En las próximas semanas, será iniciada más una Conferencia de las Partes del Clima de la ONU (COP 28), en Dubái. La conferencia tendrá como enfoque cuatro ejes: la aceleración de la transición energética para reducción de las emisiones de carbono hasta 2030; avanzar en el fortalecimiento de la lucha contra las alteraciones climáticas, cumpliendo promesas antiguas, entre ellas la concretización del fondo climático; colocar la naturaleza, la gente, las vidas y los medios de subsistencia en el centro de la acción climática; marcarse como un espacio de inclusión. Como podemos observar, los desafíos lanzados no fueran pequeños; y más aún si pensamos en las disputas a su alrededor.
Cuanto a la transición energética, la guerra de Ucrania ha acelerado la presión para reducción del uso de combustibles fósiles, a medida que expuso países europeos a un riesgo en el fornecimiento de gas. Frente a eso, países desarrollados empezaron a acelerar inversiones para transición de energía, con estímulos para producción de energía eólica y solar, y el uso de vehículos eléctricos, entre otras medidas. Ocurre que tales tecnologías, consideradas renovables, son responsables por el alza en la demanda de metales como litio, cobre y níquel, los cuales presionan por la profundización de la destrucción del extractivismo mineral en el Sur Global, dando continuidad al colonialismo que ataca la justicia ambiental.
Además, la transición energética, como está siendo pensada, confiere protagonismo a las empresas, especialmente transnacionales, manteniendo la concentración de los medios de producción y no repartiendo el control ni las tecnologías. Muchas empresas del sector petrolífero y mineral han adherido al discurso del cambio climático, adoptando políticas de “pintar la cara de verde” (greenwashing). Un ejemplo es la adhesión a los mecanismos de emisión cero (Net Zero), en los cuales en vez de reducir la producción y emisión de contaminantes, las empresas compensan su cadena productiva contaminadora con créditos de carbono sucios, violentos, contaminantes y que retiran derechos. No por acaso, las empresas Vale S.A y Braskem, infelizmente, estarán en el Espacio Brasil de la COP 28 hablando sobre el tema.
De la misma manera, en la defensa de la organización del mercado de carbono, los gobernadores de los estados brasileños han fundado el Consorcio Brasil Verde en la COP 26, que deberá tener una participación más destacada en la próxima conferencia. Ese Consorcio, que tendrá también paneles en el Espacio Brasil, apunta la necesidad de construir un Mercado Brasileño de Reducción de Emisiones (MBRE) y un estándar nacional de pago por servicios ambientales (PSA). Los gobernadores están también interesados en el Plan de Acción Climática (PAC 2050) lanzado por el gobierno federal, con metas para alcanzar la neutralidad de las emisiones hasta 2050. El Plan describe diversas políticas mitigadoras para sectores de la economía como transporte, energía, agricultura y ganadería, creando oportunidades de negocios para los gobiernos estaduales con la promoción de acciones sobre el clima.
Para la COP 28, se espera también que Brasil se involucre en las discusiones sobre la creación de un Fondo de Pérdidas y Daños, siguiendo el Plan de Implementación de Sharm El-Sheikh de los Acuerdos de París. En 2022, ya elegido, pero todavía no investido, el presidente Lula destacó, en la COP 27, su compromiso con el combate a la deforestación – principal causa de emisiones en el país – vinculado al avance de las políticas de combate a la desigualdad. En el discurso, el presidente evocó el rol de los pueblos indígenas para la preservación en el país. Resta saber si será mantenida esa misma línea de discusión cuando involucre quién accederá a los recursos de tales fondos en Brasil. Se puede destacar que el Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático ha hecho esfuerzos para la creación del Fondo Clima.
Las sequías en la Amazonia y las inundaciones en el Sur de Brasil son desastres socioambientales ejemplificadores de las consecuencias inmediatas de los cambios climáticos. Al analizar sus consecuencias, observamos que los daños se distribuyen de manera desigual entre personas más empobrecidas, mujeres, negras y comunidades rurales y periféricas. En general, los daños climáticos son más graves en comunidades ya vulnerables por contextos de desigualdades sociales y la no garantía de los derechos e inversiones en infraestructura.
Frente a esas desigualdades, al anunciar una COP que pretende ser realmente inclusiva, debe haber un cambio de paradigma para que la centralidad de la Naturaleza, de la gente, de la vida humana, de las deudas históricas y reparaciones estén en el centro de la economía, no como un simple aderezo del mercado. Sabemos que los espacios de la COP han sido cada vez más hegemonizados por la visión de las grandes corporaciones transnacionales y sus falsas viejas soluciones de mercado que son más do lo mismo, y que nos han traído hasta aquí con la economía verde del dólar de la Bolsa de Valores e del rentismo. En vez de conectar las soluciones de los pueblos con la efectuación de los derechos humanos, el acceso y permanencia en la tierra y territorio de pueblos y comunidades; como acción para la protección de los bosques, de las aguas y de las junglas, con su comprobación, ayer y hoy, con los territorios más preservados, las políticas de mitigación están reduciendo las métricas de carbono.
Los movimientos populares y organizaciones de la sociedad civil defienden este profundo repensar de los espacios multilaterales del clima. No podemos seguir construyendo respuestas para las alteraciones climáticas que no enfrentan la raíz del problema, o sea, la manera profundamente desigual como producimos, generamos, circulamos y comercializamos en la sociedad capitalista. Igualmente, es necesario reconocer que la crisis climática no refleja solamente los aspectos físicos del planeta; éste es un abordaje limitado y limitador. En la realidad, la crisis climática se entrelaza a formas históricas de violencia de género, raza, clase y el colonialismo. Hay una deuda histórica de la degradación ambiental en diversos países que no puede ser reducida a políticas mitigadoras ni siquiera a la indemnización financiera por medio de un fondo.
El cambio empieza con una mirada hacia la totalidad de las causas y consecuencias de las alteraciones climáticas. Repensar el rol que determinados actores tendrán en las negociaciones sobre el futuro de la humanidad. En ese sentido, las empresas transnacionales ocupan mucho más el lugar de reo que de protagonista de las soluciones. Movimientos populares, mujeres y representantes de la sociedad civil están cada vez más ausentes de los centros decisorios sobre la gobernanza climática. Las negociaciones siguen regidas por el colador del Norte Global para el Sur Global. Reconocimos que, en los últimos años, las COPs del Clima se están convirtiendo en espacios improductivos, en los que no hay avances concretos en la reducción de la destrucción de la Tierra, justamente por la manera como son organizadas.
¿Y Brasil? Hasta ahora, el gobierno federal sigue la cartilla de la economía verde. Muchos ministerios han trabajado para la regulación del mercado de carbono, especialmente de REDD (Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación forestal), sin realizar estudios sobre los impactos en los estilos de vida de las comunidades. Otras iniciativas, como la bioeconomía, caminan rápidamente en la construcción de políticas públicas. Por otro lado, esfuerzos para titulación de territorios quilombolas, demarcación de tierras indígenas y contra la efectuación de la tesis del marco temporal, avance de las políticas de promoción de la agroecología, andan lentamente.
Mientras la justicia climática, como acción para enfrentamiento de las alteraciones climáticas con centralidad en la promoción de políticas públicas efectivas, justas, inclusivas, con respeto a los derechos humanos y socioambientales, no sea el enfoque de las negociaciones sobre el clima, no habrá reparo para el planeta. Mientras aquellos que destruyen el clima sean los dueños de su gobernanza, seguiremos construyendo acuerdos que nos llevarán al fracaso.
Edição: Thalita Pires
