdendo os laços e a confiança construídas dentro da Nazaré? A promessa de que comércios serão considerados no realojamento das famílias é recente, fruto da pressão popular: ainda assim, não há nenhuma garantia de que será cumprida – afinal, desde o início o processo ocorre sem nenhuma transparência e com pouca informação.
Muitas famílias sobrevivem graças ao trabalho com reciclagem; indo para pequenos apartamentos no Timbaúva, o serviço ficará impossibilitado, seja pela distância dos locais de coleta, seja pela falta de espaço para armazenamento dos materiais. Quem possui animais também se assusta: há um limite de cães e gatos por apartamento; com isso, muitos animais serão deixados para trás. Além disso, as famílias que possuem horta e plantações em seus terrenos verão comprometida também a sua soberania alimentar, já que não conseguirão manter seus modos de vida nos pequenos apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida.
E eis outra questão importante: os loteamentos Nosso Senhor do Bom Fim e Irmãos Marista foram construídos com investimento público para enfrentar o déficit habitacional de Porto Alegre. Por sua vez, o contrato de concessão é claro ao afirmar a Fraport como responsável pela remoção das famílias. Logo, além de ser obrigada a apresentar uma nova alternativa que contemple o desejo das famílias de permanecer na região, a empresa alemã deve ressarcir o Estado brasileiro em relação às casas que ocupar nos lotes do Minha Casa, Minha Vida – é a Fraport, afinal, que deve abarcar todos os custos do realojamento (inclusive os relativos à construção dos empreendimentos). Além disso, a maioria das casas da Nazaré é mais ampla e está em terrenos maiores que os dos loteamentos propostos – onde quase todas as unidades são apartamentos. É direito das famílias serem ressarcidas pelas suas casas, e não apenas trocar um lugar maior e melhor por apartamentos menores e mais distantes.
Nenhum desses fatos, denunciados primeiro pelo MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) e pela Amovin (Associação dos Moradores da Vila Nazaré) – que então acionaram os Ministérios Públicos Estadual e Federal e as Defensorias Públicas Estadual e da União -, parece sensibilizar a Justiça. Na linguagem rebuscada do Direito, quase que de maneira incompreensível, é dito não haver problemas relacionados à remoção das famílias; que o que está acontecendo é normal e as soluções apresentadas até agora são suficientes. Durante audiência no início de agosto, prévia a estas decisões, foram ouvidos na Justiça Federal os autores da ação civil pública (que são os Ministérios Públicos Federal e Estadual e as Defensorias Públicas da União e do Estado) e os réus (prefeitura de Porto Alegre e Fraport, além da União e da ANAC [Agência Nacional de Aviação Civil]). Centenas de moradoras e moradores foram até o prédio da Justiça Federal, mas foram impedidos de participar da audiência que definia os seus futuros.
Talvez, da sala do quarto andar onde ocorria a audiência, os gritos das famílias que se recusaram a voltar para casa sem passar seu recado tenham sido ouvidos. Com faixas e cantos, permaneceram por horas em vigília em frente ao local: mais tarde, em sua decisão, a juíza substituta da 3ª Vara Federal de Porto Alegre Thais Helena Della Giustina reafirmou o fato de que nenhuma família poderá ser expulsa de sua casa contra a sua vontade: há mais de meio século naquele território, as famílias da Nazaré tem a posse de suas terras. Têm direitos. Assim que a juíza afirma:
“Quanto às famílias que motivadamente recusarem a remoção para as unidades oferecidas nos loteamentos Senhor do Bom Fim e Irmãos Maristas, após a realização de sorteio e observadas as prioridades estabelecidas, há de ser desenvolvida, oportunamente, solução junto ao DEMHAB, Município de Porto Alegre e Fraport […]”.
Ou seja: a recusa em ir ao Timbaúva, já expressa pela comunidade, gerará a obrigação da construção de uma terceira alternativa de moradia às famílias. A decisão judicial, porém, é muito reticente, jogando para um futuro incerto a decisão sobre esta terceira opção, que pode ser tanto um novo loteamento na região como a devida indenização financeira pelas casas, terrenos e comércios. Mas o atraso e a falta de firmeza da Justiça podem ser fatais: como as pessoas podem decidir livremente sem sequer saber quais são todas as suas opções? Como garantir que a terceira via será mesmo respeitada, em especial se poucas famílias resistirem ao medo e ao descaso e permanecerem na Nazaré, em meio a escombros? E como garantir também que, por lutar por seus direitos, essas famílias não serão penalizadas mais tarde? A estigmatização de quem luta por seus direitos acontece com frequência: há, hoje, uma forte campanha difamatória na imprensa contra as famílias da Nazaré.
Essas são perguntas que seguem sem resposta. Por isso, a luta continua: novas etapas judicias se seguirão e a comunidade manterá sua mobilização. No dia seguinte à publicação da decisão judicial, uma assembleia realizada por moradoras e moradores, pela Amovin e pelo MTST debateu as questões levantadas no processo e planejou os próximos passos, reafirmando o espírito coletivo da luta e de união da comunidade. No dia 27/8, terça-feira, uma audiência na Cuthab (Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação), da Câmara de Vereadores, será uma nova oportunidade para fazer ouvir o grito das famílias da Vila Nazaré, que contra todas as injustiças permanece unida e em luta por seus direitos. Vale frisar: a luta da comunidade não é contra o aeroporto; é simplesmente pela garantia dos seus direitos fundamentais.
Hoje, crianças brincam sobre o cimento partido, os azulejos quebrados e o metal retorcido dos escombros das casas. O rastro de destruição deixado pelos tratores do Demhab simboliza bem a política habitacional posta em prática pela prefeitura de Porto Alegre no caso da Vila Nazaré (e de tantas outras comunidades antes, como a Vila Dique, a Ocupação Progresso e a Vila Tronco): a expulsão de famílias pobres sempre para mais longe, sem que tenham seus direitos respeitados, afastadas do centro da cidade e de serviços básicos de educação, saúde e transporte público.
Há tempo ainda para que não se repitam os erros do passado, mas para isso as autoridades tem que fazer o oposto do que tem feito até agora, e ouvir as pessoas.
Grandes jornais da Alemanha tem alertado a população local sobre as violações de direitos por parte da Fraport nas obras do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Para a sequência dos trabalhos, cerca de 1.500 famílias da Vila Nazaré perderão suas casas; entretanto, a transnacional alemã não assume sua responsabilidade na realocação da comunidade – e o contrato de concessão é claro: a responsabilidade pelo reassentamento das famílias da Nazaré é sim da Fraport. Ministérios Públicos Federal e Estadual e Defensorias Públicas da União e do Estado já acionaram a empresa na Justiça.
Uma articulação entre Amigos da Terra Brasil e Amigos da Terra Alemanha tem feito circular também no país europeu essas notícias sobre as violações da Fraport. Veja abaixo a íntegra dos textos que foram publicados na Alemanha, traduzidos para o português:
Frankfurter Rundschau: “Aeroporto de Porto Alegre: Fraport cria fatos”.
De Jutta Rippegather
Lia Polotzek, especialista em comércio do BUND [Amigos da Terra Alemanha], denuncia o comportamento da empresa operadora do aeroporto de Frankfurt em Porto Alegre, Brasil.
A Fraport assumiu a operação do aeroporto de Porto Alegre no início de 2018 e agora pretende expandir a pista e os terminais. Para abrir caminho, milhares de pessoas vão perder suas casas. O Ministério Público interveio. Lia Polotzek, da BUND, está em contato com organizações locais.
Sra. Polotzek, na assembleia geral da Fraport, a empresa já havia sido criticada pela sua atuação em Porto Alegre. O que você ouve do Brasil?
As pessoas vão ser divididas e reassentadas em dois lugares. Um deles não possui cuidados de saúde adequados nem oportunidades educacionais, e com alto grau de violência. O local não é bem conectado ao transporte público. Quem trabalha com coleta de lixo vai perder seu modo de sustento; muitas das pessoas na Vila Nazaré vivem da reciclagem.
De quantas pessoas estamos falando?
Segundo a Amigos da Terra Brasil, são cerca de 2 mil famílias.
E como se comporta a Fraport?
Não informa as pessoas diretamente. Muita gente soube do que estava acontecendo através de notícias na televisão e no jornal. A empresa não quer pagar uma compensação adequada. Enquanto os cálculos oficiais supõem que os reassentamentos custariam cerca de R$ 150 milhões e a promotoria pública exige que a Fraport levante esses fundos, a empresa queria fornecer apenas R$ 29 milhões em fevereiro.
Quando a promotoria pública interveio?
Estava ativa já há algum tempo e fez a sua recomendação no início de fevereiro [sobre responsabilização da Fraport]. Afirmou também claramente que a Fraport é totalmente responsável pelo realojamento das famílias. A empresa se opôs. Houve negociações que não conduziram a um acordo. No início de junho, o Ministério Público tornou isto público, chamando a atenção para o fato de poder agora entrar com uma ação judicial contra a Fraport [o que de fato aconteceu].
Quem está à frente nesta luta na Vila Nazaré?
Muitas das pessoas vivem abaixo do limiar da pobreza. A Amovin (Associação dos Moradores da Vila Nazaré) representa os interesses dos moradores. O MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) está ativo e nossa organização parceira, a Amigos da Terra Brasil, está também contribuindo.
Quais são as exigências sobre a Fraport?
Eles devem assumir a responsabilidade pelo reassentamento, pagar a compensação adequada e respeitar o direito à moradia, apresentando uma nova alternativa. As primeiras remoções voluntárias já começaram, o que significa que a Fraport está criando fatos. Não deve haver reassentamento forçado em nenhuma circunstância.
Então a Fraport não seria capaz de expandir a pista.
Há alternativas de moradia que estão mais próximas da região da Nazaré; e parte da terra é de propriedade pública. É melhor do que dividir a comunidade: são pessoas que vivem juntas há 60 anos. A Fraport alega que a comunidade é um assentamentos ilegal. Isso não é verdade, diz o Ministério Público.
Por que a BUND se envolveu?
Em todo o mundo, as violações dos direitos humanos e a destruição ambiental andam de mãos dadas. Trata-se de uma expansão aeroportuária prejudicial para o clima e, ao mesmo tempo, as pessoas estão perdendo suas casas sem uma compensação adequada. Isso tudo para que algumas pessoas privilegiadas possam utilizar o aeroporto para expandir o comércio. Os interesses da economia estão na linha da frente, não os das pessoas ou do ambiente.
Sobre a pessoa: Lia Polotzek é consultora em economia, finanças e comércio no Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND – Amigos da Terra Alemanha). Ela lida com a política comercial da UE, a responsabilidade corporativa pelo ambiente e pelos direitos humanos e a transformação sócio-ecológica da economia.
O aeroporto de Porto Alegre (RS) oferece conexões com importantes cidades brasileiras e destinos internacionais. Em março de 2017, foi cedido à Fraport um contrato de concessão para o aeroporto com um prazo de 25 anos.
Wirtschaftswoche: “Brasileiros processam Fraport por remoções forçadas”
EXCLUSIVO / De Jacqueline Goebel e Rüdiger Kiani-Kreß / 11 de Julho de 2019.
A operadora do aeroporto de Frankfurt também assumiu a operação do aeroporto brasileiro de Porto Alegre no início de 2018.
A Fraport, operadora aeroportuária, está enfrentando longos processos judiciais no Brasil relativos à expansão do aeroporto em Porto Alegre. O Ministério Público Federal do Brasil obteve uma ordem contra a Fraport que pode atrasar significativamente a expansão da pista. Isso se deve a ações judiciais movidas por moradores locais cujos reassentamentos devem ser liberados para o projeto. A Fraport deve cumprir a sua responsabilidade também em termos financeiros e apresentar um “plano de reassentamento apropriado”, de acordo com a ordem disponível à WirtschaftsWoche.
Cerca de 1.300 a 1.700 famílias terão de ser reassentadas. As famílias devem se cadastrar para receber moradia social nos novos assentamentos. Até agora, porém, apenas cerca de 1.000 famílias se registraram, de acordo com a Fraport. O Ministério Público exige que não haja mais reassentamentos até que todas as famílias tenham se cadastrado. Muitos residentes protestam contra o reassentamento porque têm medo de perder suas oportunidades de renda.
A Fraport assumiu a exploração do aeroporto no início de 2018 e é também responsável pelas medidas de expansão. Para permitir que aeronaves maiores pousem em Porto Alegre, a pista deve ser estendida até 2021. A decisão do Ministério Público Federal poderia agora atrasar essas medidas.
A Fraport aparenta estar tranquila a respeito de seus procedimentos [embora o contrato deixe claro a responsabilidade da empresa]: “Várias decisões judiciais confirmaram que o acordo é ilegal”, disse a Fraport. O governo está a oferecer habitação social aos residentes. A Fraport deve assumir os custos de relocação, além de um “pagamento compensatório voluntário” para aqueles que não têm direito a habitação social. Os pagamentos elevam-se assim ao equivalente a cerca de 6,8 milhões de euros. No entanto, prevê-se que o custo total das medidas de reinstalação seja de 35 milhões de euros. O Ministério Público está agora a exigir que a Fraport “cumpra as suas obrigações contratuais” e pague o montante total.
Handelsblatt: “Direitos humanos sem fronteiras”
Em uma pesquisa com 1.800 empresas, Berlim quer saber como elas defendem os direitos humanos junto aos seus fornecedores no exterior. Em caso de dúvida, uma lei ameaça.
O governo alemão leva a sério a questão dos direitos humanos: a comunidade empresarial em Berlim deve fornecer informações detalhadas sobre o que as empresas estão fazendo para garantir o cumprimento dos direitos humanos pelas subsidiárias e fornecedores no exterior. Em agosto, 1.800 empresas alemãs receberão uma carta da Ernst and Young (EY), empresa de auditoria encarregada pelo governo de implementar o sistema de monitoramento. A Grande Coligação dependerá das respostas a estas perguntas para determinar se, no futuro, será uma obrigação legal defender os direitos humanos também junto dos fornecedores estrangeiros. Até à data, as empresas só assumiram compromissos voluntários, por exemplo, no âmbito da Aliança Têxtil entre a indústria e o Ministério do Desenvolvimento. “O acordo de coalizão é muito claro: se o compromisso voluntário não for suficiente, o governo alemão tomará medidas legislativas”, diz o ministro do Desenvolvimento, Gerd Müller (CDU). As empresas caem repetidamente em descrédito por serem acusadas de aceitarem queixas no estrangeiro.
O operador aeroportuário Fraport, no Brasil, acaba de ser acusado de alegadas violações dos direitos humanos. “A Alemanha e a economia alemã estão a se beneficiar particularmente da globalização. É por isso que temos uma responsabilidade especial”, disse o Ministro Federal dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas (SPD), ao Handelsblatt. Ilja Nothnagel, membro do conselho de administração da DIHK, diz que muitas empresas consideram que suas oportunidades de exercer influência no exterior são limitadas. Nothnagel exige: “Isso deve ser absolutamente considerado também no alinhamento do monitoramento agora. Moritz Koch, Donata Riedel
O controle é melhor
O governo tem empresas questionadas sobre as precauções que tomam para respeitar os direitos humanos em suas cadeias produtivas. As empresas receiam uma lei e novos encargos.
Trata-se de pessoas que vivem em cabanas auto-construídas e estão entre os mais pobres da sociedade brasileira. Pessoas como Maria Soares, uma mulher com olhos cansados e rugas profundas. Em um vídeo da “Amigos da Terra Brasil”, ela fala sobre sua raiva e impotência. Soares e os outros habitantes da Vila Nazaré, à beira do aeroporto de Porto Alegre, devem perder suas casas. O aeroporto está a crescer e as suas cabanas vão dar lugar a uma nova pista de pouso. O povo da Vila Nazaré faz acusações: eles relatam o “terror policial”, intimidação direcionada e até mesmo tortura. E dizem: não só a prefeitura de Porto Alegre, que aprovou a expansão do aeroporto em 2010, é responsável por seu sofrimento, mas também a Fraport AG, que opera o aeroporto desde 2018.
O Ministério Público Federal concorda e apresentou um processo contra a Fraport. Uma vez mais, as empresas alemãs são confrontadas com acusações de que desrespeitam os direitos humanos ou, pelo menos, aceitam desrespeitos. Estas acusações podem assustar os consumidores e causar graves prejuízos financeiros. Por esta razão, muitas empresas já estão prestando cada vez mais atenção à observância dos direitos humanos básicos por suas subsidiárias e parceiros comerciais estrangeiros. O Governo Federal ainda não está satisfeito com isso. Com um “monitoramento”, ele quer examinar a prática dos direitos humanos nas maiores empresas alemãs – e fazer depender do resultado se uma lei deve obrigar a economia a uma maior disposição para assumir responsabilidades. Já em 2016, adotou um “Plano Nacional de Ação para Empresas e Direitos Humanos” (PNAI). A implementação deste plano entra agora numa fase decisiva: em Agosto, terá início o inquérito representativo junto das empresas com mais de 500 trabalhadores. Os questionários serão enviados a 1.800 empresas e as respostas serão avaliadas anonimamente. Se se verificar que metade deles não está suficientemente preocupada com a observância dos direitos humanos pelos seus fornecedores, o legislador toma medidas. Pelo menos é isso que o PANincl prevê. O PNAI baseia-se em princípios orientadores que beneficiam o Conselho de Direitos Humanos da ONU “A Alemanha e a Economia Alemã”. em particular da globalização”, declarou o Ministro Federal dos Negócios Estrangeiros Heiko Maas O Handelsblatt. “Por isso temos também têm uma responsabilidade especial de proteger os direitos das pessoas que vivem no nosso mundo inteiro cadeias de fornecimento e de valor.”
Instrumento fraco
Durante anos, os críticos queixaram-se de que os compromissos voluntários fazer muito pouco pela economia …o faria. Ministro do Desenvolvimento Gerd Müller (CSU) provou-os por experiência própria. 2014 ele tinha uma aliança com a indústria têxtil na vida que se compromete voluntariamente com padrões ambientais e sociais. em primeiro lugar. Metade da indústria
Juntem-se a nós. “A outra metade não”, lamentou Müller no final do ano passado. Muitos veriam mesmo uma vantagem económica em minar as normas. Trata-se também, portanto, de proteger as empresas pioneiras da concorrência desleal. O ministério de Müller está trabalhando em um esboço para uma “Lei da Cadeia de Valor Sustentável”. Ameaça as empresas com multas de até cinco milhões de euros, prisão e exclusão de contratos públicos na Alemanha se não aplicarem os direitos humanos com os seus fornecedores no estrangeiro. Há muito que essas leis existem na Grã-Bretanha e em França, mas só se aplicam a empresas muito maiores do que aquelas com 500 trabalhadores. Algumas empresas acolheriam mesmo com agrado um projecto de lei. Um exemplo é o discounter têxtil Kik, que sofreu sérios danos à sua imagem em 2012 devido a uma catástrofe de incêndio em um fornecedor no Paquistão – e agora está defendendo uma “estrutura legal para due diligence corporativa”. Até onde a pressão política deve ir, no entanto, é controversa na política e nos negócios. A Chancelaria Federal e o Ministério Federal da Economia querem manter o princípio da auto-regulação voluntária. Temem novos encargos burocráticos para as empresas. Ministérios do Trabalho, do Desenvolvimento e das Relações Exteriores exigidos a economia em maior medida na obrigação de Toma. A metodologia da pesquisa da empresa foi dentro do governo por causa destes fundamentais Diferenças de opinião há muito controversas discutido. Agora temos um compromisso, o na quarta-feira, tanto o Ministério da Economia como o Ministério do Desenvolvimento depois de meses de luta. As empresas devem responder a perguntas como..: “Já identificou e implementou medidas? a fim de evitar negativos (potenciais ou reais) Prevenir os impactos sobre os direitos humanos ou para amaciar?” E: “Que empregados estão sendo treinados em aspectos de direitos humanos?”
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Maas, apela à economia alemã para que leve a sério o estudo. Era importante “que as empresas entrevistadas aproveitassem a oportunidade e respondessem em grande número”. A partir das respostas, os especialistas da consultoria de gestão EY, que foi encarregada de realizar a pesquisa, determinam se uma empresa está ou não efetivamente comprometida com a observância dos direitos humanos por seus fornecedores. O Ministério do Desenvolvimento está satisfeito por, ao contrário do que foi entretanto exigido pelo Ministério dos Assuntos Económicos, não existir uma categoria de “quase cumpridores” dos requisitos: Inicialmente, apenas os “cumpridores” e os “insatisfeitos” seriam contados na avaliação. Em um segundo passo, as empresas que já estão planejando medidas e introduzindo-as até 2020 podem ser nomeadas como “cumpridores”. De acordo com uma porta-voz do Ministério dos Assuntos Económicos, no entanto, trata-se de uma melhoria em relação aos planos anteriores. As organizações de direitos humanos têm uma opinião diferente. O governo federal quer dar às empresas que não implementam todos os requisitos do plano de ação uma segunda chance. Isto iria “diluir” o processo. Além disso, o governo federal está atrasando a implementação de seu plano de ação porque o monitoramento começará mais de três meses depois do previsto inicialmente. Além disso, questões importantes não tinham sido decididas, mas simplesmente adiadas. No entanto, o Ministério do Desenvolvimento está satisfeito: no fim de contas, trata-se apenas de as empresas fazerem mais do que fizeram até agora – e já há sinais disso. “A discussão sobre uma possível Lei de Cadeia de Suprimentos e Due Diligence finalmente despertou muitas empresas e as colocou em ação, e nesse sentido já conseguiu algo”, disse Müller ao Handelsblatt na quarta-feira, mas também enfatizou: “Muitas empresas vêm até mim e exigem uma lei para que as mesmas regras se apliquem a todos”. Se o inquérito não mostrar progressos claros, ele continuará a insistir numa lei e defenderá também uma directiva correspondente a nível da UE. As indústrias têxtil e alimentar seriam particularmente afectadas por essa lei. Ingeborg Neumann, presidente da Associação de Moda e Têxtil, tem repetidamente manifestado receios de que as empresas sejam sobrecarregadas com mais burocracia. O problema para muitas empresas têxteis é que as suas cadeias de abastecimento são amplamente ramificadas. Uma camisa, por exemplo, contém mais de 100 suprimentos. Mesmo depois do compromisso alcançado pelos ministérios, a associação continua a manter a sua avaliação crítica: o Ministério da Economia conseguiu apenas mudanças mínimas, e estas são completamente inadequadas, critica uma porta-voz. Algumas perguntas do questionário não tinham nada a ver com os requisitos formulados no PAN. Resta-nos esperar que o Governo Federal controle agora o processo. Até agora “tudo isto tem sido uma farsa”, resume a associação. A Associação Federal das Associações de Empregadores Alemães (BDA) também está preocupada: “O conteúdo e a forma da monitorização planeada das empresas podem ser facilmente concebidos de forma a que o seu resultado negativo seja altamente provável desde o início”, explica a BDA. Era de recear “que isso conferisse legitimidade à intervenção legislativa”.
“Nenhum processo credível”.
Igualmente insatisfeitas, mas por razões completamente diferentes, estão as ONG. “É um escândalo que o monitoramento tenha sido diluído”, queixa-se Lia Polotzek da BUND. “A monitorização já não é um processo credível. Nenhuma empresa alemã deve contribuir para a “violação dos direitos humanos e destruição do nosso meio ambiente”. O governo se defende: o monitoramento é feito “de forma transparente, cientificamente sólida e de acordo com as exigências da legislação nacional”. Plano de acção”, sublinha o Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros.
Para Maria Soares e os habitantes da Vila Nazaré, o debate alemão chega de qualquer forma tarde. A expansão do aeroporto será agora decidida por o judiciário brasileiro. Um desenvolvimento que também dá as boas vindas à empresa acusada Fraport. O operador aeroportuário considera o processo judicial como um e estou calmo. “Temos confiança nos tribunais brasileiros”, explica um porta-voz. O respeito pelos direitos humanos é para a Fraport “uma parte essencial do responsável Governança Corporativa”.
Recentemente, o Grupo RBS iniciou uma campanha de difamação contra as famílias e lideranças da Vila Nazaré e contra os movimentos sociais organizados na luta pelo direito à moradia da comunidade que sofre com remoções indevidas devido às obras da Fraport no aeroporto de Porto Alegre.
A própria comunidade tem divulgado respostas à covarde campanha do maior grupo de comunicação do Sul do Brasil, tradicionalmente aliado ao que de mais nefasto há na nossa sociedade (da ditadura militar ao golpe de 2016) – dessa vez, alia-se aos interesses do capital internacional, sem se importar nos impactos das remoções nas vidas das quase 2 mil famílias que vivem hoje na Nazaré. A Fraport, maior interessada no despejo rápido das famílias, é blindada pela mídia – por exemplo, sequer é citada na matéria que analisamos abaixo. Uma vez mais, sangra o jornalismo.
Seguem então os apontamentos que fizemos a partir do texto de uma das reportagens do jornal Zero Hora, parte da campanha difamatória. O conteúdo sensacionalista tenta reduzir a Nazaré ao tráfico de drogas; contraditório e frágil, falha na sua missão, embora cause estragos: o texto reforça estigmas e preconceitos, dos quais é ao mesmo tempo criador e criatura. Frente a isso, é importante que haja resposta e que prevaleça a verdade, que é muito diferente daquilo que dizem os veículos e jornalistas do Grupo RBS.
Confira abaixo a íntegra da reportagem do jornal Zero Hora na qual nos baseamos. Outros conteúdos com teor semelhante foram produzidos na Rádio Gaúcha e na RBS TV. Convidamos os jornalistas do Grupo RBS a saírem do ar-condicionado de suas redações e caminharem pela Vila Nazaré, conversando com moradoras e moradores antes de os criminalizar e reduzir suas vidas à violência. A verdadeira violência que atinge a Nazaré, bem diferente das supostas ameaças do tráfico alardeadas pela mídia, é o abandono do poder público que faz esgotos invadirem casas e a entrega do destino das famílias aos interesses do capital internacional, nem um pouco preocupado com a garantia dos direitos coletivos da comunidade. Rosane de Oliveira, jornalista do Grupo RBS, já recusou o convite para testemunhar as violações da prefeitura de Porto Alegre e da Fraport na Vila Nazaré:
Segue o texto:
“Polícia Civil combate grupo criminoso que ameaçava moradores na Vila Nazaré, em Porto Alegre
Operação Nasa cumpre 55 mandados de busca e apreensão e coíbe tráfico de drogas, roubos e receptação
O filme Show de Truman, no qual um homem é monitorado 24 horas por dia e tem sua rotina transmitida em tempo real por um programa de TV, foi usado pela Polícia Civil para exemplificar como vivem os moradores da Vila Nazaré, na zona norte de Porto Alegre, ao pedir à Justiça autorização para vasculhar casas, becos e locais usados como esconderijos de armas, munições e drogas.
A Operação Nasa, desencadeada na manhã desta quarta-feira (10) para cumprir 55 mandados de busca e apreensão, visava interferir no esquema criminoso que, segundo a polícia, funciona protegido pelas ruelas da vila — encravada entre muros de grandes depósitos de empresas, o aeroporto Salgado Filho e terrenos baldios saturados de lixo. Na ação, foram apreendidos 9 quilos de maconha e dois quilos de cocaína.
Investigação da 4ª Delegacia da Polícia Civil apontou que moradores vivem dominados pelo medo imposto por uma organização criminosa que vende drogas e engorda os lucros com roubos e receptações. Cerca de 1,3 mil famílias vivem na região.
A remoção de famílias da área onde será feita a ampliação da pista de pousos e decolagens do aeroporto, promovida pela prefeitura, foi um dos estopins da investigação. Foi constatado que moradores que aceitaram ser transferidos para dois condomínios estariam sofrendo ameaças de traficantes preocupados em manter seus negócios na região.
Segundo a apuração, criminosos subjugam moradores a lhes prestarem proteção, aliciam olheiros e coordenam um sistema que tornou a Nazaré um cenário totalmente vigiado: qualquer movimentação fora da rotina estipulada pelas regras faz soar alertas para que os bandidos escapem. A polícia tem dificuldades de entrar nos becos e de identificar casas e pessoas.
Transferência
A ofensiva desta quarta-feira conta com 250 policiais e investiga 49 pessoas. O delegado Cristiano de Castro Reschke, responsável pela apuração, explica que ações como apenas prender olheiros ou pequenos vendedores de drogas não reduzem o efeito nocivo da atuação dos criminosos sobre a comunidade. Segundo ele, diversos trabalhos já foram feitos na região, sem surtir efetivo resultado.
A investigação apurou que, nos últimos meses, a eminente mudança de moradores vinha causando inquietação entre os criminosos. Conforme a polícia, enquanto tentam manter a rede já formada na região, traficantes estariam dispostos a tomar outras áreas para reinstalar seus negócios.
O local escolhido precisaria ter geografia semelhante à da Vila Nazaré — que dificulta o acesso do poder público — e não pode estar sobre o controle estatal, como estão os condomínios previstos para reassentar as famílias, nos bairros Sarandi e Rubem Berta.
Nessa “transferência” do grupo criminoso, a polícia teme que voltem a ocorrer episódios como os registrados em 2016, com disputa sangrenta entre facções nas ruas, com casos de decapitação e execuções à luz do dia. Com base nisso também a polícia sustentou os pedidos para a Operação Nasa — batizada assim por ser complexa e ter sido executada em um terreno inóspito, a exemplo das missões feitas pela agência espacial norte-americana.
Além do tráfico de drogas, são investigados crimes patrimoniais, receptação e ameaças a moradores. Os policiais buscam apreender dinheiro sem procedência comprovada, documentos que revelem informações da contabilidade dos traficantes, além de drogas, armas, munições, bens móveis sem comprovação de propriedade, objetos relacionados à preparação de drogas, computadores, telefones celulares e tablets. Um dos focos é localizar provas que levem à responsabilização dos líderes da organização.
A execução da operação se dá de forma integrada com cooperação da Brigada Militar, por meio do 20° Batalhão de Polícia Militar. A Polícia Civil também está empregando grupos especiais no cumprimento dos mandados.”
Em reunião dos acionistas da Fraport, Stefan Schulte, diretor da empresa, mostra desconhecer realidade da Vila Nazaré, que será removida devido às obras do aeroporto Salgado Filho. A Fraport é a responsável pelas obras, mas diz não ter relação com as remoções.
“Nós da Fraport não temos nada a ver com a decisão. Fazer o realojamento das pessoas era uma das precondições da assinatura do contrato entre as autoridades e a empresa”. Assim o dirigente da Fraport, Stefan Schulte, resumiu a grave situação das famílias da Vila Nazaré, que sofrem com um conturbado processo de remoção do local que habitam há cerca de 60 anos – o motivo da remoção são as obras de ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho. A Fraport é a responsável pelas obras: desde 2016 é a operadora do aeroporto de Porto Alegre, após vencer licitação para explorar o seu uso por 25 anos. Ainda assim, a empresa alemã nega envolvimento no processo de remoção das famílias: em reunião com seus acionistas, ocorrida na última terça-feira (28), afirmou não ter “nada a ver” com o caso;ainda em 2018, seus representantes em Porto Alegre negaram-se a participar da mesa da audiência pública que debateu a situação da vila, não respondendo a nenhum dos questionamentos dos moradores que lotaram o saguão da escola Ana Nery, ansiosos por informações concretas sobre seus futuros. E desde o início desinformação parece ser a tática: muitas pessoas souberam que perderiam suas casas por meio de notícias na televisão e no rádio, o que mostra que em momento algum a comunidade participou das negociações sobre seu destino.
O plano da prefeitura de Porto Alegre é dividir a vila, indo parte para o loteamento Nosso Senhor do Bom Fim, local mais próximo da Nazaré, e outra parte para o Timbaúva, no loteamento Irmãos Marista, local distante de serviços básicos de saúde, educação e transporte público, nos limites entre Porto Alegre e a cidade de Alvorada. As famílias já se posicionaram contra a mudança para o Timbaúva. Contudo, são apenas 364 unidades habitacionais no Nosso Senhor do Bom Fim – hoje, cerca de 2 mil famílias vivem na Vila Nazaré, o que significa que a maior parte das pessoas será expulsa para o Timbaúva mesmo contra a sua vontade. Além disso, pontos comerciais não foram considerados no processo de reassentamento e muitas famílias perderão suas fontes de renda.
Em sua fala, resposta a acionistas críticos que questionaram as atitudes da empresa em Porto Alegre, Stefan Schulte ainda defendeu a ação da Itazi, empresa contratada pela Fraport para cadastrar e acelerar a remoção das famílias. Em seu site, a Itazi se orgulha da “agilidade que consegue impor ao processo expropriatório”. O cadastramento, feito de maneira violenta e com a presença da Polícia Militar, constrangeu moradoras e moradores: além da figura ameaçadora de policiais, perguntas descabidas e estigmatizantes foram feitas, sem nenhuma relação com a desapropriação – sobre antecedentes criminais, por exemplo.
Uma coisa parece curiosa: se agora a Fraport diz não ter relação alguma com as remoções das famílias da Nazaré, por que ela própria contratou uma empresa para “agilizar o processo expropriatório”? Stefan Schulte ainda mostra desconhecimento sobre a realidade da vila: a Itazi fez o cadastramento de apenas parte da comunidade, que está localizada exatamente na cabeceira da pista e que deve ser removida primeiro: os números que traz (veja íntegra da resposta abaixo), portanto, são parciais. Estranhamente nem Itazi nem Fraport divulgam os números do cadastramento que fizeram. Outra ilegalidade do processo é que o Demhab (Departamento Municipal de Habitação), órgão da prefeitura de Porto Alegre, está condicionando o reassentamento das famílias à renda familiar, excluindo famílias com renda superior a R$ 3 mil (cerca de três salários mínimos); ou seja, muita gente perderá suas casas e irá parar na rua.
É importante que a Fraport, transnacional alemã, assuma sua responsabilidade no reassentamento da Vila Nazaré, a ser removida do local que habita há seis décadas devido ao interesse comercial da empresa em expandir a pista do aeroporto. Existem terrenos – inclusive públicos – em área vizinha a onde hoje está a Nazaré que podem ser destinados para a moradia popular. A questão não é falta de espaço: um condomínio para quase 40 mil pessoas será construído na região; já as 2 mil famílias da Nazaré serão expulsas dali, onde viveram e construíram seus laços sociais e afetivos e firmaram suas raízes. A Fraport é cúmplice dessa violação do direito fundamental que é a moradia – indo, portanto, contra a Constituição brasileira e tratados internacionais sobre o tema, dos quais o Brasil é signatário.
Veja abaixo a íntegra da resposta do diretor da Fraport, Stefan Schulte:
“Foi uma decisão das autoridades do Rio Grande do Sul de realojar os moradores da Vila Nazaré, essa decisão foi tomada em 2010, por motivos de segurança e saúde. Nós da Fraport não temos nada a ver com a decisão. Fazer o realojamento das pessoas era uma das precondições da assinatura do contrato entre as autoridades e a empresa. Nós não acreditamos que sejam 5 mil pessoas, fizemos o censo, e segundo este levantamento constatamos 932 famílias, pra daí chegar a 5 mil deveriam ser 6 pessoas por família. Sobre o realojamento, mais que 100 famílias já aceitaram, e as entidades públicas já construíram as casas necessárias para as pessoas se mudarem, só precisam aceitar. Sobre o processo de realojamento e o censo, a Itazi é uma empresa que age em base e conforme as leis brasileiras, a citação que o senhor fez só reflete uma parte daquilo que consta na página web da empresa. O que é o mais importante é que tudo se dê em base e com respeito às leis brasileiras. E isso está sendo feito e respeitado. Sobre o bairro Irmãos Marista, segundo dizem nossos colegas brasileiros, a situação e a qualidade de vida e de segurança pública é equivalente à Vila Nazaré.”
Os químicos Abamectina, Glifosato e Tiram foram proibidos devido a inúmeros estudos que apontam seus danos à saúde humana e ao equilíbrio ambiental. Produtos já licenciados devem ser retirados do mercado em até 30 dias; novas licenças estão suspensas. Anvisa tem prazo até o final do ano para concluir reavaliação toxicológica. Decisão ainda pode ser revertida, mas representa uma grande vitória de quem defende a vida, a saúde e o meio ambiente por meio da agroecologia.
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Uma decisão da 7ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal proíbe o uso dos agrotóxicos abamectina, glifosato e tiram no Brasil. Segundo a juíza que proferiu a ordem, “está mais que suficientemente demonstrada a toxidade dos produtos para a saúde humana”, não restando dúvidas à necessidade da proibição. A conclusão judicial vem embasada por inúmeros estudos que apontam a alta nocividade destes químicos.
O glifosato é o agrotóxico mais utilizado no Brasil, em especial por produtores de soja. A Organização Mundial da Saúde (OMS), a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC, na sigla em inglês), a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) e o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) já se posicionaram sobre os malefícios da substância: para a IARC, o glifosato reduz a produção de progesterona em mamíferos, afeta a mortalidade de células placentárias e é supostamente carcinogênico; a OMS e a Abrasco o classificaram como “provável carcinógeno humano” – em uma escala de 1 a 5 da OMS, este é o segundo maior risco que pode ser dado a uma substância.
Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a exposição de animais ao glifosato causou “aumento significativo das aberrações cromossômicas e de presença de micronúcleos”. O Inca também apontou os malefícios do glifosato para a saúde humana, que contribuem para o aumento da taxa de mortalidade.
O Ministério da Saúde registra de 12 a 14 mil intoxicações por agrotóxicos no Brasil a cada ano – em 2016, foram quase 500 vítimas fatais. E a OMS estima que somente um em cada 50 casos cheguem às autoridades, o que aumentaria o registro de intoxicações para cerca de 650 mil por ano. Leia mais no site da campanha Agrotóxico Mata: Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida
A principal produtora do glifosato é a Monsanto, que o vende sob o rótulo “Roundup”. A empresa de venenos foi recentemente comprada pela Bayer (que produz os remédios para as doenças que, agora, ela própria cria). Em julgamento em 2017 nos Estados Unidos, ficou comprovada a manipulação de dados pela Monsanto a favor de seu veneno: a empresa havia contratado, em sigilo, cientistas para que produzissem dados em defesa do químico. Ou seja, as pesquisas que minimizam os efeitos danosos da substância não possuem credibilidade alguma: são encomendados pela própria culpada, a Monsanto. Ainda assim, devido ao forte lobby empresarial, o glifosato, que estava prestes a ser barrado na União Europeia, ganhou validade de mais cinco anos por lá; e a situação brasileira é muito mais grave: aqui, o limite de uso de glifosato é 200 vezes maior que no bloco europeu.
Infográfico da Repórter Brasil. AQUI, mais informações do uso de agrotóxicos no Brasil, em matéria que mostra também os focos geográficos das contaminações
A abamectina já é proibida na União Europeia. De acordo com nota da Anvisa, a substância “apresenta resultados preocupantes relativos à toxicidade aguda e suspeita de toxicidade reprodutiva dessa substância e de seus metabólitos”. Outro grave problema deste químico está na contaminação de recursos hídricos consequentes de seu uso no solo. Sobre o tiram, estudos indicam ser “provocador de efeitos neurocomportamentais, como ataxia, convulsões, letargia e malformações fetais severas, devido à existência de dissulfeto de carbono dentro de sua composição”.
“São estarrecedoras as conclusões da Fundação Oswaldo Cruz acerca do uso de abamectina, utilizando-se como base pesquisas experimentais realizadas em camundongos, macacos, cães ou coelhos, quando todos eles apresentaram sintomas e danosos que vão desde a irritação da pele até perda de peso, taquicardia e mutações no DNA” – Luciana Raquel Tolentino de Moura, 7ª Vara da Justiça Federal do DF
Além da proibição imediata de novas licenças para produtos à base destes três químicos e do prazo de 30 dias para retirada de mercado de produtos anteriormente licenciados, foi dado o prazo de 31 de dezembro deste ano à Anvisa para que finalize a reavaliação toxicológica das três substâncias. Esta reavaliação se arrasta desde 2008 – no Brasil, uma vez dada a licença a um agrotóxico, ela é permanente, podendo ser alterada somente mediante novo estudo. A multa estipulada, caso o prazo não seja respeitado, é de R$ 10 mil por dia.
Movido pelo Ministério Público Federal, o processo corre desde 2014. Leia AQUI a decisão judicial na íntegra (na nova janela, vá até a aba “Inteiro Teor” e acesse a última decisão, de 03/08/2018).
PL DOS AGROTÓXICOS Os agrotóxicos são prejudiciais tanto a quem aplica o veneno quanto a quem o consome; e se beneficiam deste envenenamento geral da população apenas grandes empresas como Monsanto, Bayer, Syngenta ou Taminco, todas citadas no processo, além dos grandes produtores de soja e outras monoculturas, que usam amplamente venenos em sua produção e lutam contra a proibição destes químicos – e, em consequência, contra a saúde pública.
Recentemente, veio à tona um projeto de lei (PL), em trâmite no Congresso Nacional, que pretende flexibilizar a concessão de registros para agrotóxicos. Em nota, o MPF destaca os riscos desta medida, que “está na contramão da preocupação mundial com o meio ambiente e a saúde”. Pesquisadoras e pesquisadores da Abrasco e da Associação Brasileira de Agroecologia lançaram recentemente um dossiê científico contra o PL, também o condenando.
